Agustín Tuñón Pita

La ciudadanía y el derecho de sufragio activo (el poder votar) son dos conceptos distintos. El primero determina quién pertenece a la nación política. El segundo, quién elige a sus dirigentes. La distinción existe en todos los ordenamientos jurídicos, incluido el español. No se puede votar, aunque se sea ciudadano, si se es menor de cierta edad o si existe una declaración de incapacidad. Y los ciudadanos residentes fuera de España no pueden votar en las elecciones municipales, mientras que ciertos extranjeros residentes sí pueden hacerlo. La idea detrás de esta distinción es la exigencia de cierta capacidad (por edad y psíquica) y de una vinculación efectiva con las decisiones públicas. Muchas democracias, incluidas Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia (a menudo las que encabezan las clasificaciones internacionales de calidad democrática), parten de esta idea para restringir de manera bastante estricta el voto de los no residentes y, a la vez, facilitar, en ciertas ocasiones, el voto de los residentes no nacionales. España, en comparación, tiene una legislación increíblemente permisiva. Es, además, una legislación que entraña serios riesgos de manipulación. Como la Constitución no establece una circunscripción de extranjeros (como en Francia o Italia), los residentes en el extranjero pueden elegir la provincia en la que votar con casi total libertad. Pero no es lo mismo votar en Soria que en Madrid: Soria está sobrerrepresentada, Madrid infrarrepresentada. Si me interesa maximizar mi influencia, debo solicitar la inscripción en Soria y convencer a mis amigos de que hagan lo mismo. Unos cuantos miles de votos pueden, así, cambiar dos o tres escaños. Recordemos que en 2023 unos pocos votos podrían haber hecho bailar seis escaños y dar a PP y Vox la mayoría absoluta (solo habrían necesitado cuatro, de llegar a acuerdos con UPN y CC). La solución sencilla, que imita la práctica de otras democracias, es exigir un cierto nivel de arraigo para poder votar en las elecciones generales y autonómicas. Un sistema generoso pero sensato podría ser el siguiente. Primero, se puede votar de manera automática en las elecciones generales y autonómicas durante un número de años igual al mínimo entre 10 y los años de residencia previa en España. Es decir, si he residido 12 años en España, puedo votar durante 10, pero si he residido 6, solo durante 6. Este criterio otorga el derecho de voto a todos los españoles no residentes nacidos y educados en España, o que hayan pasado en el país una parte sustancial de su infancia: al cumplir los 18, ya han acumulado esos 10 años. Segundo, una vez agotada esta primera etapa, se pueden solicitar extensiones (repetidas) de cinco años si se acredita un arraigo significativo ante la Junta Electoral Central. Podemos ser generosos con la definición de arraigo. Una lista no exhaustiva de elementos de arraigo puede incluir: 1) Contar con familiares de primer y segundo grado ciudadanos y residentes en España. 2) Visitas sustanciales y repetidas a España que no impliquen residencia (por ejemplo, pasar cuatro semanas cada verano). 3) Relaciones laborales o económicas sustanciales. Por ejemplo, realizar trabajos con efecto directo en España (un socio de un bufete de abogados de Barcelona que dirige la oficina de París, pero cuya actividad tiene un componente muy importante en Cataluña) o mantener patrimonio o intereses económicos. 4) Participar activamente en la vida política de España. Por ejemplo, haber votado con regularidad en las elecciones anteriores durante el primer periodo. 5) Servicios a las administraciones públicas o a la sociedad civil en España. Por ejemplo, un antiguo secretario de Estado que ahora trabaja para un think tank en Bruselas, o un actor querido por el público que rueda muchas películas en España, pero reside en Hollywood por motivos profesionales. Podemos discutir los detalles de cuántos de estos elementos de arraigo necesitamos (¿uno de los cinco?, ¿tres de los cinco?) y qué hacer con las residencias repetidas en el extranjero (hago el doctorado en el Reino Unido, vuelvo a España de postdoc, y luego me voy a Alemania de profesor). Pero para mí, la mera necesidad de presentar un documento y pruebas fehacientes es ya la barrera que lograría el 90% de mi objetivo: va a votar quien de verdad tiene interés en hacerlo. Insisto, esto solo es una propuesta y estoy encantado de escuchar otras posibilidades.

