Lo que está haciendo la @CorteSupremaJ es muy peligroso. En la tradición del derecho agrario colombiano, el régimen de tierras y la adjudicación de baldíos de la nación ha estado en cabeza de las autoridades de tierras (INCORA, INCODER, ANT). Trasladar esa potestad a sede judicial no solo haría imposible su administración, sino que representa un cambio regresivo en la política de reforma agraria, cerrando las puertas a la redistribución de la tierra y al cumplimiento mismo de la Constitución del 91. El establecimiento está, en la práctica, anulando el papel transformador de la Jurisdicción Agraria y Rural, convirtiendo la iniciativa en un papel muerto. Es una contrarreforma agraria del nivel del Pacto de Chicoral, en la que una vez más los terratenientes y latifundistas acuerdan frenar e impedir cumplirle a los campesinos/as del país. La Corte Suprema de Justicia está abriéndole la puerta a la derecha, a la constelación del latifundio y negándose a sí misma como garante del derecho que tienen los campesinos al acceso progresivo sobre la tierra. Eso amplificará la violencia y los conflictos sociales en el campo, y engendrará una nueva ola de alzamientos, aupando a despojadores y grandes tenedores a apropiarse de los fundos rurales.
