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EL ARTE DE AUDITAR LA SOSPECHA Cuando la búsqueda de la verdad también cultiva la semilla de la duda. Hay palabras que, al pronunciarse, no solo describen una acción, sino que despliegan un clima. “Auditar” es una de ellas. Su sola invocación no se limita al rigor técnico ni a la sobriedad contable; trae consigo una atmósfera, una insinuación, un gesto de ceja levantada frente al pasado reciente. Auditar no es únicamente revisar cifras: es interrogar la memoria, poner bajo la luz aquello que hasta ayer se daba por legítimo, y someterlo al escrutinio de una nueva mirada. En apariencia, nada más razonable. La probidad es una aspiración ineludible en toda democracia que se respete a sí misma. Transparentar el uso de los recursos públicos no solo es deseable, sino necesario. Sin embargo, bajo esa superficie incuestionable, se desliza una pulsión más profunda, menos confesada: la voluntad de encontrar. No de revisar, sino de hallar; no de esclarecer, sino de revelar una falta, una grieta, una mancha que justifique la sospecha previa. Porque auditar, en su dimensión más humana, no es un acto neutro. Es una búsqueda orientada, una expedición donde el mapa ya sugiere un destino. Se audita con la expectativa —a veces silenciosa, a veces estridente— de que algo emergerá. Y en esa expectativa habita una tensión delicada: la frontera entre la justicia y la caza. La historia democrática reciente ha sabido, en su madurez, evitar esa frontera. Durante décadas, el tránsito entre gobiernos se sostuvo sobre una tácita prudencia: la conciencia de que la estabilidad institucional también se construye sobre ciertos silencios, o al menos, sobre ciertas formas. No por complacencia, sino por una comprensión más amplia del equilibrio democrático, donde la alternancia no implica necesariamente la demolición moral del antecesor. Por eso, cuando la auditoría se anuncia como estandarte político, el gesto no es inocente. Es, al mismo tiempo, una declaración de principios y una insinuación de culpa. Se instala así una narrativa donde el pasado reciente queda bajo sospecha, aun antes de que el primer documento sea revisado. La auditoría deja entonces de ser un instrumento técnico y se convierte en un acto simbólico: un juicio en ciernes, una escena que se prepara incluso antes de que existan pruebas. Y, sin embargo, ¿quién podría oponerse? Nadie sensato rechazaría la transparencia ni la rendición de cuentas. Pero es precisamente en esa imposibilidad de oponerse donde radica su potencia política. La auditoría, en su forma más estratégica, no solo busca esclarecer; busca también instalar una duda que, aun si no encuentra sustento, ya ha cumplido su cometido. Porque la duda, una vez sembrada, tiene una persistencia que la verdad no siempre logra disipar. Si la auditoría no encuentra nada, el daño puede haber sido ya infligido: la sospecha habrá erosionado la confianza, habrá dejado un residuo intangible en la percepción ciudadana. Y si encuentra algo, por mínimo que sea, confirmará la narrativa inicial con una fuerza desproporcionada. Así, la auditoría se mueve en un terreno ambiguo, donde la nobleza del propósito convive con la tentación del juicio anticipado. Es un instrumento necesario, pero también un arma delicada. Su uso exige no solo rigor técnico, sino una ética de la mesura, una conciencia de sus efectos más allá de los balances y los informes. Porque, al final, auditar no es solo buscar la verdad: es también decidir qué tipo de democracia queremos habitar. Una donde la transparencia ilumine sin destruir, o una donde la sospecha, aun infundada, se convierta en un método. Y es que en el fondo, como en toda búsqueda humana, subyace una certeza tan antigua como inquietante: quien busca, inevitablemente, encuentra. Aunque a veces lo que encuentre no sea más que el reflejo de su propia intención. @MisColumnas

AJUSTE FISCAL O AJUSTE DEL RELATO. La reciente circular del Ministerio de Hacienda (ver adjunto), emitida bajo la administración de Jorge Quiroz, pretende instalar con inusual dramatismo la idea de una crisis fiscal inminente. El documento, prolijo en cifras pero selectivo en contexto, construye un relato donde el desorden y la irresponsabilidad parecen haber sido la norma, y donde el ajuste propuesto se presenta como una suerte de acto heroico de salvataje. Sin embargo, un análisis mínimamente riguroso permite advertir que estamos ante algo más sofisticado que un simple programa de austeridad: estamos frente a una narrativa cuidadosamente diseñada. Se nos dice que la deuda bruta ha alcanzado un 42% del PIB, como si aquello constituyera un umbral alarmante. Lo curioso es que se omite deliberadamente que, en términos comparados, Chile sigue exhibiendo una de las posiciones fiscales más sólidas de la OCDE. Países desarrollados operan con niveles de deuda que duplican —o incluso quintuplican— esa cifra, sin que ello implique el colapso de sus economías. Más aún, se pasa por alto que este incremento responde, en gran medida, a shocks extraordinarios como la pandemia y procesos de reconstrucción tras desastres naturales. Convertir esa trayectoria en evidencia de descontrol es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una manipulación. Pero donde la inconsistencia se vuelve evidente es en la arquitectura misma del ajuste. Una rebaja transversal del gasto del 3% —independiente de la naturaleza o sensibilidad del sector— revela una comprensión rudimentaria del rol del Estado. No es lo mismo recortar en áreas críticas como salud o educación que en sectores de menor impacto social. La neutralidad porcentual, lejos de ser técnica, es profundamente regresiva. Se castiga con la misma vara lo que es esencial y lo que es accesorio, como si la política pública fuese un ejercicio contable y no una herramienta de bienestar. A ello se suma una contradicción difícil de soslayar: mientras se invoca urgencia fiscal para justificar recortes inmediatos y permanentes, el mismo gobierno anuncia rebajas tributarias a las grandes corporaciones. La reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23% se presenta como un alineamiento con estándares OCDE, pero omite un detalle crucial: la recaudación efectiva. En Chile, las grandes empresas terminan pagando en torno al 4,5% de sus utilidades, muy por debajo del promedio OCDE cercano al 6,4%. Comparar tasas nominales sin considerar la carga efectiva es, sencillamente, un ejercicio engañoso. La pregunta, entonces, es inevitable: si el problema es la sostenibilidad fiscal, ¿por qué debilitar simultáneamente la principal fuente de ingresos? La respuesta parece menos técnica que política. El ajuste no busca exclusivamente ordenar las cuentas, sino reconfigurar prioridades. Bajo el manto de la austeridad, se desplaza el peso del equilibrio hacia el gasto social, mientras se aliviana la carga sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva. El tono del documento refuerza esta tesis. Se habla de “abusos”, “malas prácticas” y “daño a la institucionalidad” con una generalidad que roza la insinuación más que la evidencia. Se instala la sospecha como criterio de gestión, preparando el terreno para recortes que, de otro modo, serían políticamente difíciles de justificar. En definitiva, más que un ajuste fiscal, estamos ante un ajuste del relato. Se exagera la fragilidad, se omite el contexto y se diseñan medidas que, bajo apariencia técnica, responden a una lógica ideológica clara. El problema no es la necesidad de responsabilidad fiscal —nadie sensato la cuestiona—, sino el uso de esa bandera para impulsar una agenda que, lejos de equilibrar, redistribuye en sentido inverso. Porque cuando la austeridad se aplica con bisturí sobre lo público y con guante de seda sobre lo privado, ya no estamos frente a una política económica: estamos frente a una decisión de poder. @MisColumnas

CARTA ABIERTA DE UNA RANITA A la sociedad que observa, decide… y a veces olvida. Señores todos: No sé exactamente en qué momento mi existencia se volvió un detalle prescindible. Tal vez fue cuando alguien trazó una línea sobre un mapa sin notar que ese trazo cruzaba un hogar. O cuando un bosque dejó de ser un ecosistema para convertirse en “superficie disponible”. O quizás cuando ustedes, con admirable eficiencia, aprendieron a mirar sin ver. Algo tan vuestro al día de hoy. No los culpo del todo. Comprendo que, en medio de sus urgencias —tan legítimas, tan humanas—, lo pequeño tienda a desdibujarse. Después de todo, ¿qué peso puede tener una vida diminuta frente a la promesa de crecimiento, de energía, de progreso? Es una pregunta razonable… si uno acepta, claro, que el valor de las cosas se mide únicamente por su utilidad inmediata. Yo no tengo esa ventaja. No produzco, no consumo, no voto. No figuro en indicadores ni en balances. Mi existencia no mueve mercados ni titulares. Y, sin embargo, he estado aquí mucho antes de que alguien pensara en domesticar el paisaje. He resistido lluvias, sequías, depredadores y silencios. He sobrevivido, incluso, a ustedes. Porque sí, aunque suene incómodo, sobrevivir al ser humano se ha vuelto una forma de resistencia. He visto cómo los lugares que alguna vez fueron refugio se transforman en territorios fragmentados, cómo el murmullo del agua es reemplazado por el zumbido constante de lo que llaman desarrollo. He sentido cómo el aire cambia, cómo el suelo pierde memoria, cómo la vida —esa red invisible que los sostiene también a ustedes— se vuelve cada vez más frágil. Y lo más desconcertante no es la transformación en sí, sino la indiferencia que la acompaña. Esa serenidad con la que algunos aceptan que todo esto es, simplemente, el costo de avanzar. Como si la desaparición de lo irrepetible pudiera amortizarse en cuotas. Permítanme una pequeña ironía: han logrado algo extraordinario. Una especie capaz de: alterar el clima del planeta, rediseñar continentes, extinguir formas de vida, contaminar los océanos y llenar el espacio de basura… y, al mismo tiempo, convencerse de que nada de eso es realmente su problema. Es una hazaña intelectual notable: la de separar el poder de la responsabilidad con una precisión quirúrgica. No cabe duda, son una raza superior. Pero hay algo que quizás no han considerado del todo. Cada vez que una vida como la mía desaparece, no sólo se pierde una especie. Se pierde una historia, una función, un equilibrio. Se pierde, también, una parte de ustedes mismos, aunque no lo perciban de inmediato. Porque no están fuera de este sistema. Nunca lo han estado. No escribo esto desde el reproche —sería inútil—, sino desde una forma más sutil de incomodidad. Esa que aparece cuando uno sospecha que pudo haber hecho algo distinto. Esa que no se resuelve con argumentos, sino con conciencia. A quienes han defendido, protegido, cuidado incluso lo que no conocen, gracias. Han demostrado que la sensibilidad no es debilidad, sino una forma de inteligencia. Han entendido que la grandeza de una sociedad no se mide por lo que conquista, sino por lo que decide no destruir. A los demás —a quienes aún creen que todo esto es exagerado, secundario o simplemente ajeno—, no tengo mucho que ofrecerles salvo una invitación incómoda: intenten imaginar un mundo donde el silencio no sea paz, sino ausencia. Donde lo que hoy consideran insignificante ya no esté, y nadie quede para recordarlo. Tal vez entonces comprendan que nunca se trató de mi, una ranita. Se trataba de ustedes. Con una persistencia que aún resiste, se despide y les saluda Atte., La Ranita de Darwin. Un diminuto anfibio de una especie amenazada de extinción. @MisColumnas

