Rodrigo Leyva

El peor silencio no es el de los que callan Es el de los que hablan de cifras cuando deberían hablar de personas

Calderón: uno cada 3 horas Peña Nieto: uno cada hora y media AMLO: uno cada hora Sheinbaum: uno cada 36 minutos El gobierno que más criticó el pasado es el que más lo superó. Lo superó en desaparecidos. Y el viernes lo presentaron en conferencia mañanera. Como gestión. De eso trata mi nueva columna: "La violencia que no se cuenta" La violencia que no se cuenta El viernes 27 de marzo, el gobierno de @Claudiashein presentó en conferencia mañanera un informe sobre personas desaparecidas en México. El dato central: 132 mil personas sin paradero conocido. Se presentó con metodología, gráficas y funcionarios. Se presentó, en otras palabras, como gestión. Como si informar de una tragedia de esa magnitud fuera equivalente a resolverla. Pero detrás del formato hay números que el discurso oficial no junta deliberadamente. En el sexenio de @FelipeCalderon, el que inauguró la llamada guerra contra el narco y que hoy se usa como referencia de todo lo que estuvo mal, desaparecieron 16 mil 903 personas. En el de @EPN , el símbolo del México corrupto y neoliberal que la Cuarta Transformación prometió enterrar, la cifra subió a 32 mil 532. En el sexenio de @lopezobrador_ , el de los abrazos, la transformación y el nuevo humanismo, desaparecieron 53 mil 261 personas. Los números no necesitan adorno: 16 mil, 32 mil, 53 mil. Cada sexenio superó al anterior. Y el ritmo no baja. En el primer año de Claudia Sheinbaum desaparecieron 14 mil 765 personas. Un 16% más que en el último año de su antecesor. Cuarenta personas por día. Una cada treinta y seis minutos. Frente a ese ritmo, el gobierno presume otra cifra: la reducción de homicidios. Y aquí aparece la pregunta que el informe no responde. Organizaciones como Causa en Común han documentado una correlación incómoda: cuando los homicidios bajan en las estadísticas oficiales, las desapariciones suben. Sin cuerpo no hay homicidio. Sin homicidio no hay crisis. Y sin crisis no hay responsabilidad política. No es posible afirmar con certeza que se trata de una manipulación sistemática y deliberada. Lo que sí es posible afirmar, porque los datos lo sostienen, es que separar ambas cifras produce una fotografía falsa de la violencia en México. Un país que registra decenas de miles de desaparecidos y presume reducción de homicidios no está mejorando su seguridad. Está cambiando la forma en que la mide. La violencia real no es solo la que deja cuerpo. Es también la que deja silencio. Detrás de cada uno de esos 132 mil hay una familia que salió a buscar y que el Estado no acompañó. Hay madres que se convirtieron en investigadoras porque las fiscalías no investigaban. Hay buscadoras que fueron asesinadas mientras hacían el trabajo que el gobierno prometió hacer. El informe las menciona como dato. Ellas son la evidencia de que el problema no se administra en conferencia mañanera. El gobierno que más ha criticado el pasado neoliberal es el que más lo ha superado en esta materia. No en retórica. En números. En personas que se fueron y no volvieron. Hay una forma de desaparecer que no requiere violencia directa. Basta con no buscar. Con informar en lugar de resolver. Con presentar cifras como si fueran logros cuando son, en realidad, la medida exacta del fracaso.

132 mil personas desaparecidas en México El gobierno lo presentó ayer con gráficas y metodología Como si informar de una tragedia fuera lo mismo que resolverla Mañana a las 8

Las guerras ajenas no son ajenas Solo llegan disfrazadas Esta vez el disfraz se llama subsidio al IEPS ¿Hasta cuándo aguanta?

