Alicia Molina

Caso Gatica: veredicto contra Claudio Crespo revive cuestionamientos a una Ley Nain-Retamal acusada de favorecer impunidad. La lectura del veredicto en el caso de Gustavo Gatica volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad policial durante el estallido social y el rol que ha jugado la Ley Nain-Retamal en la protección judicial de funcionarios armados. El tribunal acreditó la responsabilidad del ex carabinero Claudio Crespo quien disparó los perdigones que dejaron completamente ciego a Gatica en noviembre de 2019, uno de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en ese período. Aunque el fallo fue visto por muchos como un reconocimiento tardío de la responsabilidad de Crespo, las críticas apuntaron rápidamente al escenario político y judicial que hoy rodea este tipo de causas. Diversas organizaciones han denunciado que la Ley Nain-Retamal fortaleció una especie de blindaje legal para Carabineros, instalando una presunción que favorece el uso de armas por parte de funcionarios incluso en procedimientos donde existen víctimas civiles gravemente heridas o fallecidas. A juicio de abogados y agrupaciones de derechos humanos, desde la entrada en vigencia de esta ley varios carabineros investigados por homicidios, apremios ilegítimos o disparos injustificados han logrado evitar medidas cautelares más severas, recuperar su libertad o enfrentar procesos con estándares más favorables. El caso de Claudio Crespo se transformó nuevamente en símbolo de esa discusión. Mientras Gustavo Gatica quedó ciego de por vida, Crespo enfrentó el proceso en libertad durante gran parte de la investigación, situación que para muchos refleja la profunda desigualdad con la que opera el sistema judicial. Las críticas también apuntan al mundo político que promovió y aprobó la Ley Nain-Retamal durante el Gabriel Boric, luego de la muerte de carabineros en distintos procedimientos policiales y en medio de una fuerte presión por endurecer las políticas de seguridad. Aunque desde el oficialismo se defendió la iniciativa como una herramienta para entregar mayor respaldo a las policías, detractores sostienen que la ley terminó debilitando los controles sobre el actuar policial y consolidando una señal de protección casi automática para funcionarios armados, incluso en casos donde existen antecedentes graves de abuso o uso desproporcionado de la fuerza.