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El Gobierno Nacional quiere eliminar la modificatoria de la Ley de Fuego aprobada por el Congreso porque “atenta contra la producción”. La única “actividad productiva” que desincentiva esta ley es la de prender fuego, el mecanismo usado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.
Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son por actividad humana. Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado.
La Ley de Fuegos de Máximo Kirchner fue pensada para evitar los incendios intencionales que se estaban llevando puestas miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas. Esta modificatoria no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para evitar estas prácticas tan peligrosas para la vida y nuestros ecosistemas.
A esto se le suma que una ley ambiental no puede eliminarse porque rige el principio de no regresividad respaldado por el Acuerdo de Escazú, que prohíbe reducir la protección ambiental ya alcanzada, y por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano y a fortalecer -no debilitar- las normas que lo protegen.
Máximo advirtió hace unos años que lo que se venía eran las “tres flexibilizaciones”: la laboral, la impositiva y la ambiental. No será que lo que de verdad les interesa es seguir impulsando la entrega de nuestras tierras desmontando las normas que lo impiden?
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