El Estrecho de Ormuz sigue bajo control iraní Analistas advierten que si permanece cerrado hasta finales de abril, el Brent podría llegar a $150, superando el récord histórico de 2008 El subsidio corre mientras tanto

El gobierno dice que los precios de la gasolina están bajo control. Técnicamente hoy puede ser cierto. Pero alguien está pagando esa “estabilidad”. Y ese alguien eres tú. 🧵

Hay una ilusión cómoda en creer que las guerras son problema de otros. Esta semana esa ilusión se rompió

El mundo lleva años en guerra en docenas de frentes simultáneos Esta semana el precio de todas esas guerras llegó junto, y más caro que nunca Irán, Ucrania, Sudán, Congo, entre otros Cada conflicto que ignoramos termina en tu tanque de gasolina, en tu despensa, en tu bolsillo De esa conexión nació mi columna de esta semana: "El costo invisible de las guerras ajenas" El costo invisible de las guerras ajenas Hay una ilusión cómoda en creer que las guerras son un problema de otros. Que pasan lejos, que los noticieros y las redes sociales alcanzan para enterarse y seguir adelante. Esta semana esa ilusión se rompió con más fuerza que nunca. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel ejecutan ataques contra Irán bajo la llamada Operación Furia Épica. Ayer se confirmaron ataques a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz mientras Irán respondía con misiles sobre instalaciones israelíes en Dimona. Más de 22 países condenaron el cierre del Estrecho de Ormuz, el corredor por donde transita una quinta parte del petróleo del planeta. El resultado es inmediato. El Brent, referencia global del precio del crudo, acumula más de 60% de alza desde el inicio del conflicto. El gas natural en Europa se disparó más del 23% en un solo día porque Irán atacó las instalaciones de Ras Laffan en Qatar, la mayor planta de procesamiento de gas del mundo. Y los fertilizantes subieron 25% porque Arabia Saudita, Qatar e Irán producen buena parte de los insumos con los que se alimenta el planeta. La Fed mantuvo su tasa y endureció su discurso, es decir, descartó los recortes que las familias y empresas esperaban, porque la guerra dispara la inflación y eso obliga al banco central a mantener el dinero caro. @realDonaldTrump , por su parte, descartó cualquier alto el fuego. Mientras tanto, Ucrania entra en su cuarto año de guerra. Putin @KremlinRussia_E lanza cientos de drones semanales contra civiles. En Sudán, 21 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria como consecuencia de la Guerra Civil. Y en el Congo, el ejército de Ruanda ocupa de facto dos provincias enteras del país vecino, sin que el mundo preste demasiada atención. El mundo no tiene un conflicto. Tiene docenas, activos, simultáneos y crecientes. México no es la excepción, ni es ajeno, aunque a veces lo parezca. Esta semana Hacienda reactivó el subsidio al IEPS para evitar que la gasolina y el diésel subieran en las estaciones. El mecanismo funciona, el gobierno renuncia a cobrar parte del impuesto para que el precio no llegue al consumidor. Pero ese costo alguien lo paga. En 2022, cuando el petróleo también rebasó los $100 dólares por la guerra en Ucrania, ese subsidio le costó al erario $373 mil millones de pesos según el SAT. @Claudiashein asegura que los precios están bajo control. Técnicamente hoy puede ser cierto. La pregunta es hasta cuándo, y a qué costo fiscal, si la guerra se prolonga. Las guerras ajenas no son ajenas. Nunca lo fueron. Solo parecían estarlo mientras el costo llegaba despacio y disfrazado. Esta semana el costo llegó rápido, con nombre propio, y a más de 110 dólares el barril.