Yo puedo votar en las elecciones generales y autonómicas en España (pero no en las municipales). Esto no tiene mucho sentido: me mudé a Estados Unidos en 1996, apenas pago impuestos en España y recibo servicios mínimos. Que mi voto decida, por ejemplo, si se abre un nuevo instituto en Mieres o se sube el IRPF en el territorio común tiene una justificación democrática más bien débil. A la vez, buena parte de mi familia vive en España; existe una probabilidad (baja) de que regrese en algún momento; tengo propiedades inmobiliarias en el territorio nacional; y, en comparación con otros votantes en el extranjero, conozco los detalles de muchas discusiones sobre política económica. No creo que haya muchos millones de votantes que se sepan las cuentas de la Seguridad Social mejor que yo. No es que entender estas discusiones me dé una legitimidad especial, sino que demuestra una vinculación efectiva con España. Por ello sigo votando en las elecciones generales, aunque en las autonómicas, de carácter local más acentuado, he dejado de hacerlo. Y, cuando considere que la probabilidad de regresar a España haya caído por debajo de un mínimo, dejaré de votar también en las generales. La discusión de la “ley de nietos” durante las últimas semanas en España ilustra, pues, un punto fundamental en toda democracia: ¿quién es el demos que puede decidir el futuro colectivo? Una persona no residente en España, por mucho que sea hijo o nieto de españoles, pero sin una vinculación directa con la vida cotidiana del país (o una probabilidad razonable de recuperarla demostrada con pruebas fehacientes, no una simple declaración de intenciones), no es parte del demos. Puede ser una persona con la que sintamos cercanía afectiva y que tenga un vínculo legal con España más fuerte que el de otras personas. Pero no debe ser votante. Las respuestas que leo en la prensa son decepcionantes. Muchos argumentan que, a fin de cuentas, estos nuevos votantes no influirán en los resultados de las elecciones. Quizás. En el pasado no lo han hecho. Pero este argumento tiene dos problemas. Primero, ahora que forman un grupo tan grande, los partidos tienen un incentivo muy distinto para movilizar a ese electorado. Segundo, y mucho más importante, ir regalando nacionalidades y derechos de voto sin la debida seriedad demuestra que en España nunca pensamos las cosas con cuidado. Da igual si son 100 o dos millones y da igual si tienen efecto o no sobre las elecciones. Es una cuestión de legitimidad. Una y otra vez, en España, tomamos decisiones sin hacer números, movidos por el “buenismo” de quedar bien en el telediario de las nueve. Y no, no son los políticos. Estoy 100% seguro de que, de haberse realizado un referéndum sobre la “ley de nietos” (olvidándonos del resto de la Ley de Memoria Democrática), el sí habría ganado de manera abrumadora. No nos tomamos nada en serio y somos frívolos.

¿Sigue usted sin dimitir, mi teniente general? ¿De verdad le merece la pena? ¿Ha olvidado usted los valores de la cartilla de la Guardia Civil y de la Academia General Militar? "El honor es la principal divisa" y "Mandar es servir" Hágase y háganos un favor; váyase a su casa.

Un Fiscal General siguió siéndolo mientras se le juzgaba y sus subordinados eran parte en el juicio. Ahora los dos cargos más altos de la Guardia civil están investigados y sus subordinados están encargados de investigarlos. Y el Gobierno, inasequible a la decencia, los mantiene.

Quien dirige las fuerzas contra el delito no puede estar imputada por varios. Y punto.

