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Una ministra que sabía que una productora estaba vendiendo cerca de 200.000 entradas para conciertos cuya autorización aún dependía de su ministerio no puede permanecer en su cargo. Si existía la posibilidad de que el permiso no fuera otorgado, debió advertir esa situación de manera oportuna, tanto a la productora como a la ciudadanía y a las instituciones involucradas, antes de que miles de personas compraran sus entradas.
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