Salió a defender a Maduro Salió a hacer colectas para Cuba Pero cuando murieron 14 en su tren y 5 en su refinería, no dijo nada El retiro de @lopezobrador_ no es un retiro Es una selección De eso trata mi nueva columna: “El retiro selectivo” El retiro selectivo Andrés Manuel López Obrador está en "retiro". Eso dice él. Pero ese retiro tiene una geografía muy específica. Desaparece cuando México duele y reaparece cuando una dictadura amiga necesita cobertura. En enero salió a defender a Nicolás Maduro cuando cayó su régimen. En marzo rompió de nuevo el silencio para convocar a los mexicanos a enviar dinero a Cuba, usando una cuenta vinculada al sobrino de su propio padrino político. En ambos casos el tono fue el mismo. Indignación inmediata, lenguaje de causa, urgencia moral. Mientras tanto, en diciembre de 2025 el Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca. Murieron 14 personas. La obra lleva la huella personal de su gobierno y la supervisión de su propio hijo. En marzo de 2026, un incendio provocado por aguas aceitosas en la Refinería Olmeca de Dos Bocas mató a cinco trabajadores, entre ellos una empleada de Pemex. Otro proyecto que presentó al mundo como símbolo de su legado. Para ambas tragedias no hubo ni una sola palabra pública. Sinaloa lleva más de un año en guerra abierta. Los escándalos de corrupción siguen tocando nombres de su círculo más cercano. El país que recibió es más peligroso que el que entregó. Para todo eso, el mismo silencio. Lo que revela ese patrón no es una convicción. Es una fuga. Y lo que revela el régimen que él construyó es igual de grave. Ni la presidenta ni los principales líderes del movimiento son capaces de pronunciar su nombre cuando se habla de las tragedias que llevan su marca. La protección es mutua y el silencio es acordado. Esto no es el retiro de alguien que decide apartarse con dignidad. Es el retiro selectivo de alguien que aún decide cuándo importa aparecer. Para sus aliados ideológicos en el exterior, la solidaridad es inmediata. Para los muertos en sus propias obras, no alcanza ni la decencia de un mensaje. Hay una diferencia entre retirarse de la política y retirarse de la responsabilidad. La primera puede ser una decisión legítima. La segunda tiene otro nombre.

Cada 8 de marzo se marcha por las mujeres. Por las que están, pero sobre todo por las que ya no están. LAS QUE YA NO ESTÁN Hoy es 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. El gobierno hablará de igualdad, de derechos y de avances. Habrá discursos, comunicados y campañas en redes. Pero en México el 8 de marzo también es otra cosa. Es el día en que miles de mujeres salen a marchar por las que ya no están. Porque mientras el poder habla, México sigue contando mujeres asesinadas. Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo desaparecido. El 27 de febrero de 2026 la asesinaron en Mazatlán. Rubí no era criminal. No era política. No era una amenaza para nadie. Era una madre que hacía el trabajo que el Estado mexicano no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos. La mataron en Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la violencia. La mataron mientras la presidenta visitaba el estado. La mataron en un país donde buscar a un hijo desaparecido se ha convertido en una sentencia de muerte. Rubí buscaba a su hijo. El Estado no la protegió. La historia de Rubí no es una excepción. Es parte de un patrón. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron más de 800 feminicidios y alrededor de 2,600 homicidios dolosos de mujeres en México. En total, más de 3,400 mujeres asesinadas en un solo año. Eso equivale a casi diez mujeres asesinadas cada día. Cambia la clasificación. No cambia la muerte. La violencia tampoco termina en el asesinato. Miles de mujeres desaparecen cada año en el país, obligando a sus madres, hermanas e hijas a convertirse en buscadoras. Y cuando las familias buscan a sus desaparecidos, el Estado tampoco está ahí. Frente a esta realidad brutal, el gobierno habla de compromiso con las mujeres. Organiza eventos. Publica campañas. Repite consignas. Pero la estructura institucional que debería protegerlas muestra otra cosa. La llamada Secretaría de las Mujeres, creada para defender sus derechos, ha terminado atrapada en la lógica de la propaganda política. Su titular, Citlalli Hernández, aparece con frecuencia en actos, foros y redes sociales hablando de igualdad y transformación. Pero cuando las mujeres desaparecen, cuando las madres buscadoras son asesinadas y cuando los feminicidios se acumulan, lo que sale de esa secretaría es silencio. Silencio frente a las desaparecidas. Silencio frente a las asesinadas. Silencio frente a las madres que buscan. Una institución creada para proteger a las mujeres no puede limitarse a administrar discursos mientras el país sigue enterrando víctimas. Hoy es 8 de marzo. Miles de mujeres volverán a marchar. Marcharán por las que siguen vivas. Pero sobre todo marcharán por las que faltan. Porque en México buscar justicia puede costar la vida. Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo desaparecido. Y el Estado tampoco pudo protegerla a ella.

