Jose Iturbide

Alcaldía Tlalpan informa.

La reforma para topar las megapensiones puede sonar popular, pero trae un veneno jurídico muy serio: pretende aplicar nuevas reglas a pensiones ya reconocidas. Y ahí está el problema. No se trata de defender privilegios absurdos; se trata de entender que el Estado no puede cambiar, por mayoría y de un plumazo, derechos adquiridos ya consolidados, sin dinamitar la seguridad jurídica. Si una pensión nació de un régimen válido, de un convenio firme o incluso de una sentencia, recortarla después no es austeridad: es retroactividad en perjuicio de los gobernados. El mensaje es gravísimo: hoy te cambian la jubilación que ya habías ganado; mañana, cualquier otro derecho. Así no se corrigen excesos: así se rompe la confianza en la ley y en la palabra del propio Estado. México necesita acabar con abusos, sí. Pero hacerlo pisoteando derechos adquiridos puede convertir una reforma popular en una bomba legal de proporciones enormes: amparos masivos, litigios interminables y una factura institucional mucho más cara que el supuesto ahorro.