Sebastián retweetet
Sebastián
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Sebastián
@Chive38782000
progresista, anti corrupción, huancaíno ING. mec. electr. Univ. Mac. Córdoba Argentina
Beigetreten Ocak 2020
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@elbuho_pe @kungfucandy5 ¿Y donde está nuestra gloriosa Marina de Guerra?
Ah!....Cortándole el salame a Montesinos 🤬

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Alfonso López Chau revela a @Ojo_Publico q convocaron a varios candidatos para formar una coalición frente al pacto mafioso que quiere anular las elecciones. Entre ellos invitaron a Jorge Nieto, pero desde su partido respondieron con un tajante: "No, gracias". 1/2
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En #Hildebrandt @ensustrece: BALCÁZAR EYECTADO por @mecozam y @shannatl. El presidente de la república fue sometido a una humillación pública perpetrada por su propio gabinete. Es un episodio surrealista aun para los estándares peruanos, pero lo cierto es que el supuesto jefe de las fuerzas armadas cavó su tumba al firmar el decreto que incluyó la compra de los F-16 en la lista de contrataciones declaradas como “secreto militar”. El reportaje en hildebrandtensustrece.com.


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Cuando te sientas triste recuerda que Rafael López Aliaga renunció a ser alcalde de Lima para postular a la presidencia y quedó tercero
#porky

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Tantas guerras en salud, y ninguna necesita un F-16.
El Estado peruano compromete 3,500 millones de dólares en aviones de combate —un tercio del presupuesto anual en salud— mientras su sistema sanitario acumula frentes críticos sin respuesta.
La decisión de del Estado Peruano de comprometer 3,500 millones de dólares —unos 13,125 millones de soles— en 24 cazas F-16 obliga a una pregunta elemental: ¿cuáles son las prioridades reales del país? Ese monto equivale a cerca de un tercio del presupuesto público anual en salud. Es una decisión de asignación de recursos que dice, con más precisión que cualquier discurso, qué considera el Estado que vale la pena financiar.
El debate que ha generado esta compra —sobre su legalidad, su transparencia y el proceso de toma de decisión— es legítimo y necesario. Pero hay otra dimensión que no ha ocupado el espacio que merece: la de un sistema de salud que lleva décadas operando en condiciones de déficit estructural y que, lejos de recibir el impulso que necesita, ve cómo el Estado compromete en una sola operación militar lo que representaría un aumento del 33% en su financiamiento anual.
El sistema de salud peruano es uno de los más precarios de América Latina. Su financiamiento público —3,6% del PBI— está muy por debajo del 6% que la OMS establece como umbral mínimo para una cobertura universal efectiva. Esa brecha no es nueva ni accidental: es el resultado de decisiones sostenidas, durante sucesivos gobiernos y políticas neoliberales, de no priorizar la salud pública.
La pandemia de COVID-19 mostró el costo de esa elección: el Perú registró una de las tasas de mortalidad exceso más altas del mundo. No se trató de una anomalía: fue la expresión de décadas de subinversión en infraestructura, en equipamiento y en capacidad de respuesta. Una vez pasada la emergencia, cabía esperar algún tipo de corrección. No ocurrió. Las condiciones estructurales permanecen y, en algunos aspectos, se han agravado.
El desfinanciamiento no fue corregido tras la pandemia. Fue normalizado.
Hoy ese déficit tiene expresiones concretas y simultáneas: desabastecimiento recurrente de medicamentos, escasez de camas y equipos, déficit de médicos y enfermeras en las regiones más vulnerables. Y hay una señal especialmente grave: el colapso del programa nacional de inmunizaciones. Desde 2025, 89 niños han muerto por tosferina y más de medio centenar han sido afectados por sarampión —enfermedades que el Perú tenía bajo control desde hacía casi cuatro décadas. Su reemergencia no es un accidente epidemiológico: es la consecuencia predecible de un programa de vacunación sin los recursos ni la operatividad necesarios. A esto se suma el recorte al financiamiento de Beca 18, el principal mecanismo para formar profesionales de salud en sectores de bajos ingresos, precisamente cuando el déficit de personal es uno de los problemas más urgentes del sector.
Lo que une todos estos problemas es la ausencia del tema en la agenda política. Durante la última campaña electoral, la salud pública no fue un eje de debate. No hubo propuestas de financiamiento con metas verificables, ni diagnósticos detallados de la situación del primer nivel de atención, ni compromisos sobre cobertura de medicamentos. Que ahora la compra de armamento sí ocupe el debate político no es una paradoja menor. Revela, con claridad incómoda, a quién le habla el Estado cuando decide gastar.
La precariedad del sistema de salud tiene, además, una dimensión económica que raramente se menciona. El gasto de bolsillo en salud —lo que las familias pagan directamente cuando el sistema público no responde— es una de las principales causas de empobrecimiento en el país. Un sistema insuficiente no solo genera consecuencias sanitarias: transfiere el costo de la enfermedad a las personas que menos pueden asumirlo.
Con el costo de los F-16 se podría cerrar la brecha de financiamiento del primer nivel de atención de salud durante años. Esa comparación no es demagogia. Es política pública.
No se trata de negar las responsabilidades del Estado en materia de defensa. Se trata de reconocer que el Perú tiene abiertos múltiples frentes sanitarios —financiamiento insuficiente, desabastecimiento, caída de coberturas vacunales, déficit de personal, infraestructura deiciente y tecnología obsoleta— con soluciones conocidas que requieren inversión sostenida. Para ninguno de esos frentes se necesita un caza supersónico. Se necesita la decisión política de tratarlos como lo que son: una prioridad.
El debate sobre los F-16 pasará. La pregunta sobre qué tipo de Estado y qué tipo de sistema de salud quiere ser el Perú para su población, en cambio, sigue sin responderse.
Artículo original en: linkedin.com/pulse/tantas-g…

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Más de 120 organizaciones en derechos civiles emiten alerta de viaje a EE.UU. para el Mundial 2026 y advierten riesgos a sus derechos humanos
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