EL SÍNDROME DE LA CAPERUCITA ROJA. (Versión criolla.) En el clásico cuento de Caperucita Roja, la niña entra en la casa de su abuela y, a pesar de todas las señales evidentes de que algo está mal, se deja engañar por el lobo disfrazado. Este relato infantil, al margen de su moraleja original, puede extrapolarse a un fenómeno psicológico y político que bien podría llamarse "El Síndrome de la Caperucita Roja": una situación en la que las personas, dominadas por el sesgo de confirmación, ven lo que quieren ver y no lo que realmente es. También hay una forma particularmente sofisticada de ingenuidad: aquella que se disfraza de sorpresa. En política, esta variante alcanza niveles casi artísticos, sobre todo cuando los hechos —persistentes, reiterados, incluso estridentes— son sistemáticamente ignorados en favor de una narrativa más cómoda, más deseable, más tranquilizadora. El “síndrome de la Caperucita Roja, versión criolla” no es otra cosa que la obstinación voluntaria de no ver. No se trata de falta de información —porque la evidencia estaba ahí, abundante y sin pudor— sino de una decisión deliberada: mirar al lobo y convencerse de que es una abuela. Porque, seamos rigurosos, las señales nunca fueron sutiles. No hubo ambigüedad programática ni giros inesperados. El ideario del Partido Republicano ha sido consistente hasta la terquedad: oposición a políticas redistributivas, resistencia a avances laborales, desconfianza estructural hacia el rol del Estado en lo social. Pretender hoy desconcierto frente a anuncios como el cuestionamiento a las 40 horas, la propuesta a la eliminación de feriados irrenunciables o la reducción de impuestos corporativos entre otros, es un ejercicio de ficción más cercano a la literatura que al análisis político. La sorpresa, entonces, no es ingenuidad: es negación. Más aún cuando los indicios no se limitaban al programa, sino que se extendían con generosidad a las biografías. Los nombramientos ministeriales operaban como un prólogo transparente: vínculos con episodios controvertidos del sector privado como las colusiones, defensas jurídicas de figuras asociadas a la dictadura de Augusto Pinochet, vocerías marcadas por el exabrupto más que por la argumentación. Cada designación era, en sí misma, una declaración de intenciones. Pero, nuevamente, el electorado optó por leer entre líneas… aunque las líneas ya gritaban. El patrón se repite con una precisión casi didáctica: primero se relativizan las señales (“no será tan así”), luego se reinterpretan (“en realidad es estrategia”), y finalmente, cuando la realidad se impone con la delicadeza de un martillo, emerge el desconcierto performativo (“esto no era lo que esperábamos”). Como si el problema fuese el desenlace, y no la lectura previa. En el cuento original, Caperucita formula preguntas evidentes frente a anomalías imposibles de ignorar: los ojos, las orejas, los dientes. En nuestra versión criolla, las preguntas también existieron, pero fueron rápidamente sofocadas por respuestas complacientes. No era un lobo: era “carácter”. No era ideología dura: era “convicción”. No era regresión: era “orden”. Y así, entre eufemismos y autoengaños, se construyó una expectativa que nunca tuvo correlato con la realidad observable. Lo verdaderamente inquietante no es que un gobierno actúe conforme a su doctrina —eso, en cierto rigor, es coherencia—, sino que una parte del electorado finja sorpresa ante esa coherencia. Como si las promesas explícitas, los discursos reiterados y las trayectorias personales fuesen meros accidentes narrativos, y no indicadores predictivos y fiables de lo que vendría. El síndrome, en su versión más depurada, no radica en haber sido engañado, sino en haber querido serlo. Porque las señales, como en todo buen cuento, siempre estuvieron ahí. No ocultas, no cifradas, no encriptadas ni ambiguas. A la vista de todos. El problema nunca fue el lobo. Fue la voluntad obstinada de querer ver a una abuela. @MisColumnas

EL CONCURSO ESTÁ ARREGLADO Hace más de 65 años el escritor norteamericano Charles Van Doren declaró ante el Congreso de Estados Unidos por su implicancia en el amaño del concurso 'Twenty one', que años después inspiró la película 'Quiz show' con el protagonismo del actor Ralph Fiennes. Van Doren reconoció que le pasaban las preguntas, y que en definitiva, el concurso estaba arreglado. Hoy, la UDI nos invita a una nueva ronda de concursos, a la interpelación de los ministros de su propia trinchera, y todo hace pensar que este concurso también está arreglado, y tal como Charles Vandoren en la década de los 50, los ministros Quiroz, Poduje, y luego otros, serán interpelados, pero seguro ya le pasaron las preguntas que aseguran su lucimiento y amplificación de sus medidas con megáfono, sin dejar de lado como parte de su exordio, aumentar el desprestigio del gobierno saliente y todo lo que ello representa. Hay espectáculos que, aun sin proponérselo abiertamente, terminan revelando más de lo que buscan ocultar. La anunciada interpelación de la UDI a los ministros de su propio sector pertenece a esa categoría curiosa: una suerte de fiscalización doméstica que, en lugar de incomodar, parece cuidadosamente diseñada para lucir. Porque convengamos algo desde el inicio: la interpelación, en su esencia republicana, es un instrumento incómodo. Es inquisitiva, tensa, muchas veces ingrata. No está pensada para la comodidad del interpelado, sino para su exposición. Su valor radica precisamente en la asimetría: uno pregunta, el otro responde… y en ese intercambio se cuela la verdad, o al menos sus grietas. Pero aquí ocurre algo distinto. Aquí no hay grietas; hay libreto. Lo que se presenta como un ejercicio de control político comienza a adquirir la estética de un concurso televisivo. No cualquiera, por cierto, sino de aquellos donde el suspenso es apenas decorativo, porque el desenlace ya fue pactado tras bambalinas. La política, siempre tan proclive al simbolismo, parece haber decidido rendir homenaje involuntario a ese viejo formato donde el concursante no sólo conocía las respuestas, sino también el momento exacto en que debía brillar. Así, la interpelación deja de ser un acto de escrutinio para transformarse en una puesta en escena pedagógica: ministros que explican, diputados que “preguntan”, y una audiencia que asiste a una coreografía de certezas previamente consensuadas. El objetivo no es descubrir, sino instalar y amplificar un relato. La coartada es elegante: “transparencia”. La intención declarada, casi noble: informar a la ciudadanía sobre la herencia recibida. Sin embargo, el mecanismo elegido introduce una duda razonable. ¿Desde cuándo la transparencia necesita ensayo general? ¿En qué momento la fiscalización se volvió un ejercicio de confirmación mutua? Hay, en todo esto, una sofisticación que merece atención. No se trata de una torpeza política, sino de algo bastante más elaborado: la apropiación de una herramienta institucional para fines narrativos. Se construye así un relato con apariencia de contradicción, pero sin su sustancia. Una suerte de diálogo sin riesgo, donde la discrepancia ha sido previamente esterilizada. Y, sin embargo, el gesto no es inocuo. Porque cuando los instrumentos de control se convierten en plataformas de validación, el sistema pierde una capa de autenticidad. La política deja de interpelarse a sí misma para comenzar a representarse. Y en ese tránsito, lo que se erosiona no es sólo la credibilidad de un sector, sino la del mecanismo en su conjunto. Quizás lo más fascinante de este episodio no sea su previsibilidad, sino su franqueza involuntaria. Hay algo casi honesto en lo evidente del montaje. Como si la política, cansada de disimular, decidiera por un momento mostrarse tal cual es: una escena cuidadosamente iluminada donde cada actor conoce su papel. El problema, claro, es que el público también aprende. Y cuando aprende demasiado, deja de aplaudir. @MisColumnas