Un amigo, @lm_guirola, me pasa esta encuesta sobre la opinión de los españoles con respecto al sistema de seguridad social: cis.es/es/estudios/op… El 49,4% de los españoles cree que gastamos demasiado poco en pensiones y el 42,1% que gastamos lo necesario. Es decir, un 91,5% piensa que no hay que reducir el 60% de excesiva generosidad del sistema contributivo. Cualquier ley electoral, sea la que sea, va a generar partidos que respetan el deseo insensato e irresponsable de ese 91,5% de los españoles. Todos los que creen que el problema de España es la ley electoral o que las televisiones nos cuentan solo una parte de la verdad se hacen trampas al solitario. El problema de España es que llevamos décadas implementando las políticas que una mayoría abrumadora de los españoles quiere. Y cuando no sale bien, buscamos algo, en un ejercicio de infantilismo, a lo que echar la culpa (“¡Las listas cerradas!”, “¡la corrupción!”). España salió del desastre de la autarquía franquista gracias al Plan de Estabilización de 1959. Sin ese plan, hoy seríamos económicamente como Marruecos o Turquía. Si en 1959 hubiésemos tenido un referéndum sobre el Plan de Estabilización, con todas y cada una de las garantías democráticas, con partidos legalizados, etc., habría ganado el NO de manera abrumadora. Ni los dirigentes de la dictadura, fuera de los ministros económicos, querían el plan, que se tuvieron que tragar por una crisis de reservas y porque EE.UU. y el FMI nos dijeron que hasta aquí habíamos llegado. ¿Sirven para algo mejores instituciones? Sí. Fundamentalmente, para que al sistema político le resulte más fácil ignorar lo que quiere el 91,5% de los votantes.

Los insultos no reescriben la historia. Las responsabilidades siguen ahí.

🚨🚨Les voy a contar algo que ocurrió hace años. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial llamó por teléfono a un Juez de Instrucción de Madrid, interesándose por un asunto que llevaba en su juzgado de un conocido suyo. El vocal le pidió en tono firme al Juez que adoptara una resolución en un sentido favorable a su conocido. El Juez le dejó hablar y cuando terminó pronunció una frase que muchos aún recordamos: “Si usted fuera realmente un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, no habría hecho jamás esta llamada”. Acto seguido, colgó el teléfono. Algún día, yo no sé si lo veré, el CGPJ será elegido mayoritariamente por los jueces y entonces, cuando su Presidente o un vocal reciba una llamada similar del Ministro de Justicia o de alguien del Gobierno pronunciará la misma frase que aquel Juez de Instrucción… y colgará. Ahora lean este magnífico artículo de Elisa Beni, del que extraigo este párrafo: Elisa Beni :”Si no supiéramos que Felix Bolaños llama y persigue a vocales del CGPJ,no sólo a través de Fernández Seijo,sino con llamadas directas. Lo sabemos no por ciencia infusa sino porque nos lo han contado.”

El tipo que se encargó de explicar por qué era necesaria una moción de censura para acabar con la corrupción acaba de ser condenado a 24 años de cárcel. Es el resumen de estos últimos ocho años.

🚨Llegados a este punto, voy a hablar del suplicatorio. En el hipotético caso de pretender la imputación del Sr. Pedro Sánchez, el Tribunal Supremo (órgano competente) debe "pedir permiso" al Congreso para investigarle. El Congreso puede aceptar o rechazar el suplicatorio 🧵⤵️

