Hay una medida que en mis años trabajando en el tema nunca he escuchado que nadie pida. Que el Estado pague los gastos de una empresa cuya RCA fue anulada por un tribunal es transferir al contribuyente el riesgo regulatorio que le corresponde al inversionista. Es socializar el riesgo privado con recursos públicos que deberían financiar salud, educación o la propia fiscalización ambiental.” Este mecanismo no protege la inversión legítima: protege la inversión mal evaluada. Los proyectos con RCA bien otorgadas no son anulados por los tribunales. El SBAP demoró 12 años en tramitarse y este gobierno quiere dilatar su funcionamiento en dos años más, y los sitios prioritarios se postergan aún más. Extender cuatro y cinco años los reglamentos del SBAP no es un ajuste técnico. Es la desactivación del Servicio de Biodiversidad durante todo el período presidencial. La Ley 21.600 tomó una década de consenso político. Enterrarla por decreto de plazos es una decisión de país que merece debate, no un inciso transitorio. Es decir malita la reforma. Y no la veo viable. Altamente ideológica. Para que? Para seguir hablándole al 23% de la primera vuelta?