@carlosceja118 Sirven para que el Congreso refleje el porcentaje real de votos, no solo quién ganó más distritos. Evitan mayorías artificiales y funcionan como un límite a la concentración del poder

@rodrigoleyva18 Para que sirven los pluris?

Las reformas electorales no deberían nacer del poder Deberían limitarlo Cuando un régimen concentra los tres poderes y además cambia las reglas electorales, la historia ya nos enseñó cómo termina Cómo se Desarma una Democracia La reforma presentada esta semana busca eliminar plurinominales, reducir el Senado, recortar 25% al sistema electoral, debilitar al árbitro y desaparecer el PREP. En términos simples, reducir representación proporcional, recursos y transparencia. No es un ajuste técnico. Es un movimiento de poder. En las democracias sanas, las reglas electorales cambian cuando la oposición exige piso parejo. Aquí sucede lo contrario. El gobierno que ya domina ambas cámaras, controla el Ejecutivo y el Poder Judicial, ahora pretende rediseñar el sistema que debería contenerlo. Cuando los tres poderes responden al mismo centro, modificar las reglas de competencia deja de ser reforma y se convierte en consolidación. El sistema actual tiene fallas. Las listas plurinominales han sido usadas por cúpulas partidistas para premiar lealtades. Pero sustituirlas por esquemas de primeras minorías o segundos lugares no resuelve el problema. Cambia la forma de la distorsión. Cuando solo entran ganadores y segundos lugares, el partido dominante puede operar políticamente para decidir quién queda segundo en distritos estratégicos. La pluralidad deja de ser proporcional y empieza a ser administrada. Lo que se necesita son primarias abiertas, listas transparentes y reglas claras. No menos representación. Si de verdad se quisiera fortalecer la democracia, estaríamos discutiendo segundas vueltas en elecciones ejecutivas para asegurar mayorías reales y reducir la fragmentación artificial del voto a través de partidos satélite. Estaríamos hablando de límites estrictos a la sobrerrepresentación para impedir que una mayoría relativa se convierta en mayoría constitucional automática. De candados que obliguen a negociar antes de modificar la Constitución. Nada de eso está aquí. Reducir el Senado y eliminar representación proporcional facilita mayorías amplificadas. Recortar recursos al INE y a los partidos en un país donde el crimen organizado ya controla territorios completos no fortalece la democracia. La expone. Un árbitro con menos capacidad organiza peor y fiscaliza peor. Y cuando el Estado se debilita, otros ocupan el espacio. Desaparecer el PREP tampoco es un detalle técnico. La noche electoral es un momento delicado. La transparencia temprana construye confianza. Quitarla abre espacio a la incertidumbre y la incertidumbre en México nunca es inocente. Y la regulación de noticias falsas plantea una pregunta que nadie responde con claridad. ¿Quién decide qué es falso? ¿El gobierno? ¿Un árbitro cooptado por el régimen? ¿Una mayoría alineada? Sin contrapesos independientes, regular la verdad termina siendo controlar el discurso público. Las democracias no se rompen de un día para otro. Se desgastan. Primero un contrapeso menos. Luego menos recursos. Luego menos transparencia. México tardó décadas en construir elecciones creíbles. Modificar al mismo tiempo representación, financiamiento y mecanismos de confianza no es una reforma menor. Y cuando el poder ya no necesita negociar para cambiar las reglas, la democracia deja de ser competencia y empieza a ser trámite. La democracia deja de ser democracia, para convertirse en dictadura.