Cada vez que escribo sobre pensiones, siempre aparece un listo con la misma cantinela: “el problema no es que las pensiones sean altas, es que los salarios en España son bajos”. Este argumento cumple con las tres características que tanto gustan al español medio: 1️⃣ Te permite subirte a la atalaya de la superioridad moral. ¿Quién puede estar en contra de salarios más altos? Es como estar en contra de la paz, las florecitas del campo o la tortilla de patatas. 2️⃣ Es sencillo y no exige esfuerzo mental, no sea que pensar provoque un tumor cerebral. 3️⃣ Es incorrecto. El problema fundamental del sistema de pensiones español es que no hay equilibrio actuarial entre cotizaciones pasadas y pensiones actuales. Si capitalizamos las cotizaciones que los pensionistas pagaron al tipo de interés igual al crecimiento medio del PIB durante sus vidas laborales (el correcto en un sistema de reparto sostenible) y lo comparamos con el valor actuarial de la renta vitalicia que hoy reciben, vemos que esta es entre un 45 % y un 70 % más alta (según los detalles). Es decir: los pensionistas reciben más de lo que aportaron, una verdad dolorosa que casi nadie quiere aceptar. He visto a comentaristas decirme “yo solo quiero que me paguen lo que coticé (capitalizado)”, aparentemente ignorantes de que están cobrando bastante más. En números: por cada 1000 € de cotizaciones a lo largo de una vida laboral, el sistema paga unos 1500 € de pensiones. 500 € de déficit. Imaginemos ahora que los salarios en España fueran el doble. El sistema, en vez de ingresar 1000 €, recibiría 2000 €… pero tendría que pagar 3000 €, con 1000 € de déficit. Nos ha costado la torta un pan. La realidad es un poco más sutil (pensiones mínimas, máximos de cotización…), pero en lo esencial, salarios más altos no arreglan nada. Lo que sí arregla la situación es que los salarios crezcan (independientemente de su nivel). ¿Por qué? Porque el crecimiento salarial va ligado al crecimiento del PIB (el cambio de proporción de la remuneración total de asalariados, incluidos los costes laborales que pagan las empresas, sobre el PIB total va a ser siempre de segundo orden cuantitativamente). Al poder capitalizar las cotizaciones a un tipo de interés más alto, la diferencia entre el valor de las cotizaciones y los pagos futuros se reduce. La clave es la tasa de crecimiento de los salarios, no su nivel. Ya me imagino la objeción: “pues hagamos que suba el PIB y los salarios”. Ojalá fuera tan fácil: 👉 El coste de las pensiones actuales (vía cotizaciones o impuestos) es tan alto que nos impide invertir en infraestructuras, educación o I+D, lastrando el crecimiento del PIB. 👉 La presión fiscal actual (y creciente) ralentiza aún más el PIB. Pero hay un punto incluso más importante, aunque sutil. Unos salarios en crecimiento significan que las pensiones serían más bajas en proporción al salario medio. ¿Nos creemos que el votante medio español permitiría esta situación? Yo soy muy escéptico. Veo mucho más probable que, en un contexto de crecimiento del PIB, habría mil presiones para “mejorar las pensiones” o que las mínimas se equiparasen con el salario mínimo (“como es de justicia”). Los españoles votarían entusiasmados por el Partido de los Nuevos Derechos Sociales que prometería “repartir la prosperidad”. Lo que ganamos con más crecimiento del PIB lo perdemos “repartiendo la prosperidad”. Al final del día, el problema es fundamental: hasta que aceptemos que tiene que haber un factor de sostenibilidad ligando las pensiones con el crecimiento del PIB, no llegaremos a ninguna parte. Cervantes lo entendió bien: los españoles creen en el bálsamo de Fierabrás. Lástima que no exista.

Si uno defiende que puede echarse al bolsillo los regalos valiosos que le entreguen por ser cargo público, ni es un servidor público ni tiene ni puñetera idea de lo que es un servicio público.

@JesusBengoechea Don Jesús, enhorabuena por la campaña y gracias por habernos evitado el bochorno de ver al club manejado por la banda del Tinglao.

Aunque no he podido estar pendiente, me consta que se han dado muchos mensajes de ánimo y mucho halago (merecido o no) en esta cuenta. Muchas gracias a todos. Salgo de esta increíble experiencia con fe intensificada y renovada. Fe en el Real Madrid, en Florentino Pérez y, si me apuráis, incluso en la Humanidad. He tenido el placer de tratar con gente de élite en lo profesional y en lo personal. Un abrazo a todos ellos y a vosotros. Seguimos.

Como jurista, me quedo con una frase del discurso del @Pontifex_es en el @Congreso_Es que debería enmarcarse en cada parlamento: "Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse".

El sistema funciona cuando la Guardia Civil investiga a altos mandos de la Guardia Civil. Quien accede a ese cuerpo lo hace por un convencimiento profundo de servir a España y con vocación de servicio. Por eso son implacables contra quienes olvidan sus principios.

