Comando Jay

#Atención La @Registraduria está usando un crimen para asustar a quien denuncia fallas del sistema electoral. La @Registradur Nacional publicó en su cuenta oficial un video con la frase: “Cuando se habla de fraude, sin pruebas, las consecuencias pueden ser reales y muy graves. No repitamos la historia.” Lo ilustra con imágenes del incendio de la Registraduría de Gamarra del 28 de octubre de 2023, en el que murió incinerada la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal. El problema es que esa narrativa es diferente a lo que decide una sentencia ejecutoriada que cualquiera puede leer. El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal (Rad. 20011-60-00000-2024-00011-01, M.P. Edwar Enrique Martínez Pérez), confirmó el 6 de agosto de 2025 la condena a 60 años de prisión, y fijó como hecho probado que todo ocurrió por la marcha que ese día se realizó “en protesta por la inhabilidad del candidato Fernando Márquez del partido En Marcha”. Ni la @FiscaliaCol , ni el juez, ni la segunda instancia, mencionaron jamás como móvil, denuncias sobre el software de escrutinio o fraude electoral. El móvil judicialmente declarado fue la inconformidad con una decisión de inhabilidad. Asociar visualmente ese crimen con quien denuncia fallas del sistema electoral es construir un nexo causal que la Justicia descartó, pero lo hacen para silenciar la libre expresión. Eso es desinformación, y proviene del organismo cuestionado, del que desacata órdenes del @consejodeestado Además, esto es una falta de respeto a la memoria de Duperly Arévalo Carrascal, que murió cumpliendo su deber. A Rosenda Contreras Bueno, hoy en estado vegetativo. A Ofelia Patricia Castro Roca, gravemente quemada. Sus tragedias señor @Registraduria no son material publicitario para silenciar el debate público. Y esto es una falta de respeto a los electores colombianos, a quienes se pretende disuadir, mediante el miedo, de cuestionar al organismo que organiza sus elecciones. Esto compromete responsabilidades en cuatro planos: Disciplinario. El artículo 266 de la Constitución y la Ley 1952 de 2019 imponen al Registrador Nacional deberes reforzados de imparcialidad y veracidad. Atribuir un crimen a quien denuncia fallas del organismo vulnera el deber funcional de información veraz del artículo 20 C.P. y configura, prima facie, falta gravísima. Electoral. En campaña presidencial 2026, usar recursos institucionales y cuentas oficiales para asociar la crítica al organismo con violencia homicida quebranta la neutralidad que la Constitución exige a la organización electoral (Ley 996 de 2005, art. 38). Constitucional y convencional. La Corte IDH en Tristán Donoso vs. Panamá y Kimel vs. Argentina protege reforzadamente las críticas a instituciones públicas con base fáctica razonable. Le recuerdo al Registrador, que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00 de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate) documentó manipulación del software en 1.412 mesas, exclusión de 230.000 votos y anuló tres curules. En 2022 también hay registros judiciales de anomalías o manipulaciones como dejar en cero los votos en Risaralda. Asociar esas denuncias con un crimen ajeno produce el efecto disuasor prohibido por el artículo 13 de la Convención Americana. El artículo 355 del Código Penal sanciona difundir información engañosa capaz de ocasionar pánico colectivo. Sugerir institucionalmente que cuestionar al sistema electoral conduce a homicidios encaja en ese tipo. Exigimos a la Registraduría Nacional: Primero. Retiro inmediato del video y respeto por las víctimas del crimen de Gamarra, cuya memoria no puede instrumentalizarse para una causa ajena a la que las hirió. Segundo. Rectificación pública en la misma cuenta, con igual alcance, que aclare que la sentencia atribuyó el crimen a la protesta por la inhabilidad de un candidato, no a denuncias electorales. Denunciaremos ante las autoridades este abuso con las víctimas y el atropello a la libre expresión

Mientras Petro decía que estaba escribiendo su libro en Manta, inteligencia ecuatoriana detectó movimientos extraños, según Código Vidrio. 🔗👇 trib.al/tXqGdMk

#Atención La candidata Paloma Valencia denunció un plan para atentar contra su vida. “La información que tenemos es que es el frente 42 de las disidencias de las Farc, con un sujeto llamado ‘Buche Tula’ que le pagaron 2.000 millones de pesos para que me asesine”, dijo. #VocesySonidos

Vean colombianos lo que publica @Primicias del Ecuador sobre "la choza humilde" en la que se quedó Petro perdido por tres días en Manta - Ecuador. ¿Muy inspirador el lugar para escribir libros @petrogustavo?