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El “Servicio Universal de Salud” de @Claudiashein es una farsa. Comparto las preocupaciones que expuse al Secretario de Salud en reunión -No hay inversión para atender a 48 millones sin seguridad social -El IMSS y el ISSSTE se saturarán aún más, afectando a sus usuarios 👇 1. El decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud, publicado la tarde de este viernes 17 de abril, no garantiza atención real, no aclara quién pagará los servicios ni define cómo operará la compensación financiera entre instituciones. 2. Hoy, el IMSS atiende a más de 53 millones de personas y el ISSSTE a cerca de 9 millones. A ello se sumarían casi 48 millones de personas sin afiliación, pero sin recursos adicionales para atenderlas. La presión sobre la infraestructura sería inevitable: el ISSSTE cuenta con 1.6 camas por cada mil personas y Pemex con 5.2, mientras que IMSS-Bienestar apenas dispone de 1 cama por cada mil personas, pese a atender a una población mucho mayor. Esta supuesta “universalidad” solo provocará mayor saturación en las instituciones públicas sostenidas con el dinero de los trabajadores. 3. Este sistema universal no aparece ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa Sectorial de Salud de su gobierno y, al igual que la “Megafarmacia” y las “Farmacias del Bienestar”, es otra burla hacia los mexicanos. 4. Aunque el decreto del Ejecutivo plantea que el Servicio Universal de Salud coordinará a las instituciones públicas federales de salud, las leyes del IMSS, del ISSSTE y de Pemex siguen reservando la atención médica a sus derechohabientes; por eso, un decreto presidencial no puede por sí solo ampliar la atención a más personas ni modificar el financiamiento de esas instituciones, porque se trata de materias que solo pueden cambiarse por ley y corresponden al Congreso. 5. El gobierno anunció una credencial, prometió portabilidad y habló de universalidad, pero sigue sin responder la pregunta más básica: quién va a pagar y cómo. El mayor riesgo es que las instituciones con mejor infraestructura, especialmente el IMSS, terminen absorbiendo la demanda de un sistema que hoy ni siquiera puede atender con suficiencia a su propia población derechohabiente. 6. El decreto presidencial es claro: las instituciones deberán cubrir, con sus presupuestos autorizados, los adeudos derivados del intercambio de servicios. Es decir, no habrá recursos adicionales. En ese contexto, es evidente que el IMSS-Bienestar no podrá ofrecer los mismos paquetes de servicios que las instituciones de seguridad social, por lo que la población seguirá buscando atención en el IMSS, el ISSSTE y Pemex. 7. Si el gobierno obliga al IMSS, al ISSSTE y a Pemex a atender a población no asegurada sin ampliar de manera sustancial la inversión pública, terminará usando recursos provenientes de las cuotas obrero-patronales y de la infraestructura de las instituciones de seguridad social. Esto implicaría mayores tiempos de espera, menor disponibilidad de especialistas y un deterioro adicional en la calidad de la atención. 8. En su primera etapa, a partir del 1 de enero de 2027, se plantea priorizar la atención de urgencias, embarazos de alto riesgo, código infarto, código cerebro y la vacunación universal; es decir, servicios que la ley ya reconoce como básicos y que, por tanto, deberían garantizarse de manera gratuita para cualquier persona, sin necesidad de establecer un mecanismo de intercambio de servicios que volverá más complejo su financiamiento. 9. Está claro que la credencialización no tiene razón de ser para acceder a un servicio básico de salud; su finalidad es política. En cambio, para otro tipo de intervenciones médicas, el decreto carece de claridad y deja su operación sujeta a la firma de un convenio de compensación que no cuenta con una fuente de financiamiento. 10. Estamos frente a un anuncio construido más con fines políticos de cara a las elecciones de 2027 que para corregir las carencias del sistema de salud. Por ello, el levantamiento de datos, la credencialización, la operación territorial y los 3 mil 500 millones de pesos quedaron en manos de la Secretaría de Bienestar y de los llamados “Siervos de la Nación”, en lugar de concentrarse en la Secretaría de Salud.El resultado ya se vio en los primeros días del registro de adultos mayores: caídas del sistema, desorganización total y baja afluencia en algunos módulos por la falta de claridad en su operación. 11. Además, la propuesta introduce una nueva desigualdad territorial para los mexicanos. El modelo está diseñado alrededor del IMSS-Bienestar y su operación será solo en las 24 entidades que aceptaron ese esquema, dejando fuera a estados como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro o Chihuahua, pese a que en los últimos años han atendido con sus propios recursos a población que no les corresponde, proveniente de entidades afiliadas al IMSS-Bienestar e incluso del IMSS y del ISSSTE. Por ello, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PAN exigirá al gobierno federal: • que reconozca que cualquier modificación a los derechos de la derechohabiencia y al régimen de servicios del IMSS, del ISSSTE y Pemex requiere una reforma legal aprobada por el Congreso; • que garantice que las cuotas obrero-patronales no serán utilizadas para financiar la atención de la población no asegurada, ni se pongan en riesgo otras prestaciones como guarderías y pensiones; • que presente una ruta presupuestaria seria para ampliar la cobertura de la población sin seguridad social, sin deteriorar los servicios de salud existentes; • que deje de sustituir la política pública de salud por propaganda electorera.