CHILENOS DE 1ª y 2ª CLASE Cuando la ciudadanía tiene fecha de vencimiento. Hay decisiones de política pública que se presentan con la sobriedad de la técnica, pero que en realidad están impregnadas de una filosofía profundamente reveladora. La reciente determinación del gobierno de Kast de eliminar la gratuidad para mayores de 30 años no es sólo una medida administrativa: es una declaración antropológica. Una tesis, si se quiere, sobre cuándo deja de ser legítimo aspirar a más. Porque lo que subyace no es un cálculo presupuestario, sino una delimitación tácita del valor de las trayectorias humanas. Hasta los 29 años, el individuo parece ser considerado una promesa; a los 30, en cambio, deviene en un proyecto cerrado, una inversión de dudoso retorno. Como si la vida, en su complejidad, pudiera ajustarse al cronograma de una planilla Excel o al capricho de un burócrata con vocación de oráculo. El argumento implícito —que ya a cierta edad “no vale la pena”— resulta particularmente irónico en una administración que, con insistencia casi pedagógica, advierte sobre el aumento de la esperanza de vida y la inminente crisis previsional de una sociedad que envejece y donde la tasa de natalidad se restringe cada año, en simple: seremos cada vez menos y más viejos. Se nos recalca que viviremos más, que deberemos trabajar más años, que la jubilación deberá postergarse. Pero, al mismo tiempo, se clausura la posibilidad de reconfigurar el propio destino cuando más sentido tendría hacerlo. Una invitación, en suma, a extender la vida laboral… pero no a mejorarla. La contradicción no es menor. Se exige resiliencia, pero se niegan herramientas. Se predica la autosuficiencia, pero se restringen los medios para alcanzarla. Es el curioso caso de un Estado que, en nombre de la responsabilidad fiscal, decide administrar no sólo los recursos, sino también las expectativas. Más revelador aún es el trasfondo moral que asoma sin demasiado disimulo. La medida parece castigar, con una severidad casi doctrinaria, a quienes no siguieron el itinerario ideal: colegio, universidad, trabajo. Aquellos que, por maternidad o paternidad temprana, precariedad económica o simplemente por las contingencias inevitables de la vida, no pudieron acceder a la educación superior en su momento “correcto”, quedan ahora fuera del perímetro de lo merecido. Como si el tiempo biográfico debiera obedecer a un diseño normativo, y no a la siempre caótica condición humana. El paralelismo extremo —y deliberadamente incómodo— sería sostener que ciertos derechos pierden sentido a medida que avanza la edad. Que, en algún punto, la inversión pública deja de justificarse porque el horizonte vital se acorta. Como si a una persona mayor a 90 años se le negara la salud pública porque al final va a fallecer de todos modos y no le debería quedar mucho de vida. La sola formulación de esa idea resulta “brutal”. Sin embargo, es exactamente esa lógica la que se desliza, con elegancia retórica, en la exclusión de quienes superan un umbral arbitrario. Se configura así una ciudadanía segmentada: los que califican y los que ya no. Los que aún pueden aspirar y los que, según esta silenciosa doctrina, deberían conformarse. No es solo una política educacional; es una pedagogía del límite. Un recordatorio, casi cruel, de que en algún momento el Estado deja de verte como sujeto de desarrollo y comienza a considerarte un caso cerrado, es la configuración de una ciudadanía de primera y otra de segunda. Quizá lo más inquietante no sea la medida en sí, sino la naturalidad con que puede instalarse. Porque cuando una sociedad acepta que el acceso a oportunidades tiene fecha de vencimiento, empieza a transitar, silenciosamente, desde la igualdad de posibilidades hacia la administración de resignaciones. Y en ese tránsito, lo que se pierde no es sólo movilidad social. Es algo más profundo: la convicción de que siempre —incluso tarde, incluso difícil— vale la pena intentarlo. @MisColumnas

DEMOCRACIA EN LIQUIDACIÓN Cada cierto tiempo, las organizaciones hacen lo que la biología recomienda a los sistemas complejos: adaptarse o perecer. Las empresas ajustan sus estructuras, las universidades revisan sus currículos, incluso los mercados expulsan a quienes no logran leer el entorno. Pero la democracia, ese artefacto político que alguna vez fue considerado el pináculo de la racionalidad colectiva, parece operar con un software obsoleto en un hardware radicalmente transformado. El problema no es la democracia como principio, sino su implementación bajo condiciones que han mutado de forma acelerada. El ecosistema que la sostenía, lento, jerárquico y con filtros ha sido reemplazado por un torrente caótico donde la veracidad compite en desventaja frente a la emocionalidad. La irrupción de las redes sociales no sólo democratizó la voz: también democratizó la ignorancia, amplificó la falacia y convirtió la opinión en un sustituto barato del conocimiento. En ese contexto, la figura del líder ha sufrido una mutación inquietante. Ya no se trata del estadista que interpreta la complejidad, sino del ejecutor que capitaliza la simpleza. El ascenso de figuras como Trump, Bolsonaro, Milei o Viktor Orbán no es una anomalía: es la consecuencia lógica de un sistema que premia la visibilidad por sobre la competencia, la estridencia por sobre la prudencia y la certeza impostada por sobre la duda informada. La política, en este nuevo orden, no selecciona a los mejores, sino a los más eficaces en capturar atención. Chile, con su excepcionalidad institucional, ha comenzado a mostrar fisuras. La ilusión de estabilidad convive con una creciente mediocridad en la representación. El sistema funciona —en apariencia—, pero produce resultados que niegan su eficacia. Es, en términos ingenieriles, un sistema que cumple con su proceso, pero falla en su output. El elector, no es un actor pasivo en esta tragedia. La narrativa del ciudadano informado ha sido reemplazada por un consumidor de estímulos, expuesto a sesgos cognitivos, cámaras de eco y algoritmos diseñados para maximizar engagement, no la verdad. Elegir bien requiere información y criterio; elegir mal solo exige impulso. Y el sistema, con precisión quirúrgica, incentiva lo segundo. Pero sería ingenuo detener el análisis ahí. Los partidos políticos, hogares de las ideologías, han devenido en maquinarias electorales cuyo objetivo no es elevar el estándar, sino maximizar probabilidades. Si la evidencia sugiere que un candidato grotesco tiene opciones reales de triunfo, será postulado sin pudor. La lógica es simple: el poder primero, la calidad después —si es que hay un después. Y luego están los medios, ese 4º poder que oscila entre la complicidad y la irrelevancia. Algunos, capturados por intereses; otros, rendidos ante la tiranía del clic. La consecuencia es una esfera pública degradada, donde el escándalo desplaza al argumento y la superficialidad reemplaza al análisis. El resultado de esta ecuación es inquietante: democracias formalmente intactas pero sustantivamente erosionadas. Sistemas que legitiman, mediante el voto, liderazgos que en otras épocas habrían sido totalmente descartados, no por censura, sino por mediocres. La pregunta, entonces, no es si la democracia está en crisis —eso es evidente—, sino si será capaz de reformularse antes de que su propia lógica la destruya. Porque una democracia que no discrimina calidad termina, inevitablemente, administrando su propia decadencia. Y en ese punto, la ironía alcanza su clímax: en nombre de la voluntad popular, podríamos estar institucionalizando la incompetencia. No como excepción, sino como norma. Una democracia donde todos pueden elegir, pero donde cada vez importa menos saber elegir, no es un sistema inclusivo; es un experimento peligrosamente cerca del colapso intelectual. La historia, implacable, ya ha mostrado cómo terminan estos experimentos. La diferencia es que esta vez no podremos alegar ignorancia. @MisColumnas

EL BANQUETE QUE PAGAMOS TODOS La fiesta a la que usted no fue, pero pagó la cuenta, el estacionamiento y la propina. En la obra “El banquete”, de Platón, se reconstruye una cena en la que diversos comensales —de una misma élite— se reúnen para exponer, con franqueza, sus reflexiones sobre el amor en medio de un ambiente animado por música, vino, danzas y poesía. La historia siguiente, es de otro banquete pero también fue por amor, porque sus organizadores todo lo hacen por amor. No olvidemos que fueron los mismos que decían rechazar para reformar, pero con amor. Hay redes que no necesitan declararse: operan por proximidad, por historia compartida, por silencios convenientes. No figuran en organigramas, pero se intuyen en las decisiones. Sofía Jottar —quien estuvo a cargo del evento de celebración del gobierno de José Antonio Kast en la Moneda, palacio que ofició como notable centro de eventos— no es una desconocida en ese ecosistema. Sofía es hermana de Patricio Jottar, histórico CEO de CCU, empresa vinculada al grupo Quiñenco, brazo empresarial del conglomerado Grupo Luksic. El entramado no termina ahí. Durante años, Francisco Pérez Mackenna fue gerente general de Quiñenco y, simultáneamente, director de CCU. Hoy, ocupa nada menos que la Cancillería, como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Antonio Kast. Hasta aquí, alguien podría argumentar que se trata simplemente de un cruce de trayectorias en una élite empresarial relativamente pequeña. No olvidemos que Chile es un país donde los círculos de poder suelen superponerse. Nada nuevo bajo el sol. Pero el problema no está en la cercanía. Está en el estándar. Porque mientras estas conexiones dibujan una red nítida, emerge un dato que no es menor: la empresa de Sofía Jottar habría estado inhabilitada para ser contratada por el Estado por tener deudas previsionales con sus trabajadores. Condición básica, y exigida a todo proveedor del estado. Es decir, una situación que, en teoría, debiese impedirle adjudicarse eventos de esta naturaleza bajo cualquier criterio mínimo de cumplimiento normativo. Y, sin embargo, se adjudica un evento masivo: mil quinientas personas, presencia de mandatarios extranjeros y autoridades internacionales, ministros, subsecretarios, colaboradores, familiares, amigos y cercanos—incluida la Contralora Dorothy Pérez—, y un despliegue logístico de aproximadamente 250 garzones y bar abierto, porque todo evento que se precie de tal, no podría limitar los bebestibles, sería restar el glamour, al final, que no se note pobreza, y menos un gobierno de emergencia. No estamos hablando de un cóctel privado. Estamos hablando de un evento que, por escala, por asistentes y por simbolismo, se ubica en la frontera entre lo privado y lo institucional. Entonces la pregunta no es sólo cómo ocurrió. La pregunta relevante es: ¿qué filtros fallaron? Porque si la inhabilitación existía, el problema es administrativo y eventualmente legal. Si no se verificó, el problema es de negligencia. Y si se verificó y se ignoró, el problema es ético. En cualquiera de los tres escenarios, la conclusión es incómoda. La probidad —esa palabra tan repetida en campaña, tan exigida al adversario— no es un atributo declarativo. Es un sistema de controles, de consistencia, de coherencia entre lo que se exige y lo que se practica. Y aquí, esa coherencia parece diluirse. No se trata de demonizar relaciones personales ni de construir teorías conspirativas. Se trata de algo más básico: reglas que deben ser iguales para todos. Especialmente cuando se trata de recursos, espacios o eventos que orbitan en torno al Estado. Cuando las redes pesan más que las normas, el mercado deja de ser competitivo y la institucionalidad comienza a erosionarse. No de golpe, sino de a poco. Como casi todo lo que realmente importa. Porque al final, más allá de nombres propios, lo que queda es una señal. Y las señales, en política y en negocios, rara vez son inocuas. @MisColumnas