@carlosceja118 No se trata de defender a ningún partido. Precisamente después de esa concentración se construyeron contrapesos para que ningún gobierno vuelva a hacer lo que quiera. Debilitarlos no corrige el pasado, pero si nos puede llevar de regreso

@rodrigoleyva18 Cuando el pri tenia el poder hacían lo que querían cual es la diferencia?

Hoy cayó el capo más poderoso del país. Y México no celebra. México arde. Un Estado Rebasado Hoy 22 de febrero, el gobierno federal confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Lo hizo mediante un escueto comunicado técnico, sin mensaje a la nación y sin la contundencia que exige un hecho de esta magnitud por parte de quien encabeza el Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum no asumió de inmediato el liderazgo público del momento ni marcó la caída del capo como un punto de inflexión histórico. La muerte del criminal más poderoso de México debería simbolizar autoridad recuperada. Pero México no celebra. México arde. Mientras se reportan bloqueos carreteros, vehículos incendiados y amenazas de represalias, autoridades estatales anuncian suspensión de clases para mañana. Bancos y empresas evalúan cierres preventivos. Aerolíneas cancelan vuelos. La reacción del crimen organizado es inmediata, coordinada y brutal. La capacidad del Estado para contenerla, incierta. Y mientras el país arde, la Presidenta se nota lejana y ausente. Desde su gira por Coahuila, Claudia Sheinbaum opta por un comunicado tibio, prometiendo que “el Gabinete de Seguridad se pronunciará mañana”, ¡MAÑANA! como si la caída de uno de los criminales más peligrosos del planeta no mereciera un pronunciamiento inmediato y contundente de quien está al mando del país. No es un trámite administrativo. Es un momento de autoridad nacional. Durante meses, el discurso oficial ha sido claro: “coordinación sí, subordinación no”. Rechazo al intervencionismo. Defensa pública de la soberanía como principio irrenunciable. Pero horas después del operativo, Reuters reporta que un grupo encabezado por militares de Estados Unidos ayudó en la búsqueda del capo. Y esto hay que decirlo sin rodeos, la cooperación internacional no es negativa, al contrario, es altamente necesaria. Frente a organizaciones criminales trasnacionales, la inteligencia compartida y el apoyo estratégico son necesarios y, en muchos casos, indispensables. México no enfrenta un fenómeno doméstico, enfrenta redes globales. Lo que resulta preocupante es la incongruencia entre el discurso y los hechos. Si la asistencia fue determinante, la narrativa de autosuficiencia absoluta queda debilitada. Si no lo fue, el país merece una explicación clara. En ambos casos, la coherencia institucional es fundamental para sostener la confianza pública. Todo esto ocurre bajo una estrategia de seguridad que tiene fecha de origen: 1 de diciembre de 2018. Ese día marcó un parteaguas. Se prometió un nuevo enfoque, “abrazos y no balazos”, como alternativa a la confrontación directa. La violencia no comenzó entonces; viene de décadas atrás. Pero desde ese momento se consolidó una expansión territorial y operativa de los cárteles que hoy resulta inocultable. Con el tiempo, el Estado terminó viéndose cada vez más condicionado por la fuerza de las organizaciones que debía contener. México debería estar concentrado en prepararse para recibir al mundo con el Mundial de Futbol, evento que promete una derrama económica histórica y proyección internacional. Sin embargo, lo que hoy proyectamos es otra imagen: carreteras paralizadas, regiones bajo amenaza y un país que entra en alerta nacional tras la caída de un solo hombre. Abatir al líder no equivale a derrotar al monstruo. Y el monstruo creció frente a todos, con su mayor a la vista de todos.

