Lilian

Posdata 1 A menos de un mes del relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las primeras pruebas para el nuevo canciller, @r_velascoa, ya está sobre la mesa y tiene que ver con uno de los contratos más relevantes de la dependencia: la emisión del pasaporte mexicano electrónico. Se trata de la licitación internacional LA-05-613-005000999-T-48-2026 para los “Servicios Integrales de Apoyo para la Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico”, un proceso que ya arrastra cuestionamientos luego de que una primera convocatoria se declarara desierta, pese a que, según participantes del sector, existían propuestas técnicamente viables. El tamaño del contrato se estima en alrededor de 4 mil millones de pesos. Las alertas están puestas en los criterios de evaluación incluidos en la nueva convocatoria. Fuentes cercanas al proceso aseguran que varios de los requisitos y la asignación de puntos fueron diseñados con características tan específicas que favorecerían de origen a un solo competidor. Todas las miradas apuntan a Veridos México, filial de la alemana especializada en soluciones de identidad y documentos oficiales, que actualmente opera en el mercado mexicano. Dentro de la cancillería, los nombres que mencionan distintos actores del proceso son los de Daniel Barrera, responsable de definir requerimientos técnicos desde el área administrativa, y Esteban Gutiérrez Fernández, a quien señalan como operador interno del contrato. El ruido no termina ahí. También se reporta una reconfiguración del equipo operativo vinculado al proyecto, con salidas de funcionarios que conocían la operación del contrato y la mecánica del servicio. El riesgo no es menor. Cualquier falla en una contratación de este tamaño impacta directamente la expedición de pasaportes dentro y fuera del país, además del costo político que implicaría un señalamiento de favoritismo o direccionamiento en una de las primeras decisiones relevantes de la nueva gestión en Relaciones Exteriores. Este viernes a las 10 de la mañana se lleva a cabo la junta de aclaraciones. Ahí se sabrá si la @SRE_mx corrige dudas legítimas de los participantes y garantiza piso parejo, o si mantiene condiciones que alimenten la sospecha de un proceso con destinatario definido. Para el nuevo canciller es una prueba temprana de transparencia y combate a la corrupción.

Irán tras Rocha Moya La presidenta @Claudiashein ya habría dado la instrucción de avanzar en las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, @rochamoya_, así como contra su círculo político más cercano, en una operación que busca anticiparse a los movimientos del gobierno de Estados Unidos. Los nombres prioritarios, de acuerdo con fuentes del gabinete, son Rocha Moya; su ahijado político y alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador @EnriqueInzunzaC; y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega. También están bajo escrutinio de la @FGRMexico los otros seis personajes señalados en los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la prioridad inmediata estaría concentrada en esos primeros cuatro. El cálculo en Palacio Nacional es que de no indiciarlos, el costo sería mucho mayor. Todo esto ocurre dentro del plazo que tendría Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de los imputados y mientras la Presidenta mantiene públicamente su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas. Ese discurso, que hacia afuera se presenta como una defensa de la soberanía y del debido proceso, hacia adentro busca ganar tiempo para decidir qué hacer con una bomba mediática, política y reputacional que amenaza no solo a su administración, sino a todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La evaluación del gobierno es que procesar a @rochamoya_ y a sus colaboradores en México, con medidas cautelares severas como la prisión preventiva, sería políticamente mucho menos costoso que expulsarlos o extraditarlos a Estados Unidos para que sean juzgados allá. En una corte estadounidense, cualquiera de los implicados podría terminar revelando información sobre los vínculos entre el narcotráfico y los políticos mexicanos. Mucho peor aún sería esperar a que Washington “haga el trabajo”, como lo advirtió esta semana el presidente @realDonaldTrump, y vengan por él o se lleve a cabo una intervención aérea o terrestre de las fuerzas armadas estadounidenses. En el gobierno mexicano existe preocupación real de que el caso Rocha no sea un episodio aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia. Rocha Moya es apenas el primero de una lista de, por lo menos, una veintena de gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios mexicanos bajo investigación de agencias estadounidenses por sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El temor en Palacio es que, si Estados Unidos empieza a exhibir expedientes de manera escalonada, el daño político se vuelva inmanejable rumbo a las elecciones del próximo año. El tiempo apremia porque cualquier movimiento de Estados Unidos, ya sea una solicitud formal de extradición, nuevas imputaciones o incluso revelaciones selectivas, podría generar una crisis de gobernabilidad y golpear, aún más, la confianza de los inversionistas. En Palacio Nacional saben que el discurso público debe ser de unidad y la soberanía. La convocatoria de este jueves con legisladores y miembros del gabinete apuntó en esa dirección. Pero internamente la operación es completamente distinta. Hay muy pocos interlocutores con credibilidad y canales abiertos con Washington, todos en el gabinete de seguridad. @OHarfuch, Ricardo Trevilla @Defensamx1 y @AlmiranteSrio son quienes encabezan esa interlocución y la estrategia de contención frente a una crisis que ya rebasó el terreno político. Al mismo tiempo, @PartidoMorenaMx comenzó a ajustar su propia narrativa. La instrucción a voceros y cuadros relevantes es no defender a Rocha Moya, no meter las manos al fuego por él y evitar cualquier posicionamiento que comprometa al movimiento. La línea es dejar que las autoridades investiguen y repetir que serán las instancias competentes las que determinen responsabilidades. En otras palabras, empezar a preparar el terreno para una eventual ruptura política con el exgobernador sinaloense. (1/2) Sigue… 👇🏼