Javier Prieto

Una oda a la mediocridad y al conformismo. Pudimos tener un metro de verdad pero lo sabotearon los mismos que hoy celebran esta chambonada que no solucionará los problemas de movilidad de Bogotá por haberse construido como alimentador de un negocio de buses. Feo, insuficiente y hecho a la medida de negocios privados. Guarden este trino porque hoy es impopular decirlo pero en 5 años me darán la razón.

Nuestras gestoras y gestores de diálogo están en territorio para proteger la vida, prevenir la violencia y garantizar derechos.

En el barrio el Remanso I, localidad de Bosa, el alcalde Galán intenta desalojar a 431 familias. ¿Quién está detrás? Propietarios de Transmilenio Dime quién financia tu campaña y te diré para quién gobernarás. No hay progreso sin justicia. Y menos Cuando cientos de NIÑOS pueden terminar en la calle por favorecer intereses particulares. Leamos lo que escribe la compañera “Ana Cristina Muñoz” *El Remanso I: la Bogotá que expulsa a sus pobres* En El Remanso I, barrio de San Bernardino, en la localidad de Bosa en Bogotá, no solo intentan arrasar viviendas. Buscan arrasar la esperanza de más de 400 familias que levantaron su vida sobre un territorio que hoy quieren arrebatarles. Después de catorce años de sueños construidos, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió darles la espalda para ponerse del lado del poder económico. Detrás del desalojo aparece Sotrandes, empresa privada operadora de rutas troncales y zonales del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio. En esta ciudad parece valer más el capital privado que la vida. El desalojo es un acto político de despojo. Revela qué intereses protege realmente la alcaldía. Mientras la propiedad privada recibe todas las garantías, la dignidad humana y el derecho a una vivienda digna son ignorados. Galán y sus funcionarios se lavan las manos en el fallo judicial que reconoció la propiedad privada del terreno. Pero la pregunta persiste: ¿señor alcalde por qué tanta diligencia para defender intereses económicos y tan poca para proteger a quienes habitan el territorio? La respuesta está en el uso selectivo de la ley: implacable con los pobres y complaciente con los poderosos. En El Remanso I, el verdadero drama es desalojar a la fuerza sin ofrecer alternativas dignas y humanas. Detrás de cada casa que quieren destruir hay una familia y un derecho que debe ser reconocido. Lo más doloroso es la frialdad con la que todo ocurre. Funcionarios que dicen “cumplir una sentencia judicial”, empresas que hablan de legalidad y autoridades que reducen la vida humana a un trámite administrativo. Así opera la deshumanización: convertir personas en obstáculos y comunidades enteras en daño colateral aceptable para que avance el negocio. Y mientras tanto, la alcaldía de Bogotá sigue hablando de progreso. Pero no puede llamarse progreso a dejar niños durmiendo en la calle. No puede llamarse desarrollo a destruir comunidades para incrementar ganancias. No puede llamarse justicia a un sistema donde una empresa tiene más garantías que una familia pobre. Nada de esto es casual. Responde a la lógica que atraviesa el mundo: la deshumanización. La misma que le permite al doctor Galán negar un genocidio transmitido en vivo desde Gaza. Porque cuando se aprende a negar la humanidad del otro en lugares remotos, también se vuelve más fácil negarla en el propio territorio. La historia demuestra que la deshumanización siempre precede a la violencia. Hannah Arendt lo advirtió: la maldad se planifica en oficinas, se ejecuta por funcionarios en silencio, se disfraza de legalidad y así nadie se siente culpable. Mientras tanto, cientos de familias bogotanas pierden su hogar. Con Iván Cepeda vamos por una revolución ética que ponga la vivienda digna y la vida de la ciudadanía primero