LA REPÚBLICA DEL “YO CREO” La cultura del tincazo. Cuando la ignorancia se disfraza de opinión y el tufillo reemplaza a los datos. Durante siglos la humanidad hizo un esfuerzo monumental para separar dos cosas muy distintas: lo que se sabe y lo que se cree. Fue una tarea ardua. Costó revoluciones científicas, bibliotecas enteras, universidades, y unas cuantas cabezas brillantes dedicadas a demostrar que el mundo no funciona según la intuición del primero que levanta la mano en la plaza. Pero en nuestra época, ese esfuerzo parece estar retrocediendo con una facilidad alarmante. En el debate público ha emergido con fuerza una expresión que resume este retroceso intelectual: “yo creo que…”. La frase se ha convertido en una especie de salvoconducto retórico. Permite opinar sobre cualquier asunto —economía, salud pública, seguridad, energía, cambio climático o política internacional— sin la molestia de informarse previamente. Basta con la convicción íntima, el pálpito, la tincada. El razonamiento queda reducido a una corazonada que se pronuncia con tono solemne. La escena es ya un clásico. El periodista pregunta: —Señor diputado, ¿qué opina sobre este fenómeno económico? Y la respuesta llega sin rubor: —Bueno… yo creo que… Y a continuación se despliega un relato completo, con diagnósticos, causas, consecuencias y hasta soluciones. Todo ello basado en la única evidencia disponible: la creencia personal del entrevistado. En otras palabras, la epistemología del bar. El problema no es que las personas tengan creencias. Eso es inevitable y profundamente humano. El problema aparece cuando la creencia se presenta como conocimiento. Cuando la intuición se disfraza de evidencia y la opinión se hace pasar por análisis. La cultura del “yo creo” transforma el debate público en una feria de opinología donde todos compiten por ver quién suena más convencido, no quién está mejor informado. Los datos, esos ingratos elementos que suelen arruinar buenas narrativas, pasan a ser un accesorio opcional. En este nuevo ecosistema retórico, el argumento ya no necesita evidencia: basta con actitud. El dato duro es reemplazado por el tufillo. Esa percepción vaga que alguien presenta como si fuese un diagnóstico técnico. —Tengo el tufillo de que esto no funciona…”no me tinca”… Y listo. Con ese aroma intelectual se clausura cualquier análisis serio. El tufillo, por supuesto, tiene una ventaja enorme sobre los datos: no puede refutarse. Los números se equivocan, las estadísticas se revisan, los estudios se contrastan. Pero el tufillo es invulnerable. Es la forma más sofisticada de la ignorancia: una ignorancia que además se siente segura de sí misma. Lo verdaderamente curioso es que esta práctica ya no produce vergüenza. Antiguamente, cuando alguien no sabía de un tema, solía decirlo. Era una forma básica de honestidad intelectual. Hoy, en cambio, la ignorancia se expresa con convicción televisiva y gesto grave, como si fuese una fuente legítima de conocimiento. Así hemos llegado a un curioso estadio cultural: la democracia del pálpito. En ella, la evidencia compite en igualdad de condiciones con la intuición; los estudios con la corazonada; y la investigación con la tincada matinal. El experto y el improvisado ocupan el mismo espacio argumental, porque ambos comienzan sus frases de la misma manera: “Yo creo que…” El resultado es un debate público cada vez más liviano, donde las ideas no se contrastan con hechos sino con otras creencias. Un diálogo donde los argumentos flotan como globos sin peso, sostenidos únicamente por la seguridad con que se pronuncian. Y así, mientras la realidad exige datos, análisis y conocimiento, la conversación pública avanza orgullosamente impulsada por el motor intelectual más antiguo de la humanidad: La opinión sin fundamento… pero con mucho tufillo. @MisColumnas Video: La Presidenta del Senado, Paulina Núñez, repite en 45 segundos, 5 veces “yo creo”…y argumenta desde la creencia, sin ningún dato.

LA FALACIA FISCAL DE LA REBAJA TRIBUTARIA 1ª Parte A pocos días de asumir, el nuevo gobierno anunció su intención de reducir la tasa del impuesto corporativo desde el 27% hacia el promedio de la OCDE, cercano al 23%. La justificación parece simple: Chile tendría una carga tributaria superior a la de las economías desarrolladas, lo que —según el relato oficial— estaría frenando la inversión y el crecimiento. El argumento, sin embargo, se derrumba cuando se examinan los datos con rigor económico. La 1ª falacia es comparativa. Los países de la OCDE poseen economías estructuralmente distintas a la chilena. Su PIB per cápita es, en muchos casos, el triple o el cuádruple del de Chile o incluso más. Comparar tasas nominales de impuesto corporativo entre economías con bases productivas tan dispares es conceptualmente incorrecto y tramposo. Un país con ingresos significativamente mayores puede aplicar una tasa menor y aun así recaudar mucho más. La analogía es simple: una persona que gana diez veces más puede pagar una tasa menor y contribuir con un monto muy superior. Lo relevante no es la tasa nominal aislada, sino la base imponible sobre la cual se aplica. Presentar la rebaja al 23% como una “equiparación” con la OCDE es, en rigor, una entelequia. La 2ª falacia se refiere a la carga tributaria efectiva. Aunque Chile tiene una tasa nominal del 27% para grandes empresas bajo el sistema parcialmente integrado, la base imponible está fuertemente erosionada por mecanismos legales de reducción tributaria. En 2023, la renta líquida imponible representó apenas el 38% de las utilidades financieras agregadas, producto de depreciaciones aceleradas, arrastre de pérdidas y diversos beneficios tributarios. El resultado es evidente: la recaudación efectiva proveniente del impuesto corporativo alcanza alrededor del 4,5% del PIB. El promedio ajustado de la OCDE —considerando el tamaño relativo del sector corporativo— se aproxima al 6,4%. Es decir, Chile ya recauda menos que las economías desarrolladas a pesar de tener una tasa nominal mayor. Reducirla ampliaría esa brecha. 3º, el argumento de que la rebaja tributaria se autofinanciará mediante mayor crecimiento carece de respaldo empírico. Esta hipótesis, ha sido refutada reiteradamente. Las reducciones impositivas impulsadas por Reagan en EE.UU., o Thatcher en el Reino Unido no generaron aumentos de recaudación equivalentes al recorte inicial; por el contrario, el resultado fue un incremento persistente del déficit fiscal. La razón es conocida: las elasticidades de inversión frente a los impuestos corporativos son mucho menores de lo que supone el discurso. La cadena prometida —rebaja tributaria, boom inversor, mayor crecimiento y aumento neto de recaudación— simplemente no ocurre a la escala necesaria para compensar la pérdida fiscal. En Latam., además, la comparación regional contradice el diagnóstico oficial. México y Costa Rica —los miembros de la OCDE más comparables geográficamente— mantienen tasas corporativas del 30%. Chile, con 27%, se ubica en una posición intermedia. A ello se suma una característica estructural de la economía chilena: su elevada concentración empresarial. Sectores estratégicos como el retail, la banca, los supermercados o la salud privada están controlados por un número reducido de conglomerados. Reducir el impuesto corporativo en este contexto no equivale a un estímulo general a la actividad productiva. En la práctica, es una transferencia directa hacia un grupo limitado de grandes empresas. La consecuencia fiscal es clara. Menores ingresos tributarios implican menor espacio para financiar políticas públicas o, alternativamente, mayor déficit fiscal. En ambos casos, el ajuste termina trasladándose hacia el gasto público: programas sociales, inversión estatal o servicios esenciales. La evidencia es clara: la rebaja tributaria no constituye una estrategia de crecimiento. Es una decisión de redistribución fiscal. Y sus beneficiarios son evidentes. @MisColumnas