La economía política del caso Leire va mucho más allá del epifenómeno de los pagos ilegales a la “fontanera” del PSOE. La evidencia apunta a que se montó una estructura, casi con seguridad desde Moncloa, para subvertir los pilares del Estado de derecho y preservar el poder de Pedro Sánchez. Es, desde el caso GAL, el escándalo más grave de nuestra democracia. Este socavamiento, sin embargo, forma parte de un patrón más amplio: el desmantelamiento del Estado en el que el PSOE se embarcó el 13 de noviembre de 2003, cuando Zapatero prometió en el Palau Sant Jordi que “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”. La realidad electoral española, cada vez más clara, es que el PSOE solo puede gobernar con los votos del nacionalismo (o cuasinacionalismo) de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin los escaños de estas tres comunidades, la derecha nacional habría tenido mayoría absoluta en todas las elecciones desde 1996 hasta 2023, salvo en 2004. Pero para lograr esos votos, el PSOE tiene que comprometerse con el desmantelamiento del Estado, ya sea de forma directa (la reforma de la financiación autonómica) o indirecta (el control partidista de las instituciones). De ahí a intentar destruir la UCO solo hay un paso, y se da a la primera tentación. Por tanto, el PSOE solo elegirá como secretario general a alguien como Zapatero o Sánchez, a quienes el Estado trae al fresco. No son accidentes: son la respuesta estructural del sistema. No hay “PSOE bueno”, porque un “PSOE bueno” no puede gobernar y la mayoría de sus militantes no tienen vocación de suicidio político. Para suicidarse, es mucho más rápido apuntarse a Podemos. Enfrente solo hay un PP sin la menor visión de futuro (la reciente visita de Feijóo a Cataluña demuestra, por enésima vez, que el PP no tiene plan para nada) y un Vox con un Santiago Abascal que no da más de sí (que Vox ronde el 18%-20% en las encuestas, dada la situación actual, debería leerse como un fracaso). El problema es que no veo salida en el marco actual. Tras la crisis del euro surgieron dos proyectos de reforma: C’s y Podemos. Los votantes rechazaron ambos. Sí, los dos partidos cometieron errores tácticos y de liderazgo, pero, a fin de cuentas, el votante mediano prefirió lo malo conocido (PSOE y PP) a lo malo por conocer (C’s y Podemos). El votante mediano no quiere que nada cambie porque vive del Estado, de forma directa (pensiones, empleo público) o indirecta (transferencias varias, regulaciones). Creo que todo esto saltará por los aires en algún momento hacia 2030, año arriba o año abajo. Pero no descarto que sigamos, en su lugar, un camino de declive irreversible. Con una fecundidad de 1,1 hijos por mujer y la inmigración que tenemos, quizá en 2080 la España que conocemos desde 1492 ya no exista. Y si usted, lector, me pregunta qué se puede hacer: no solo no lo sé, sino que dudo que pudiera arreglar nada aunque yo fuera el que tomara las decisiones.

Hoy hace 127 años que 33 militares y 2 religiosos españoles lograron salir vivos de un asedio que había durado 337 días: los "Héroes de Baler" o "Últimos de Filipinas". Tenían la orden de mantener Baler bajo dominio español. Habían causado más de 700 bajas al enemigo. (Sigue)

El gráfico que mejor representa lo que han sido estos 8 años.

El mundo ha sufrido el mayor evento inflacionario desde los años 70s y los influencers de izquierdas ponen el salario nominal para defender al PSOE. O Yago está comprado o es muy difícil entender esto. Bueno, aquí tenéis la gráfica bien hecha. Fijaos cómo descontada la inflación y añadidos los impuestos, cobramos hoy menos que en 2018. Sé que es difícil en estos tiempos que corren, pero asumo que no es demasiado pedir algo de honestidad en las izquierdas.

Ciudadanos llevó al Congreso la propuesta de tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional pero no salió porque al parecer era una cosa muy muy facha