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Lo que está pasando con las ONG en México no es un trámite administrativo cualquiera. Es un golpe a la sociedad civil organizada. Cuando el Estado asfixia a organizaciones que acompañan víctimas, promueven amparos para conseguir medicamentos, combaten la corrupción, vigilan al poder y empujan litigios estratégicos, no sólo les quita recursos: le quita a la gente una vía real de defensa frente al abuso, la omisión y la impunidad.
Hay que decirlo con claridad: sin estas organizaciones, México queda más indefenso. Se debilitan los contrapesos, se reduce la vigilancia ciudadana y se lastima a miles de personas que encuentran en ellas la única puerta de acceso a justicia, salud, verdad y reparación. Lo grave no es sólo que las quieran callar; lo grave es lo que perdemos todos cuando desaparecen quienes documentan, litigan, acompañan y exigen cuentas al poder.
Si esta cancelación se vuelve política de Estado, estamos frente a algo mucho más serio que un conflicto fiscal: estamos frente a una estrategia para vaciar el espacio cívico y desmontar la crítica organizada. Un país sin sociedad civil fuerte no es un país más ordenado: es un país más solo, más vulnerable y mucho más cerca del autoritarismo.
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