INTERNET A LA VELOCIDAD DE LA LUZ ¿Qué es la tecnología de comunicación óptica en espacio libre FSO? Uno de los grandes desafíos tecnológicos del siglo XXI no es producir más información, sino lograr que esta circule con verdadera universalidad. A pesar del vertiginoso desarrollo de las redes digitales, cerca de un 30% de la humanidad —unos 2.600 millones de personas— permanece aún desconectada o con acceso precario a internet. Esta brecha digital no es simplemente un problema técnico: limita el acceso al conocimiento, restringe oportunidades económicas y amplía desigualdades sociales. En ese contexto emerge una solución tan elegante como ingeniosa: transmitir internet mediante haces de luz láser que viajan a través del aire. Ese es el principio detrás de Taara, un proyecto desarrollado por Alphabet que utiliza una tecnología conocida como comunicación óptica en espacio libre. A diferencia de la fibra óptica tradicional —donde la luz se desplaza confinada dentro de filamentos de vidrio— aquí el medio de transmisión es simplemente la atmósfera. La idea tiene algo de poético: información convertida en luz que atraviesa el cielo entre dos puntos. Pero su funcionamiento es rigurosamente técnico. Dos terminales ópticos, del tamaño aproximado de un semáforo, se instalan a varios kilómetros de distancia. Entre ellos se establece un haz láser extremadamente delgado —apenas del grosor de un lápiz— que transporta datos codificados en pulsos de luz. Esos pulsos representan los tradicionales “unos y ceros” de la información digital. La capacidad de transmisión es notable. Los enlaces actuales alcanzan velocidades cercanas a 20 gigabits por segundo, comparables a muchas redes modernas de fibra óptica. En términos prácticos, esto significa que grandes volúmenes de información —como películas en alta definición— pueden transferirse en sólo segundos. Naturalmente, transmitir datos a través del aire plantea desafíos. La atmósfera es un medio dinámico: turbulencias, polvo, aves o pequeños desplazamientos estructurales pueden desalinear el haz. Para resolverlo, los terminales incorporan espejos móviles y sensores de altísima precisión que corrigen la orientación del láser en milisegundos. Algoritmos predictivos compensan perturbaciones atmosféricas leves y mantienen la conexión estable. Las ventajas de este enfoque son evidentes. Instalar fibra óptica en zonas rurales o geográficamente complejas puede costar miles de dólares por kilómetro y requerir meses de obras. Un enlace óptico aéreo, en cambio, puede desplegarse en pocos días y con costos muy inferiores. Además, cada terminal consume apenas unos 40 watts de energía, lo que permite operarlos incluso con paneles solares en zonas sin red eléctrica. Por esta razón, la tecnología ya se utiliza en distintos países de África, Asia y el Caribe, especialmente en territorios donde la infraestructura tradicional resulta difícil o prohibitiva. En África central, por ejemplo, un enlace láser logró conectar dos ciudades separadas por el río Congo sin necesidad de cables submarinos. Por supuesto, no se trata de una solución universal. La tecnología requiere línea de visión directa entre los terminales, y condiciones climáticas extremas —niebla densa o lluvias intensas— pueden interrumpir el haz. En ciudades con climas complejos, como Santiago o Buenos Aires, probablemente funcionaría como complemento de otras redes más robustas. Aun así, su potencial es considerable. En Latam., millones de personas viven en zonas cordilleranas, rurales o selváticas donde desplegar fibra resulta extremadamente costoso. Allí, un par de terminales ópticos podría crear un puente digital capaz de conectar escuelas, hospitales o centros productivos. La paradoja tecnológica es fascinante: después de décadas enterrando cables bajo océanos y montañas, parte de la conectividad del futuro podría viajar simplemente por el aire. En este caso, literalmente, a la velocidad de la luz. @MisColumnas

LA CONTAMINACIÓN INVISIBLE DE LA ELECTROMOVILIDAD Durante años hemos repetido una frase que suena impecable desde el punto de vista ambiental: el automóvil eléctrico es un vehículo de cero emisiones. Sin embargo, a medida que la discusión madura, comienzan a aparecer matices. Un reciente documental de Deutsche Welle (DW) aborda precisamente una dimensión del problema que rara vez ocupa titulares: la contaminación invisible generada por el desgaste de neumáticos. Aclaremos algo esencial. Los vehículos eléctricos no emiten gases de combustión, lo que representa una ventaja indiscutible frente a los motores de gasolina o diésel. Además, cuando se evalúa el ciclo completo de vida —desde la fabricación hasta la operación— los estudios muestran que los eléctricos tienden a producir menos emisiones de CO₂, sobretodo en países con matrices eléctricas relativamente limpias. Hoy sabemos que cerca del 90% de las partículas finas asociadas al tráfico urbano ya no provienen del tubo de escape. Proceden, más bien, del desgaste de neumáticos, frenos y del propio pavimento. Es lo que los ingenieros denominamos emisiones no exhaustivas: contaminantes que se generan por fricción mecánica y que no dependen del tipo de motor. Aquí aparece un dato físico fundamental. Los automóviles eléctricos suelen ser más pesados que sus equivalentes de combustión. La razón es simple: las baterías, que pueden añadir varios cientos de kilos al vehículo. Desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, más masa implica mayor fuerza de contacto entre neumático y asfalto, mayor fricción y, por lo tanto, mayor desgaste, el que finalmente se transforma en partículas microscópicas. Estimaciones indican que cada neumático puede perder entre uno y dos kilos de material a lo largo de su vida útil. Esto se traduce en millones de toneladas de partículas liberadas cada año globalmente. Muchas terminan convertidas en microplásticos que se dispersan por el aire, los suelos y los sistemas de alcantarillado empujados por las lluvias. El problema no es sólo cuantitativo, sino también químico. Los neumáticos modernos son una compleja mezcla de caucho sintético, polímeros, antioxidantes, y trazas de metales pesados. Cuando estos compuestos se fragmentan en partículas ultrafinas, pueden ser inhalados o incorporarse a los ecosistemas acuáticos. Algunas investigaciones han demostrado que ciertas sustancias provenientes del desgaste de neumáticos resultan letales para especies de peces y otros organismos acuáticos. En humanos, la investigación aún está en desarrollo, pero el consenso es creciente: se trata de una fuente significativa de contaminación. La industria automotriz y la ingeniería urbana ya exploran soluciones. Una línea apunta a rediseñar los neumáticos mediante nuevos compuestos que reduzcan la abrasión o utilicen materiales menos tóxicos. En algunas ciudades europeas se prueban sistemas de filtrado urbano capaces de retener hasta el 97% de las partículas en zonas de alto tráfico. También existen prototipos instalados cerca de las ruedas que aspiran parte del polvo generado por el movimiento. Sin embargo, no existe una regulación clara ni un sistema estandarizado para medir y certificar estas emisiones no exhaustivas. La conclusión es incómoda, pero necesaria. Si el parque automotor continúa evolucionando hacia vehículos cada vez más grandes, potentes y pesados —sean eléctricos o no— el problema del desgaste seguirá creciendo. La verdadera transición ecológica en movilidad probablemente requiera algo más profundo: ciudades con menor dependencia del automóvil privado, transporte público robusto y un rediseño del espacio urbano. En ingeniería solemos decir que todo sistema complejo tiene externalidades ocultas. La movilidad eléctrica representa, sin duda, un avance relevante. Pero comprender sus efectos reales exige mirar más allá del escape, y quizá basar en el peso del vehículo el costo del permiso de circulación y no sólo el año de fabricación. @MisColumnas

MANUAL PARA QUEDARSE La nueva derecha chilena parece haber llegado al poder con una convicción distinta: gobernar es importante, pero dominar el relato es imprescindible. La dictadura de Pinochet no logró perpetuarse en el poder. No por falta de voluntad, sino porque el tiempo, el desgaste y la presión social terminaron por erosionar un régimen que había confundido control con legitimidad. La historia posterior es conocida. La derecha tradicional —UDI, RN y luego Evópoli— entendió la lección. Abandonó la tentación de eternidad política y aceptó las reglas de la democracia. Compitió, perdió, ganó y volvió a perder. Aprendió algo esencial: en democracia el poder no se posee, se arrienda. Incluso cuando uno de los suyos alcanzó la presidencia en dos ocasiones, lo hizo dentro de ese marco. Sin alterar las reglas ni pretender rediseñar el tablero mientras la partida estaba en curso. Fue una derecha que había aprendido a convivir con la alternancia. El Partido Republicano, tras dos intentos fallidos y un tercero finalmente exitoso, parece haber llegado al poder con una tesis distinta. No necesariamente gobernar mejor, sino corregir lo que consideran el error histórico de sus antecesores: haber jugado con excesiva cortesía democrática. Durante años llamaron “derecha cobarde” a la derecha tradicional. Hoy, en apenas días de gobierno, comienzan a mostrar qué querían decir exactamente con esa expresión. La estrategia es clara. No se trata sólo de administrar el Estado, sino de desmontar el relato que lo precede. No tanto de discutir políticas públicas, sino de erosionar el prestigio simbólico de todo lo que huela a progresismo. La auditoría prometida, los reportes diarios sobre una supuesta caja fiscal devastada, las advertencias sobre herencias económicas desastrosas: cada pieza encaja con precisión quirúrgica en un libreto que no parece improvisado. Primero el diagnóstico dramático. Luego la sospecha permanente. Después la judicialización de la política. Vendrán, sin duda alguna, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, formalizaciones y juicios mediáticos donde la condena pública suele llegar bastante antes que cualquier sentencia judicial. Nada de esto es nuevo en la política mundial. La fórmula se ha aplicado en varios rincones del planeta: erosionar al adversario hasta convertirlo en sinónimo de desastre moral, económico y administrativo. Cuando eso ocurre, las elecciones se vuelven un trámite. No porque existan mejores candidatos, sino porque el adversario ya ha sido previamente demolido. En ese escenario, la justicia se vuelve espectáculo, la política un tribunal permanente y la prensa un amplificador disciplinado del escándalo cotidiano. Todo, naturalmente, en nombre de la transparencia. La paradoja es que esta estrategia parece haber aprendido bien la lección de la dictadura: el error no fue querer quedarse, sino no haber sabido cómo hacerlo dentro de las formas del siglo XXI. Hoy el objetivo parece distinto: permanecer, pero con traje democrático. Un proyecto político que no apuesta sólo a cuatro años de gobierno, sino a instalar una atmósfera cultural donde el progresismo no sea simplemente derrotado, sino socialmente desacreditado. La inseguridad, la inmigración descontrolada, el relato de un país que se cae a pedazos y un gobierno de emergencia: todos son ingredientes funcionales a esa narrativa. Quizás por eso, en estos primeros días, todo es una cuidada coreografía. Declaraciones controladas, mensajes disciplinados, comunicación centralizada. Casi como si alguien hubiera desempolvado un viejo principio político que alguna vez se escuchó en Chile: Aquí no se mueve una hoja sin que el poder no lo sepa. Cuando un gobierno comienza su historia más preocupado de construir enemigos que de administrar el presente, conviene prestar atención. Porque gobernar es administrar el poder. Pero dominar el relato —eso lo saben bien los estrategas— es la verdadera forma de quedarse. @MisColumnas

