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Nos llaman clasistas por pedir un estatuto propio. Es una acusación cómoda: simple, moralizante y tranquilizadora para quien no quiere pensar demasiado. Antes de responder, conviene decir algo incómodo: sí, los médicos somos un colectivo cerrado. A veces demasiado. Hablamos un idioma que no traducimos, escribimos de manera ilegible y defendemos nuestras decisiones con una vehemencia que desde fuera puede parecer arrogancia. Hay autocrítica que hacer.
Pero eso no es clasismo. Es el resultado de cómo se selecciona y se entrena a una profesión a la que se le exige decidir rápido, con información incompleta y bajo presión constante. Para poder hacerlo, el sistema necesita médicos relativamente homogéneos en formación, lenguaje y criterios. Y necesita que sostengamos decisiones incluso cuando dudamos. Esa intensidad no nace del ego, nace de la función.
La medicina no es solo ejecutar protocolos. Es decidir sobre cuerpos y vidas ajenas, con consecuencias irreversibles, y asumir personalmente el error cuando llega. Esa responsabilidad no desaparece porque el sistema sea público ni porque la financiación sea colectiva.
Por eso un estatuto propio no es un privilegio ni un blindaje corporativo. Es un contrato más exigente entre la sociedad y quienes asumen decisiones de alto impacto, con más deberes y más exposición.
La pregunta no es si los médicos merecemos un estatuto propio. La pregunta es quién asume las consecuencias cuando no lo tenemos.
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