Lucas Alamán

Con relación a la solicitud de aprehensión y extradición de diversas personas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y con base en el marco constitucional mexicano, en los principios que rigen la cooperación internacional y en la información oficial de la Fiscalía General de la República, señalo categóricamente que en México vivimos en un Estado de derecho. En consecuencia, cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos. La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes. Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, incluyendo aquellas relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas. El Senado de la República sostiene que la cooperación internacional debe basarse en la confianza, la legalidad y el respeto mutuo entre Estados, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones. Que quede claro, México mantiene su disposición para cooperar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional; sin embargo, tal como lo ha sostenido la Fiscalía General de la República, esta cooperación se realizará únicamente a partir de solicitudes formales, legalmente sustentadas y dentro del marco jurídico nacional. Fuera de estos cauces, cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho. En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.