MANUAL DE PROPAGANDA PARA EL SIGLO XXI (VERSIÓN 1939) El nuevo gobierno de José A.Kast descubre el secreto de la comunicación moderna: centralizar, controlar y repetir. Si resulta familiar, no es casualidad. En tiempos en que la política mundial discute sobre algoritmos, inteligencia artificial y comunicación distribuida, el nuevo gobierno chileno parece haber decidido innovar mirando con nostalgia… hacia 1939. El documento interno que circula entre los encargados de prensa —un prolijo instructivo bautizado burocráticamente de “Protocolo de Comunicaciones. Lineamientos para encargados de prensa”— no describe una estrategia comunicacional moderna. Describe, más bien, un manual de disciplina ideológica donde la espontaneidad está prohibida, la diversidad de voces es sospechosa y la palabra pública debe pasar por una sola aduana: la SECOM. El principio rector es simple y contundente: nadie habla sin permiso. “Sin excepciones: toda pauta, entrevista o declaración requiere conocimiento previo de SECOM”. La frase tiene la elegancia conceptual de una orden militar. (Era esperable). Si alguien imaginaba ministros con autonomía política, mejor que vaya ajustando expectativas. El modelo es otro: Ministros convertidos en altavoces cuidadosamente calibrados para repetir una señal central. ¡Oyeron bien! Aquí nadie se manda solo. El decálogo del encargado de prensa podría enseñarse sin modificaciones en cualquier academia de propaganda del siglo pasado. Punto dos: “Solo hablan quienes están autorizados”. Punto ocho: “Ninguna iniciativa ministerial sorprende a Presidencia”. Punto diez: “El off siempre a favor del Gobierno”. No es una coordinación comunicacional; es un régimen de tránsito para la palabra. El sistema funciona con “bajadas comunicacionales diarias”. Tres veces al día los encargados de prensa reciben la línea oficial que luego deberá replicarse con disciplina monástica. Uno imagina la escena: decenas de ministerios aguardando la señal, como estaciones repetidoras esperando la frecuencia central. La pluralidad del gobierno reducida a un coro perfectamente afinado. El Código Enigma queda chico. Porque la consigna es clara: trabajamos para un Presidente y un proyecto. El lucimiento individual —advierte el texto— no construye gobierno. Traducción simultánea: el protagonismo es monopolio presidencial. La estructura jerárquica tampoco deja lugar a dudas. Formalmente la SECOM depende de la Secretaría General de Gobierno. En los hechos, el poder comunicacional gravita en torno al director estratégico de Comunicación y Contenidos de Presidencia, el Villano Favorito: Cristián Valenzuela, el arquitecto del protocolo. Un sistema que no busca diversidad de relato sino uniformidad narrativa con verbos específicos. El objetivo es “emocionar”, “movilizar”, “activar campañas” y, sobre todo, “proteger al gobierno de la desinformación”. Una frase admirable. Sobre todo cuando se entiende que la mejor forma de combatir la desinformación —según este modelo— es impedir que la información circule sin autorización. La prensa, advierte el instructivo, “buscará conflictos, contradicciones e internas”. La solución es elegante: no permitir que existan públicamente. En la práctica, el documento describe un gobierno donde la comunicación se parece sospechosamente a un sistema de control centralizado. Todo pasa por el centro. Todo se coordina. Todo se autoriza. Tal vez el nuevo gobierno cree haber descubierto la fórmula perfecta para la comunicación política: disciplina absoluta, mensajes únicos y control jerárquico del relato. El pequeño detalle es que esa fórmula ya fue probada muchas veces en la historia…y nunca terminó bien. Pero al menos hay algo que reconocer: No todos los días se ve a un gobierno del siglo XXI intentando administrar la conversación pública con un manual que parece escrito entre la 2ª Guerra Mundial y la Guerra Fría. Una innovación histórica, sin duda. Arqueológica, pero histórica al fin y al cabo. @MisColumnas

EL INSTRUCTIVO DE CRISTIÁN VALENZUELA. El documento que define el brazo armado comunicacional del gobierno. La OPE., elaboró un documento interno llamado: Protocolo de Comunicaciones. Lineamientos para encargados de prensa, que INSTRUYE, y ORDENA a los encargados de prensa como deben actuar. Es un sistema muy centralizado e internamente hay dudas sobre su viabilidad. “Sin excepciones: toda pauta, entrevista o declaración requiere conocimiento previo de SECOM”. Lea el texto íntegro de las instrucciones. LA JERARQUÍA COMUNICACIONAL. La Secom, Secretaria de Comunicaciones, está formalmente a cargo de Felipe Costabal y depende jerárquicamente de la Secretaria General de Gobierno, pero en los hechos del director estratégico de Comunicación y Contenidos de Presidencia, Cristián Valenzuela, quien está a cargo de las áreas relacionadas con esa temática. DECÁLOGO DEL ENCARGADO DE PRENSA: 1. Recibir y transmitir la bajada de SECOM antes de cualquier contacto con medios 2. Solo hablan quienes están autorizados. SECOM define quién habla y sobre qué tema. 3. Compartir la agenda semanal al inicio de la semana; actualizar el día previo ante cambios. 4. Sin excepciones: toda pauta, entrevista o declaración requiere conocimiento previo de SECOM. 5. El encargado de prensa es el canal oficial entre el ministerio y SECOM. 6. Cuando el Presidente tiene pauta, ningún ministerio realiza pautas propias en paralelo. 7. Proponer actividades para el Presidente. Presidencia no se entera de pautas propias por los medios. 8. Ninguna iniciativa ministerial sorprende a Presidencia. Primero interno, luego los medios. 9. Trabajamos para un Presidente y un proyecto. No se retiene información ni se compite internamente. 10. El off tiene un propósito y es siempre a favor del Gobierno. Nunca para revelar internas. BAJADAS COMUNICACIONALES DIARIAS: • SECOM envía la bajada con los temas prioritarios del día. • El encargado de prensa la recibe antes de las 8:00 hs – 14:30 – Alerta por Tema. • El ministro es informado antes de cualquier contacto con medios. • Los mensajes clave se replican con consistencia en todas las vocerías. • SECOM define los voceros por tema. No todos los ministros hablan de todo. Coordinación de agendas de prensa: • Agenda semanal: cada ministerio envía su agenda proyectada al inicio de la semana. • Actualización: se informa a SECOM el día previo ante cualquier cambio. • Enlace ministerial: cada ministerio designa un referente de coordinación con SECOM. • No puede haber pauta ni entrevista sin que SECOM lo sepa de antemano. PRESIDENCIA: PRIMACÍA COMUNICACIONAL: • Los ministerios proponen actividades para el Presidente con al menos una semana de anticipación. • Si Presidencia descarta la propuesta, la actividad queda disponible para el ministerio. • Presidencia no puede enterarse de potenciales pautas propias a través de la prensa. • No se esconde la pelota. El que tiene que resaltar es el Presidente. • El lucimiento individual no construye gobierno. El trabajo en equipo sí. Uso responsable del off the record: • El off es una herramienta legítima, pero debe usarse con criterio y propósito. • Siempre a favor del Gobierno. Nunca para revelar internas o diferencias. • La prensa buscará conflictos, contradicciones e internas. La respuesta es coordinación. • Ante intentos de instalar narrativas de división, avisar de inmediato a SECOM. SEIS OBJETIVOS SECOMUNICA se estructura en siete verbos clave que ordenan su trabajo diario y su propósito: escuchar a la ciudadanía, informar con claridad, emocionar con relatos cercanos, movilizar participación, activar campañas y cuidar y proteger al gobierno de la desinformación. SECOMUNICA será el brazo armado comunicacional del Gobierno. Su función central es transformar la estrategia comunicacional en mensajes, campañas y contenidos que conecten con las personas y generen adhesión real en el país a través del Gobierno y sus ministerios. Fuente: ExAnte.

