Daniel Roth
1.7K posts
¡Diplomacia hipócrita! El gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia con el argumento de “injerencia” en asuntos internos del presidente @petrogustavo. Pero no hace lo mismo con los diplomáticos de EEUU. Israel, Unión Europea, Argentina y varios países gobernados por derechistas sumisos a Trump que apoyan la represión al pueblo boliviano.
El eslogan “Bolivia en el mundo, el mundo en Bolivia”, es otra mentira del gobierno y una prueba de su sometimiento al imperialismo y la derecha genocida internacional.
Español
El gobierno tiene pasado y presente de narcovínculos. Los narcotraficantes Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, financiaron al padre del actual presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora; a las tías de Rodrigo Paz: Edith y Rosario Paz Zamora; a Oscar Eid Franco y otros altos dirigentes miristas.
Esa información no es una acusación sin pruebas como las del vocero gubernamental en contra del pueblo indignado que protesta en las calles y caminos.
Los narcovínculos del “Clan Paz” y los miristas, se encuentran en el libro: "Vinculación de dirigentes del MIR con el narcotráfico” -Imprenta Artes Gráficas Latina- que, el 10 de junio de 1994, presentó el entonces diputado del MBL Juan del Granado, de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial.
Solicito a la prensa leer ese libro y publicar los escandalosos vínculos con el narcotráfico de la familia del actual presidente boliviano; y pido a Juan del Granado que, como hombre y político de ideas progresistas y legalistas, no calle lo que investigó a los Paz y miristas.
El gobierno no tiene moral para acusar de narcotráfico a otros porque los narcos están dentro de él. En los últimos seis meses se registraron narcoescándalos como las avionetas que salieron de Bolivia a la Argentina, Brasil y Paraguay con toneladas de cocaína; la droga transportada en maderas desde Santa Cruz a puertos chilenos, las narcomaletas que entraron por Viru Viru, la marihuana líquida que ingresó, en un avión militar boliviano (TAB), desde EEUU a Viru Viru; y otros casos más.
En libro informe-dictamen a la Cámara de Diputados, Del Granado -actual asambleísta del partido de Samuel Doria Medina que apoya al gobierno de Rodrigo Paz- sostiene que hubo una “relación de convivencia y financiamiento” entre el narcotráfico y altos dirigentes miristas y que no se trataba de encuentros fortuitos, sino de una estructura de protección gubernamental a cambio del narco-dinero para el MIR.
Del Granado presentó el registro de cientos de llamadas telefónicas entre las oficinas y domicilios de los principales dirigentes del MIR y las haciendas del narco Oso Chavarría.
Reveló fotografías de los miristas con los narcotraficantes, compartiendo fiestas y parrilladas.
Varias haciendas de Chavarría fueron utilizadas como casas de seguridad para reuniones políticas donde se decidían asuntos de Estado y del partido.
Se registraron testimonios sobre el uso de vehículos y avionetas de Chavarría para el transporte de dirigentes durante las campañas electorales del MIR.
En el libro de Juan del Granado, el narco Carmelo "Meco" Domínguez admitió que Chavarría era el financiador del MIR con los excedentes económicos del narcotráfico.
Español
El gobierno de Rodrigo Paz rearmó todo el aparato represor de la golpista Jeanine Añez y sus ministros Arturo Murillo y Fernando López. Nombró como viceministros al Gral. Rodolfo Montero Torrico y Wilson Santamaría, participantes de las masacres de alteños y cochabambinos en Senkata y Sacaba el 2019.
Los grupos civiles irregulares, Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y Resistencia Juvenil Cochala (RJC), ya empezaron a atacar al pueblo que protesta. Pese al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno no los desarticuló sino hizo todo los contrario: los rearticuló para que operen ilegal y abusivamente contra los ciudadanos.
El GIEI definió a la RJC como un grupo que ejerció violencia armada y paramilitar, durante el golpe de 2019, utilizando motocicletas, explosivos caseros y bates para atacar a personas identificadas con el MAS o de origen indígena y campesino.
Lo más grave es que el GIEI encontró pruebas de la colaboración y coordinación entre ese grupo delincuencial y la policía de Jeanine Añez para actuar impunemente.
Por esa razón, el GIEI en su Recomendación 10 demandó al Estado boliviano: "Desarticular y desmantelar a grupos armados paraestatales y grupos de choque que actuaron durante la crisis, como la Resistencia Juvenil Cochala.”
Ahora, el gobierno de Paz no sólo tiene a los represores del gobierno de facto de Añez y los grupos civiles irregulares sino a jefes militares bolivianos que recibieron en sus cuarteles al Comando Sur de EEUU. ¿Fueron capacitados para reprimir al pueblo?
