Andreas Ruigómez | Subastas
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Ayer hablé con dos altos cargos de una agencia pública estatal relevante. Tramitan decenas de miles de expedientes cada año. El pasado —me dicen— vieron un incremento del 50 %. Este año serán seguramente el doble. ¿Qué está pasando? Una ciudadanía turbopropulsada por la IA abre ahora expedientes que hace un año no habría abierto. La IA reduce la fricción y eso incrementa la demanda. Paradoja de Jevons, se llama. Solicitudes que antes se quedaban sin enviar porque requerían horas de trabajo o asesoramiento experto de terceros, ahora son viables. Para el ciudadano, el coste de recurrir o reclamar se ha dividido entre cinco. Quizá entre diez. Sin embargo, los recursos públicos que al otro lado tramitan los expedientes no se pueden escalar tan fácilmente. — Si son humanos, tienen un coste alto e implican cambios presupuestarios que deben ser aprobados. Pero esto es una solución inelástica. Una respuesta lineal a un problema exponencial. — Si son tecnológicos, enfrentan estrictas políticas de riesgos: el ciudadano puede asistir su solicitud con una IA, pero la Administración no puede cargar el expediente en la nube incierta de un tercero. Hasta que tengamos un mercado maduro europeo de soluciones de IA para la e-Administración conforme con la estricta regulación nacional y europea de seguridad y protección de datos, la Administración solo tiene un camino: correr los modelos de IA en infraestructura propia. La historia reciente debe ponernos sobre aviso: ¿correrá cada autonomía, cada ayuntamiento, cada organismo, a replicar la inversión, los riesgos y los errores en que ya incurrió el de enfrente? Una vez más, nuestro complejo modelo territorial y de Estado nos pone frente al espejo de una realidad tecnológica que necesita soluciones de país. (La elocuente imagen es de @MaIsabel2026: expedientes «sobre ruedas» en un juzgado de instancia).
Mercado inmobiliario español at its finest.
