🌞PomarTojo

Los españoles ya saben que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, aprovechó su posición de privilegio para, con el máximo sigilo: -Lograr un patrocinio de 40.000€/año de Air Europa, rescatada por el Gobierno de su marido. -Reunirse en plenas negociaciones para el rescate de Plus Ultra con Javier Hidalgo y Víctor de Aldama (juzgado por delitos de corrupción en el Supremo) en las oficinas de Globalia (24 de junio y 16 de julio de 2020). -Negociar en Moncloa una Cátedra en la Universidad Complutense a la que ningún otro ciudadano con idéntica formación o experiencia habría tenido derecho. -Recomendar a un organismo el Gobierno de su marido (Red.es) que adjudicara contratos a un empresario amigo (Barrabés). Recibió más de 10 millones. -Lograr patrocinios anuales para su Cátedra de empresas como Caixabank (15.000€) y Reale (15.000€), sometidas a una regulación extrema por parte del Gobierno. -Inflar el número de alumnos de su máster con presiones a grandes corporaciones (Iberdrola, Prisa, Cepsa...) y empresas públicas (Correos, Red Eléctrica Española...) para que matricularan a directivos. -Conseguir que Google, Telefónica e Indra (dos de ellas controladas por el Gobierno de su marido) le regalaran más de 300.000€ en horas de trabajo y recursos para la elaboración de un software. -Registrar a su nombre la marca del software y crear una Sociedad Limitada para explotarlo comercialmente. -Usar a una empleada pública de Moncloa, pagada con dinero de los contribuyentes, para pedir dinero a empresas privadas y realizar tareas otras tareas que solo redundaban en beneficio personal de Begoña Gómez. No hay controversia sobre ninguno de estos episodios. Cualquiera de ellos, por separado, sería suficiente para provocar la dimisión de un Gobierno realmente democrático. Peinado no es el problema, sino la excusa. El Tribunal Superior de Justicia tumbó por unanimidad dos querellas por prevaricación contra el juez. La Justicia tampoco debería ser el foco de la conversación, dictamine lo que dictamine. Ni siquiera un archivo o una absolución puede borrar los hechos. El verdadero problema del Gobierno de Pedro Sánchez es la realidad y que se hable de ella.