Español
La actitud intolerante y la reacción violenta de supuestos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista son inaceptables. No puede volver la violencia ni la intolerancia contra quienes piensan distinto.
(1/3)
Español
Denuncio ante el mundo y @CIDH, que el presidente de Bolivia nombró como Viceministro de Seguridad Ciudadana al Gral. Rodolfo Montero Torrico, que fue comandante de la policía boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata, entre noviembre y diciembre de 2019, con un saldo de 22 muertos y 200 heridos.
Seguramente esa designación tiene el objetivo de ejecutar operativos de represión al pueblo boliviano que está protestando en las calles y caminos contra el gobierno autoritario de Rodrigo Paz.
Es necesario recordar que en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH-OEA, del 23 de julio del 2021, el Gral. Montero fue señalado como uno de los responsables de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, habiendo sido imputado y detenido en septiembre de 2021.
El Gral. Montero es mencionado en las páginas: 158, 240, 245, 256, 258, 372 y 375 del Informe GIEI-CIDH.
La policía y las FFAA, durante el régimen de Añez, reprimieron al pueblo amparándose en el Decreto Supremo 407 -conocido como el Decreto de la Muerte- que liberó de responsabilidad penal a los masacradores.
El informe del GIEI calificó los hechos en Senkata y Sacaba como masacres con ejecuciones extrajudiciales y responsabilizó de eso a la estructura de mando policial y militar que dirigió los operativos.
Español
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal (Ley 1970) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes porque estos, de acuerdo al derecho procesal penal boliviano, tienen el objetivo de cuestionar la validez de un proceso y la vulneración de derechos fundamentales como el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia; además de corregir vicios procesales o solicitar la extinción de la acción.
Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia.
No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia. Nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en varias sentencias que la falta de resolución de incidentes constituye una lesión al derecho a la defensa. Por consiguiente: los jueces tienen la obligación de pronunciarse de manera fundamentada antes de continuar con las etapas de un juicio oral. El proceso no debe continuar si no tiene una base legal sólida y libre de vicios.
La SCP 0039/2010-R, señala: "Cuando se plantea un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, el juzgador debe resolver el mismo con prioridad a cualquier otra actuación, debido a que su objeto es precisamente sanear el proceso de vicios que puedan afectar su validez. Permitir la prosecución arbitraria de un juicio con incidentes pendientes de resolución equivale a admitir la posibilidad de que toda la actividad jurisdiccional posterior sea nula, afectando los principios de eficacia y economía procesal.”
La SCP 0218/2012, dice: "El juez o tribunal, como directores del proceso, tienen la obligación de resolver los incidentes y excepciones de manera fundamentada y congruente, antes de proferir sentencia o continuar con actos que impliquen la restricción de derechos, pues la omisión de resolución de un incidente de actividad procesal defectuosa constituye una vulneración al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa y a una justicia pronta y cumplida."
La SCP 1013/2014, remarca: "En el juicio oral, las excepciones e incidentes deben ser tratados en el orden establecido por la norma procesal penal, es decir, con carácter previo a la recepción de la prueba y al debate sobre el fondo. La resolución de estos incidentes es de 'previo y especial pronunciamiento', lo que significa que el tribunal no puede entrar a considerar la culpabilidad o inocencia del imputado si antes no ha definido las cuestiones incidentales que cuestionan la legalidad del procedimiento mismo."
Y en base al Artículo 169 del Código de Procedimiento Penal sobre Defectos Absolutos, la jurisprudencia determina:
"La inobservancia de las formas sustanciales que garantizan el derecho a la defensa, como es la falta de resolución de un incidente que denuncia la vulneración de derechos fundamentales, constituye un defecto absoluto que no es susceptible de convalidación. Por tanto, cualquier acto posterior a dicha omisión carece de valor legal."
Español
@evoespueblo De acuerdo a un juez, tenés orden de aprehensión y arraigo! Sabes lo que hiciste, se llama E.S.T.U.P.R.O. sabes que significa? Tener relaciones sexuales con menores de edad, porque en tu "cultura" y más en tu mente enferma, eso significa fuente de juventud. Negatelo 👀
Español
Hoy damos inicio a nuestro gran Ampliado Nacional de nuestro Instrumento Político Evo Pueblo, en un momento muy difícil para Bolivia: crisis energética, crisis económica, persecución a dirigentes sociales y un pueblo movilizado frente a un gobierno que pretende entregar nuestros recursos naturales y someter al país a los fondos buitres y las privatizaciones.
Desde las organizaciones sociales y junto a las delegaciones hermanas que llegaron de todos los departamentos, debatiremos propuestas y alternativas para defender la economía del pueblo, la soberanía y la dignidad de nuestra patria.
Solo el pueblo organizado salvará al pueblo.
Español
