Juan Manuel Alvarado

Comunicado a la opinión pública.

ATENCIÓN: El proyecto de acto legislativo que busca casi duplicar las transferencias a las entidades territoriales generaría una crisis fiscal, económica y social. Es urgente que el Congreso de la República realice los ajustes necesarios para evitar estas consecuencias negativas.

ANIF advierte sobre el Acto Legislativo N° 18 de 2024, una iniciativa parlamentaria que continúa en trámite en el Congreso. 🚨🚨🚨 Este Acto Legislativo propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Esto generaría: I. Un aumento sustancial en las transferencias (que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes (ICN) de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007) II. Una completa inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento. En la práctica, esta reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano. Para ilustrar el impacto de esta medida, se señala que, si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a 148 billones de pesos, representando una presión adicional de 77 billones frente a los 71 billones programados para este año (22,2% de los ingresos corrientes). De aplicarse esta fórmula, el 95,3% del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: Transferencias del SGP (46,5%), Pago de intereses (25,1%), Pensiones (18,1%) y Vigencias Futuras (6%). Esto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento. Alternativamente, si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal. Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura. Si bien es necesario avanzar en la descentralización, esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal del país. Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional Central. Por estas razones, ANIF considera que el Acto Legislativo 018 de 2024 no debe ser aprobado. ANIF invita a un debate amplio sobre la profundización de la descentralización y la autonomía territorial, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que afectan la sostenibilidad fiscal del país. Es fundamental que cualquier avance en materia de descentralización esté acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, de manera que se fortalezcan las capacidades de los territorios sin comprometer la estabilidad económica nacional. ANIF hace un llamado a que este proceso se realice de manera responsable, asegurando que las reformas propuestas se alineen con los principios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.