Alberto Castilla Salazar

La Defensoría del Pueblo ha acompañado históricamente a las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo, fortaleciendo sus iniciativas de organización y defensa de los derechos humanos en el territorio. También ha visibilizado el sentido de sus luchas y reconoce que estas se han desarrollado en contextos extremadamente hostiles, donde los grupos armados ilegales han vulnerado de manera estructural el principio de distinción. Todo esto se da en un contexto de ausencia de una protección integral y efectiva por parte del Estado. Los grupos, con su poder armado, ejercen presión sobre la población civil para que se alinee con uno u otro actor ilegal. No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil. Así lo han señalado, entre otras instancias, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-546 de 2023 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo que condenó al Estado por los hechos sufridos por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Reafirmamos la legitimidad de las comunidades y organizaciones sociales de la región y respaldamos su exigencia de rectificación al señor presidente de la República por sus recientes declaraciones. El Gobierno debe ser garante de derechos y el primero en respaldar y apoyar la autonomía de las organizaciones frente al poder violento de los grupos no estatales.