FÁBULA LA REPÚBLICA DEL VALLE Y EL LOBO DE LOS ECOS. En un valle largo y fértil vivía una comunidad de animales que, durante muchos años, había aprendido a gobernarse entre todos. No era un sistema perfecto: a veces el Consejo de los Animales discutía demasiado, otras veces tomaba decisiones torpes, y en más de una ocasión las obras del camino o del canal de agua tardaban más de lo prometido. Pero, con el paso del tiempo, el valle prosperaba. Las madrigueras se hicieron más sólidas, los graneros más abundantes, y muchos animales que antes apenas sobrevivían comenzaron a vivir con cierta holgura. Los castores construyeron represas, los zorros abrieron rutas comerciales, y los búhos fundaron escuelas donde los más jóvenes aprendían a contar las estaciones y leer el vuelo de los vientos. No todos estaban satisfechos, desde luego. Siempre había quien decía que el Consejo hablaba demasiado o que las reglas eran demasiado lentas. Pero aun así, el valle seguía avanzando. Un día comenzó a escucharse una voz nueva. Venía desde los bordes del bosque y se repetía en cada árbol hueco, en cada piedra del río y en cada cueva: — El valle está en ruinas. — Todo ha sido un fracaso. — Los gobernantes han destruido nuestra grandeza. Los ecos se multiplicaban tanto que muchos animales empezaron a creer que algo terrible ocurría, aunque no lograban señalar exactamente qué. Quien difundía esas voces era el Lobo de los Ecos. El lobo no caminaba mucho por el valle, pero tenía una habilidad extraordinaria: sabía susurrar a los cuervos, a los loros y a todos los animales que repetían palabras. Ellos volaban por el valle llevando el mismo mensaje una y otra vez. — El Consejo es débil —decían—. — Los graneros se vacían. — La libertad se ha perdido. Con el tiempo, el ruido se volvió tan fuerte que muchos olvidaron cómo había sido el valle tiempo atrás, cuando las madrigueras eran frágiles y el hambre frecuente. El lobo entonces prometió algo sencillo: — Yo pondré orden. — Reduciré las ayudas a quienes no las merecen. — Liberaré a los viejos lobos que antes gobernaban con mano dura. — Expulsaré a los animales que no pertenecen al valle. — Y les devolveré su verdadera grandeza. Algunos animales se inquietaron. Los búhos, que tenían buena memoria, recordaban épocas en que los lobos gobernaban sin Consejo y las decisiones se tomaban con colmillos. Pero los búhos hablaban bajo, mientras los ecos del lobo resonaban por todas partes. Así llegó el día de la gran votación del valle. Muchos animales eligieron al lobo convencidos de que el valle estaba en decadencia. Otros lo hicieron cansados de discusiones interminables. Y algunos simplemente repitieron lo que habían escuchado tantas veces. El lobo ganó. La noche en que asumió el mando, el viejo búho del campanario reunió a los más jóvenes y les dijo: — Los pueblos rara vez pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de mirar con atención lo que tienen delante y comienzan a creer más en los ecos que en su propia experiencia. Los pequeños animales preguntaron entonces: — ¿Y qué ocurrirá ahora? El búho miró el valle, iluminado por una luna incierta. — Eso depende de si recuerdan que el poder siempre intenta quedarse más tiempo del que promete. Y de si, cuando llegue el momento, todavía quedan caminos abiertos para cambiarlo. Luego guardó silencio y añadió una última advertencia: — Porque cuando los ecos dominan el bosque y el poder se concentra en pocas garras, la libertad puede marcharse sin hacer ruido. Y cuando los animales finalmente notan su ausencia, muchas veces ya es demasiado tarde. MORALEJA: Las sociedades no sólo se equivocan por lo que ignoran, sino por lo que repiten sin pensar. Y cuando la propaganda se mezcla con el poder concentrado, incluso los valles prósperos pueden terminar eligiendo al lobo que les quitará la libertad. @MisColumnas

CULTO A LA FANFARRONERÍA Cómo la pobreza verbal de ciertos líderes terminó convirtiéndose en un estilo político, y en un síntoma de degradación intelectual. Hay épocas que producen estadistas y otras que producen vociferantes. La nuestra, por desgracia, parece fascinada con el fanfarrón: ese personaje que confunde volumen con inteligencia, grosería con autenticidad y exabrupto con valentía. Ya no se exige a ciertos líderes que piensen bien, sino que peguen fuerte; no que argumenten, sino que humillen; no que eleven la conversación pública, sino que la arrastren al barro con la soltura de quien se siente cómodo en él. Javier Milei ha hecho del insulto una identidad verbal. Donald Trump convirtió la pobreza expresiva en una marca registrada. Jair Bolsonaro hizo de la vulgaridad una forma de presencia. Santiago Abascal recurre a una retórica bronca, primaria y binaria, donde el matiz es una amenaza. Y José Antonio Kast, con una cadencia más seca y menos histriónica, exhibe también una precariedad retórica que delata estrechez conceptual: frases planas, ritmo pobre, escasa densidad argumental y una alarmante dificultad para llevar el lenguaje más allá del eslogan. Todos, cada uno a su modo, representan una misma miseria: la del pensamiento reducido a consigna y la política rebajada a arrebato. Schopenhauer desconfiaba de la grandilocuencia hueca y del ruido disfrazado de profundidad. Hannah Arendt insistió en que pensar es indispensable para no abdicar del juicio. Y Jürgen Habermas sostuvo que una democracia sana depende de la fuerza del mejor argumento, no de la fuerza del grito. Esa idea hoy parece arqueología: hemos pasado del argumento mejor al energúmeno más viral. El problema no es estético. No se trata de pedir mandatarios con dicción de actor shakesperiano. Se trata de algo más grave: “hablar mal, de manera persistente, suele evidenciar pensar mal”. El lenguaje no es un adorno del pensamiento; es su arquitectura. Cuando el vocabulario se achica, también se encoge la capacidad de matizar, distinguir, comparar, inferir y comprender. Y cuando eso ocurre en el poder, la sociedad entera degrada sus estándares. El líder tosco no sólo exhibe su pobreza: la vuelve aspiracional. Por eso sus adherentes imitan el método. En redes sociales se ve a diario. Frente a una crítica, no aparece una refutación, sino una jauría. No se discute el contenido: se lanza el agravio. No se rebate una idea: se ensaya una descalificación. El troll es el hijo perfecto de esta época: no argumenta porque no puede; insulta porque le basta. Y como la banalidad digital premia la frase breve, la mueca agresiva y el clip instantáneo, las plataformas terminan siendo menos un espacio de deliberación que una pedagogía de la simplificación. El contraste con los grandes líderes es brutal. Lincoln podía condensar en pocas palabras una visión moral y política del destino común. Churchill comprendía que el idioma también era resistencia, y Mandela no necesitaba rebajarse para convencer, porque su autoridad no provenía del exabrupto, sino de la estatura intelectual. Había en ellos una convicción elemental: gobernar exige pensar, y pensar exige lenguaje. Hoy, en cambio, hemos normalizado al rústico gritón, al bravucón de léxico mínimo, al caudillo que insulta porque no puede elaborar una frase inteligente, que simplifica porque no puede comprender y que atropella porque no puede persuadir. Y una parte del público, agotada o intelectualmente desentrenada, celebra esa indigencia como si fuera franqueza. Qué época más triste: la estupidez ya no se disimula; se vota, se aplaude y se comparte. Sin pensamiento no hay deliberación. Sin deliberación no hay comunidad política. Y sin lenguaje digno, lo que queda no es autenticidad, sino retroceso. La fanfarronería no es una anécdota del estilo: es una enfermedad del espíritu público. Al final, el problema no es que les falte inteligencia, el problema es que les sobra estupidez. @MisColumnas

