José Patricio Aguas Muñoz, testigo protegido en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio, aseguró en una entrevista con Andersson Boscán que habría sido presionado para incriminar al correísmo a cambio de beneficios penitenciarios.
Según su versión, en esas gestiones habrían participado la entonces fiscal general Diana Salazar, altos mandos policiales y el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick.
Aguas no fue un nombre secundario dentro del expediente. Su testimonio anticipado quedó incorporado a la línea de investigación que buscaba identificar a los autores intelectuales del magnicidio y que, desde el inicio, fue utilizada para apuntar hacia el movimiento de Rafael Correa.
Que ahora el propio testigo sostenga que esa declaración habría sido forzada, compromete la forma en que se construyó y se sostuvo públicamente una de las hipótesis más polémicas del caso.
En esa misma entrevista, Aguas afirmó que Diana Salazar le habría advertido que sería asesinado en prisión si no declaraba en la dirección que se le exigía. Como alternativa, dijo, se le habría ofrecido protección como testigo, salida del país, borrado de antecedentes y dinero. También aseguró que Fitzpatrick le habría ofrecido residencia en Estados Unidos para él y su hija a cambio de ese testimonio. Según su relato, esos beneficios nunca se concretaron.
Aguas sostuvo además que conserva audios y otros archivos que, según dijo, respaldarían esa versión, y que pocos días antes de su detención había ofrecido entregar a Boscán una memoria USB con ese material. No llegó a hacerlo, fue detenido en Sucumbíos y volvió a quedar bajo custodia estatal.
Su captura reactivó pedidos para resguardar su integridad, debido a que se trata de un testigo con información sensible en una causa que aún busca esclarecer a los autores intelectuales del magnicidio.
Sobre ese punto, el asambleísta Roque Ordóñez advirtió que Aguas fue trasladado a la cárcel de Latacunga, una prisión marcada por la violencia y por la presencia de estructuras criminales, lo que agrava las alertas porque el Estado ha señalado a Los Lobos como una de las estructuras detrás del magnicidio de Villavicencio y, al mismo tiempo, ha reconocido el control que esa organización ejerce dentro de ese centro carcelario.
Durante su arresto, incluso circuló un video en el que Aguas advertía que, si llegaba a morir, responsabilizaba a las autoridades judiciales que ordenaron su traslado.
El caso Magnicidio FV avanza hacia la audiencia preparatoria de juicio contra siete procesados señalados como presuntos autores intelectuales, mientras nuevas declaraciones vuelven a poner en cuestión el manejo de la investigación. A lo dicho ahora por Aguas se suman las versiones de “Pipo” y “Willy”, quienes también sostuvieron que desde la Fiscalía se los habría presionado para vincular el crimen con el correísmo.
En ese contexto, la atención vuelve sobre Diana Salazar, hoy embajadora de Ecuador en Argentina tras dejar la Fiscalía en 2025. Su gestión quedó marcada por el manejo de casos de alto impacto político y por una narrativa que empujó la atención pública hacia el entorno del expresidente Correa.
Por: @iarandrader
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