El sarampión no regresó solo Regresó cuando se debilitó el sistema que lo había erradicado Austeridad enfermiza Durante décadas, México logró eliminar la transmisión endémica del sarampión. No fue casualidad ni suerte demográfica. Fue el resultado de coberturas de vacunación sostenidas por arriba del 95%, campañas constantes y un sistema de prevención que funcionaba. Ese programa nacional de vacunación , construido y perfeccionado a lo largo de gobiernos anteriores que hoy tanto se critican, fue una política pública eficaz. El virus no desapareció por discurso, desapareció porque el Estado cumplió su tarea. En los últimos siete años, ese sistema fue debilitado hasta prácticamente destruir la continuidad operativa que lo sostenía. Bajo la bandera de la austeridad se eliminó el Seguro Popular, se creó y desmanteló el INSABI, se improvisaron transiciones hacia IMSS-Bienestar, se centralizaron compras y se documentaron problemas de abasto. No fue un ajuste fino: fue una demolición institucional sin red de protección. Las cifras lo reflejan. Datos internacionales muestran que la primera dosis contra sarampión ha caído en años recientes a rangos de 70 a 83%, y la segunda dosis incluso cerca del 73% en 2023. Para el sarampión, 80% no es aceptable. El umbral para evitar brotes ronda el 95%. Por debajo de eso, el riesgo no es retórico, es matemático. El sistema de vacunación no es solo una caja de biológicos. Es cadena de frío, brigadas, seguimiento, registro y confianza pública. Cuando se desmontan piezas sin transición ordenada, el deterioro es silencioso, hasta que el virus encuentra el hueco. En 2020 hubo un brote relevante de sarampión. En 2025 y 2026 los casos volvieron a escalar. No porque el virus haya cambiado, sino porque encontró brechas de inmunidad. Durante el COVID vimos cómo la minimización inicial tuvo costos enormes. Hoy, frente al sarampión, el tono vuelve a sonar tranquilizador cuando debería ser movilizador. Ya vimos esta película. Empieza destruyendo lo que funcionaba en nombre de la austeridad y termina pagando un precio que pudo evitarse.

El problema ya no es si el crimen está en la política, sino por dónde entra. Y estas ultimas semanas ha quedado mas claro que nunca. Los últimos tentáculos del poder La violencia política en México ya no es una anomalía. Es un método. Y su punto de entrada más visible no está en el centro del poder, sino en sus últimos tentáculos: los municipios y las diputaciones locales. Ahí, donde el control es cercano y los contrapesos son mínimos, el crimen organizado no solo presiona. Decide. Los hechos se repiten con una claridad incómoda. Alcaldes opositores asesinados para limpiar el camino. Alcaldes que convierten los palacios municipales en oficinas de cobro disfrazadas de reglamentos, multas y permisos. Alcaldes que ponen patrullas, policías y recursos públicos al servicio de intereses criminales, como ocurrió en Tequila, donde el municipio dejó de comportarse como autoridad y empezó a operar como herramienta. Y cuando los alcaldes no se alinean, se vuelven blanco. En Veracruz, el ataque contra el entorno de un alcalde opositor deja un mensaje simple y brutal: intimidar, someter o eliminar. Que después se intente matizar diciendo que no fue dentro de la casa, sino afuera, no cambia nada. Solo confirma que atacar alcaldes ya se volvió parte del mecanismo de control. La captura no se queda en los ayuntamientos. En Sinaloa, la semana pasada, dos diputados locales fueron atacados a balazos. Uno de ellos sigue entre la vida y la muerte. Todo esto en un estado que lleva más de un año en guerra abierta. En ese contexto, durante los festejos del aniversario de la Constitución, al gobernador Rubén Rocha Moya le preguntaron su opinión sobre la detención del alcalde de Tequila. Respondió de forma reveladora: “No sé lo de Sinaloa, menos lo de Jalisco”. No fue sarcasmo. Fue una admisión. Un gobernador que dice no saber lo que pasa mientras balean a diputados locales no está evadiendo. Está confesando desgobierno. El contraste aparece arriba. Frente al caso de Tequila, la presidenta, en la conferencia mañanera, repitió varias veces que la detención fue “por denuncias”. No como dato, sino como insistencia. Como si alguien tuviera que escuchar, y creer, que no fue una orden suya. Nadie se lo estaba pidiendo. Nadie la estaba acusando en ese momento. Y aun así sintió la necesidad de aclararlo una y otra vez. Cuando el poder se explica solo, no informa. Se deslinda. México no enfrenta hechos aislados. Enfrenta un sistema donde el crimen entra por abajo, se consolida en lo local y desde arriba se administra con silencios, minimizaciones y explicaciones innecesarias. Cuando el poder central se esfuerza más en decir “no fui yo” que en cortar los tentáculos locales de la captura criminal, el problema deja de ser solo de seguridad. Es de régimen.