POLÍTICAS PÚBLICAS & DEMOCRACIA Una realidad dividida por una cordillera. Hay diferencias entre países que no se explican por discursos, ni por ideologías, ni por simpatías políticas. Se explican por décadas de políticas públicas consistentes. Chile y Argentina son un caso casi de laboratorio para observar este fenómeno. En 1950, Argentina tenía una ventaja sanitaria evidente. La expectativa de vida de los argentinos era de 61 años, mientras que en Chile apenas alcanzaba los 54. Argentina vivía más, tenía mejores indicadores de salud y una estructura estatal relativamente más consolidada. 75 años después, el cuadro se invirtió completamente. Hoy la expectativa de vida en Chile supera los 81 años, mientras que en Argentina ronda los 77. Lo verdaderamente interesante no es solo la diferencia actual, sino la velocidad del cambio. En tres cuartos de siglo, Argentina aumentó su expectativa de vida en torno a un 26%. Chile, en cambio, la incrementó en más de un 52%. Dicho de otro modo: por cada año adicional que ganó Argentina, Chile ganó exactamente dos. La brecha no es casual. Refleja trayectorias institucionales distintas y, sobre todo, continuidad en políticas públicas críticas. Las estadísticas sanitarias son particularmente elocuentes. La mortalidad infantil en Chile se ubica hoy cerca de 5 a 6 muertes por cada mil nacidos vivos, una de las tasas más bajas de América Latina. En Argentina, en cambio, las cifras recientes rondan entre 8 y 9 por mil, la peor en los últimos 20 años. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero en epidemiología equivale a mas de dos décadas de políticas sanitarias sostenidas. Lo mismo ocurre con indicadores nutricionales. Diversos estudios muestran que cerca del 10% de los niños argentinos de cinco años presentan retrasos en crecimiento o peso respecto de los estándares internacionales, mientras que en Chile la cifra se mantiene bajo el 1%. No se trata de genética ni de casualidad estadística: es el resultado acumulado de programas de nutrición infantil, control prenatal, vacunación, saneamiento y atención primaria. Incluso los datos antropométricos —como la altura promedio— reflejan procesos de largo plazo. En los años 60’s un argentino medio medía 7 centímetros menos que un holandés promedio (los más altos del mundo), y medía 5 centímetros más que un ciudadano coreano de altura media. Hoy, ese mismo argentino de altura promedio mide 9 centímetros menos que un holandés y medio centímetro menos que el coreano promedio. Este tipo de indicadores son extremadamente sensibles al tiempo. No cambian con un plan económico anual ni con una reforma aislada. Requieren continuidad institucional durante generaciones. Por eso las políticas públicas en áreas como salud, nutrición, saneamiento o infraestructura tienen una característica clave: su interrupción genera daños que tardan décadas en revertirse. Recortar inversión sanitaria, no solo deteriora la atención presente; deteriora el capital biológico de la siguiente generación. Lo mismo ocurre con la obra pública: suspender mantenimiento hoy, implica triplicar el costo de reconstrucción mañana. Los países que logran avanzar en desarrollo humano no lo hacen mediante saltos ideológicos bruscos, sino mediante acumulación institucional. La mejora de indicadores sanitarios, educativos o nutricionales es una función del tiempo y de la persistencia de ciertas políticas. En ese sentido, la distancia actual entre Chile y Argentina no es un fenómeno coyuntural. Es el resultado de trayectorias distintas que se consolidaron durante décadas. La aritmética del desarrollo es implacable: cuando un país interrumpe políticas públicas durante demasiado tiempo, el retraso no se mide en años políticos. Se mide en generaciones. Comparar ambos países es adecuado, porque poseen condiciones epigenéticas similares, y el país vecino hace 36 años nos llevaba ventaja, y hoy, con un gobierno anti estado, enfrenta un presente complejo y un futuro incierto. @MisColumnas

¿QUÉ TIPO DE GOBIERNO SERÁ EL DE KAST? En gestión pública existe una distinción clásica entre tres niveles de conducción: estratégico, táctico y operativo. El nivel estratégico define el rumbo de largo plazo; el táctico traduce ese rumbo en políticas y programas; y el operativo ejecuta las tareas cotidianas del sistema. Los países que progresan no eliminan ninguno de estos niveles, pero sí saben en qué momento histórico deben privilegiar cada uno. La impresión es que el eventual gobierno de Kast se ubicará predominantemente en el nivel operativo, lo que no es un defecto: en momentos de crisis, los gobiernos operativos pueden restaurar orden, disciplina administrativa y control de procesos, que no es necesariamente el caso del Chile actual, por mucho que insistan. La pregunta relevante no es si un gobierno operativo puede funcionar, sino, si es lo que Chile necesita en esta etapa de su desarrollo. La evidencia histórica reciente sugiere que Chile ha alternado entre estos tres planos con resultados desiguales. El gobierno de Lagos fue probablemente el último claramente estratégico: infraestructura concesionada, expansión del Metro, reformas institucionales y una visión de inserción global que redefinió el modelo de desarrollo. Frei Ruiz-Tagle tuvo rasgos estratégicos, especialmente en apertura comercial e infraestructura, aunque combinados con una gestión más táctica. Los gobiernos posteriores han operado mayoritariamente en los planos táctico u operativo. Bachelet administró reformas relevantes, pero su conducción estratégica fue intermitente. Piñera intentó imprimir dirección estratégica, pero la contingencia —desde el estallido social hasta la pandemia— lo empujó hacia la administración operativa. Boric, por su parte, gobernó principalmente en clave táctica: impulsando reformas y negociaciones políticas más que redefiniendo el proyecto de desarrollo del país. El problema es que Chile parece haber agotado su último ciclo estratégico. Durante más de una década el crecimiento económico ha sido bajo para los estándares históricos del país, señal de que el modelo de expansión que impulsó las décadas anteriores comienza a mostrar signos de agotamiento estructural. Cuando un país entra en esa fase, la operación eficiente ya no basta. Las señales aparecen en múltiples sistemas: infraestructura urbana que comienza a saturarse, redes de transporte que crecen más lento que las ciudades, listas de espera en salud o matrices energéticas que deben transformarse para sostener la próxima etapa productiva. Hoy, Chile enfrenta decisiones estratégicas de gran escala: la transición energética, el desarrollo de industrias asociadas al cobre y al litio con mayor valor agregado, la expansión de la infraestructura energética necesaria para nuevas actividades productivas y la incorporación masiva de inteligencia artificial en los procesos económicos. A ello se suma la planificación demográfica y urbana de un país que envejece aceleradamente. Ese tipo de decisiones no pertenece al plano operativo. Son definiciones estratégicas que determinan cómo será el país dentro de veinte años. Un gobierno orientado a la operación puede administrar el presente con eficacia: mejorar la gestión del Estado, ordenar las finanzas públicas, acelerar permisos o fortalecer la seguridad. Todo ello es necesario. Pero la administración eficiente de un modelo que pierde dinamismo no constituye una estrategia de desarrollo. La paradoja es que Chile, parece relativamente cómodo administrando su aparente estancamiento. Seguimos siendo un país emergente razonablemente exitoso, pero que lleva más de una década sin redefinir su proyecto de futuro. Las naciones que alcanzan el desarrollo suelen redefinir su estrategia cada una o dos décadas. Chile parece haber olvidado esa regla básica de planificación. Mientras la política se concentra en la gestión del presente, el diseño del país de los próximos veinte años continúa esperando en algún escritorio vacío. @MisColumnas

EL MITO DE LA DICTADURA EFICIENTE Cada cierto tiempo reaparece en el debate una afirmación repetida pero escasamente examinada: que el progreso de Chile sería consecuencia directa del régimen militar y que la democracia habría heredado un país encaminado al desarrollo. El problema es que cuando se observan los datos con perspectiva, ese relato es falso. Partamos por un indicador decisivo: la pobreza. Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, el 38,6% de los chilenos vivía bajo la línea de pobreza. Hoy esa cifra bordea el 6%, una reducción histórica que ocurrió durante las décadas posteriores al retorno democrático. Los indicadores de salud cuentan una historia similar. A comienzos de los años setenta, la mortalidad infantil superaba los 80 niños por cada mil nacidos vivos. En 1990 todavía era cercana a 16 por mil. Hoy se sitúa alrededor de 6 por mil. La esperanza de vida también muestra el mismo patrón. En 1973 un chileno vivía en promedio unos 63 años. En 1990 la cifra había aumentado a 74 años. Hoy supera los 81,7 años, junto a Canadá, el más alto de toda América. En educación, los cambios son elocuentes. A comienzos de los años setenta el analfabetismo superaba el 11% de la población. En 1990 rondaba el 5%. Hoy se ubica en torno al 1,5%, prácticamente erradicado. La educación superior ofrece otro contraste. En 1973 apenas el 14% de los jóvenes en edad universitaria accedía a estudios superiores. Era un privilegio reservado a una minoría. En 1990 la cifra seguía siendo baja. Hoy el 50% de dichos jóvenes cursa educación superior. La economía muestra una clara evolución. En 1973 el PIB de Chile alcanzaba aproximadamente 17 mil millones de dólares, con un ingreso per cápita cercano a 1.600 dólares. En 1990, cuando terminó el régimen militar, el PIB era de 33 mil millones y el ingreso por habitante apenas superaba los 2.500 dólares. Hoy el PIB del país bordea los 340 mil millones de dólares y el ingreso per cápita bordea los 18 mil dólares. En otras palabras, la riqueza por habitante es más de siete veces mayor que al final de la dictadura. Algo similar ocurre con el Índice de Desarrollo Humano. A comienzos de los años noventa Chile tenía un IDH cercano a 0,71, propio de países de desarrollo medio. Hoy supera 0,878, ubicando al país en el grupo de desarrollo humano más alto junto a Canadá y Estados Unidos. Los cambios también se reflejan en indicadores cotidianos. En 1973 circulaban en Chile 420 mil automóviles, uno por cada 24 habitantes. Hoy existen cerca de 6,7 millones, aproximadamente uno por cada 3 personas. El consumo eléctrico per cápita —uno de los mejores indicadores del desarrollo real de una economía— también es revelador. A comienzos de los años 70’s, Chile consumía menos de 800 kWh por habitante al año. En 1990 la cifra rondaba 1.600 kWh. Hoy supera los 4.300 kWh por persona, más del 2,5 veces el consumo al final del régimen militar y el más alto de Latinoamérica por lejos. Todos estos indicadores muestran un patrón inequívoco. En 1990 Chile seguía siendo un país con alta pobreza, ingreso bajo, acceso limitado a la educación superior, mortalidad infantil significativa y niveles de desarrollo propios de economías en transición. El gran salto en bienestar, consumo, infraestructura, educación y calidad de vida ocurrió principalmente durante las décadas posteriores. Esto no significa negar que algunas reformas económicas iniciadas en los años ochenta hayan tenido influencia en el desarrollo posterior. La historia nunca parte desde cero. Pero otra cosa muy distinta es sostener que el crecimiento chileno fue obra exclusiva de ese período. Los datos dicen que Chile moderno se construyó después de 1990. La historia no son sólo cifras, pero sin ellas no se explica. Y cuando se revisan, los números desmontan un mito: el progreso de Chile no fue el legado de una dictadura, sino el resultado de décadas de crecimiento, estabilidad institucional y políticas públicas desarrolladas en democracia. @MisColumnas