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¿ONPE APLICÓ LA "OPERACIÓN MORROCOY"?
#EleccionesPerú2026 | La “Operación Morrocoy” o “táctica morrocoy” es un término usado por la oposición venezolana, observadores y medios independientes para describir una práctica denunciada de ralentización deliberada del proceso electoral en centros de votación de zonas mayoritariamente opositoras al chavismo.
El objetivo sería:
1⃣ Retrasar la apertura e instalación de mesas.
2⃣ Reducir el número de mesas o máquinas funcionales en ciertos centros.
3⃣ Crear colas largas y desmotivar al votante opositor para bajar la participación.
4⃣ En contraste, agilizar en zonas chavistas o transportar votantes progobierno.
Este nombre viene de la tortuga “morrocoy” que tiene como característica ser lenta y resistente. Se ha mencionado en elecciones venezolanas como 2012, 2013, 2017, 2021 y especialmente en las presidenciales de 28 de julio de 2024.
📌 Informes de Transparencia Venezuela 2012 y posteriores: Documentan denuncias masivas de retrasos en apertura de mesas, fallas técnicas selectivas y lentitud. No es un “manual” del régimen, sino un compendio de quejas ciudadanas.
📌Reportes de El Nacional, El Mundo, ABC, Carter Center y analistas opositores: Describen el patrón como parte de “ingeniería electoral” junto a otras tácticas (“Operación Remate”, centros con pocas mesas en zonas oficialistas, etc.).
📌Denuncias de líderes como María Corina Machado, Henrique Capriles, Edmundo González y testigos de mesa.
Nadie está diciendo que aquí se copiaron el manual completo. Pero el patrón es inquietantemente similar: fallas logísticas “casuales” que afectan de forma desigual, instituciones que responden tarde y mal, y una narrativa de “fue el contratista” que ya se ha usado antes para eludir responsabilidades.
La RENIEC dejó muertos votando.
La ONPE dejó electores vivos sin votar.
Dos instituciones que deberían garantizar la limpieza del proceso electoral fallaron en lo básico, y en ambos casos la falla beneficia (o al menos no perjudica) al mismo sector político.
No es conspiración. Es un patrón que se repite.
Por eso la reflexión final es dura pero necesaria: si la ONPE no demuestra con actas, contratos y auditorías independientes que todo fue una torpeza inocente, la sospecha de que se aplicó una versión peruana de la táctica venezolana quedará flotando.
Y esa sospecha no se borra con comunicados. Se borra con transparencia total: publicación inmediata de todas las actas por mesa, auditoría externa y sanciones reales a los responsables.
Porque si permitimos que “errores logísticos” se conviertan en la nueva normalidad, mañana no estaremos hablando de mesas que no abrieron… estaremos hablando de elecciones que ya no sirven.
El Perú merece algo mejor. Y lo sabe.


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