Cuando la extorsión deja de esconderse y empieza a operar con sellos, trámites y tarifas oficiales, se convierte en política pública No es extorsión, es política municipal El gobierno dice que combate la delincuencia y la extorsión. Lo repite con insistencia, como si bastara con decirlo. Pero en la práctica, la extorsión no solo persiste, la extorsión crece, se adapta y encuentra nuevas formas de sobrevivir. En algunos lugares, incluso, deja de ser un delito clandestino y pasa a operar desde el propio gobierno. Iguala, Guerrero, es uno de esos casos. Ahí, bajo la actual administración municipal, prácticas que antes se denunciaban como abusos hoy se sostienen en trámites, permisos y cobros oficiales. Según fuentes consultadas y transportistas que cruzan regularmente la región, vehículos de carga con placas vigentes y documentación en regla son detenidos por agentes de tránsito municipal. No por una infracción clara ni por una falta específica. Simplemente por circular con placas de otros estados. El mensaje es directo, puedes estar en regla y aun así no puedes pasar. El procedimiento que relatan los transportistas resulta tan absurdo como peligroso. Antes de entrar al municipio se les ordena detenerse, dejar su unidad y su carga estacionadas y trasladarse en taxi hasta el Palacio Municipal para realizar un trámite. Luego deben regresar para continuar su ruta. Esto implica dejar camiones y mercancía sin resguardo, en un contexto de inseguridad que nadie desconoce, particularmente en las carreteras de Guerrero. Aun así, hay agentes que ofrecen “ayudar” con el traslado, integrando el trámite a un circuito controlado por la propia autoridad. No se trata de casos aislados. Documentos oficiales del Ayuntamiento de Iguala confirman la existencia de cuotas para expedir permisos para circular en áreas denominadas restringidas, que en la práctica abarcan casi todo el municipio. Las tarifas van desde poco más de $500 por un día hasta casi $9,000 por un permiso anual, dependiendo del tipo de vehículo. Los permisos existen en el papel, con cuentas bancarias oficiales y conceptos de cobro definidos, pero según fuentes consultadas no se otorgan de manera regular, lo que obliga a quienes transitan con frecuencia a pagar una y otra vez para poder operar. Aquí la extorsión no se esconde. Se administra como un trámite más. El impacto también alcanza al comercio local. Comerciantes de la central de abasto señalan cobros mensuales por permisos para operar, con montos que van entre los $12,000 y los $20,000 por local, bajo amenaza de clausura. Este cobro no reemplaza la extorsión del crimen organizado. Se suma a ella. Los pequeños negocios terminan pagando dos veces y muchos ya no pueden sostenerse. Transportistas consultados coinciden en que este tipo de condicionamientos no forma parte de la operación normal en la mayoría de las rutas del país. Aquí no se está ordenando el tránsito. Se está condicionando el derecho a trabajar. Cuando la extorsión se convierte en trámite administrativo, el gobierno deja de combatirla y pasa a institucionalizarla. Esa es una responsabilidad política directa.