Jean-Pierre Serna

Funcionarios del control migratorio en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz encendieron las alarmas por las condiciones en las que deben cumplir sus turnos, en medio de lo que califican como un deterioro crítico de la infraestructura. Sin aire acondicionado, con temperaturas sofocantes y espacios improvisados, los trabajadores aseguran que el calor es insoportable durante jornadas completas. Algunos han tenido que llevar ventiladores por cuenta propia, en un intento insuficiente por mitigar la situación. El deterioro físico también es evidente. Casillas en mal estado y zonas con el piso prácticamente inexistente reflejan, según los denunciantes, el abandono de una terminal clave para la región Caribe, especialmente en plena temporada alta de viajeros. “Tener que trabajar en estas condiciones (…) es una verdadera tortura. Es una vergüenza que una ciudad como Barranquilla tenga un aeropuerto en este estado”, señaló uno de los funcionarios, quien pidió reserva de su identidad. El caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión del Gobierno de Gustavo Petro frente a la infraestructura aeroportuaria. Desde sectores locales cuestionan la falta de soluciones mientras se mantiene el control de la terminal sin avances visibles. Hace más de un mes, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, solicitó al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil la cesión del aeropuerto para adelantar su recuperación. La petición fue respaldada por el gobernador Eduardo Verano y gremios económicos, sin que hasta ahora haya una respuesta concreta. 🔸#RunRunPolítico

#Política| Un nuevo frente judicial y político se abre contra la senadora Sandra Ramírez tras una petición formal elevada ante la Jurisdicción Especial para la Paz para que rinda versión voluntaria por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con reclutamiento y abuso de menores. La solicitud surge en medio del rechazo que ha generado su designación como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Víctimas del conflicto calificaron ese nombramiento como una afrenta, al considerar que no se han esclarecido responsabilidades frente a hechos ocurridos durante su permanencia en las antiguas Farc. Uno de los testimonios más duros es el de Deisy Dorelly Guanaro, víctima acreditada ante la JEP, quien aseguró haber sido reclutada a los diez años. “Fui sometida a los peores abusos de lesa humanidad (…) fui víctima de la senadora Sandra Ramírez”, relató al pedir que su caso sea incluido en el macrocaso 07. La denunciante también afirmó que fue obligada a participar en actos degradantes y a exponerse ante comandantes guerrilleros, en un contexto de violencia sistemática contra menores. Según su testimonio, estos hechos involucrarían a otros exintegrantes del grupo armado hoy en la vida política. Las víctimas solicitaron a la magistrada relatora del caso, Lily Andrea Rueda Guzmán, avanzar en la vinculación formal de la congresista y adoptar medidas urgentes de protección, ante amenazas recientes contra quienes han decidido declarar. Organizaciones como la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc respaldaron el llamado y exigieron que la JEP actúe con celeridad. Advirtieron que el cumplimiento del Acuerdo de Paz pasa por garantizar que los máximos responsables comparezcan y respondan por delitos contra menores y violencia de género. 🔸#RunRunPolítico

#Departamento| La Gobernación del Atlántico avanza en la implementación de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que cubrirá 18 municipios fuera del área metropolitana de Barranquilla. El proyecto ya fue socializado y cuenta con el respaldo de los alcaldes. La iniciativa contempla la instalación de 411 cámaras con tecnología de reconocimiento de placas, dispositivos fijos y equipos con cobertura de 360 grados, orientados a mejorar el control territorial y la capacidad de reacción de las autoridades. El sistema tendrá como eje un centro de monitoreo en el comando del Departamento de Policía Atlántico en Sabanalarga, con un respaldo operativo en el Centro de Operaciones de Emergencia que se construye en CACOM 3, en Malambo. Desde la Secretaría del Interior, José Antonio Luque sostuvo que el proyecto permitirá anticiparse al delito y articular mejor a la Fuerza Pública con las autoridades locales. Alcaldes de municipios como Campo de la Cruz, Baranoa y Polonuevo respaldaron la iniciativa, destacando su impacto en la lucha contra delitos rurales como el abigeato y en la mejora de la percepción de seguridad. El sistema, que entrará en fase de construcción, tendrá una inversión de 45 mil millones de pesos, financiados con recursos del Ministerio del Interior y la Tasa de Seguridad, en una apuesta por modernizar la infraestructura tecnológica del departamento. 🔸#RunRunPolítico

#Elecciones2026| El sistema de partidos en Colombia entra en una nueva fase de depuración. Al menos seis colectividades perderían su personería jurídica tras no superar el umbral en las elecciones legislativas, a la espera de la oficialización final por parte del Consejo Nacional Electoral. Con el escrutinio del Senado y la Cámara avanzando en más del 99 %, el número de partidos con reconocimiento oficial pasaría de 27 a cerca de 20. El umbral para Senado, fijado en el 3 % de los votos válidos, se ubicó en alrededor de 582 mil votos. La mayor afectación se concentra en la coalición Frente Amplio. Su lista al Senado, con cerca de 396 mil votos, quedó por debajo del mínimo exigido, dejando sin personería a movimientos como La Fuerza, el Partido Ecologista Colombiano, el Partido del Trabajo de Colombia y Esperanza Democrática. También pierden reconocimiento el partido Comunes, surgido del acuerdo con las Farc, que no logró sostener su presencia en las urnas, y el movimiento Oxígeno, de Ingrid Betancourt, que obtuvo una votación marginal. En contraste, los partidos tradicionales y las grandes coaliciones mantuvieron su vigencia electoral. Colectividades como Liberal, Conservador, Centro Democrático y Pacto Histórico conservaron su personería, al igual que alianzas como Alianza por Colombia y Ahora Colombia. La personería jurídica no solo define la supervivencia política, sino el acceso a financiación estatal, espacios en medios y la capacidad de avalar candidatos. Su pérdida reconfigura el tablero de cara a las presidenciales de 2026. 🔸#RunRunPolítico

Política| El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, descartó su salida del cargo en medio de las investigaciones por presunto tráfico de influencias y las crecientes presiones sindicales. Durante la asamblea de accionistas en Bogotá, Roa fue directo: no contempla renunciar. Aseguró que actúa con tranquilidad frente a los cuestionamientos que hoy rodean su gestión. El pronunciamiento se produce mientras la Unión Sindical Obrera insiste en su salida, advirtiendo un deterioro reputacional y riesgos para la compañía si se mantiene en el cargo. Pese al ruido político y judicial, Roa defendió la solidez financiera de la petrolera. Señaló que Ecopetrol cerró el año con un indicador deuda/EBITDA de 2,3 veces, por debajo del límite de 2,5 fijado por las calificadoras. El futuro del presidente de la compañía se definirá en los próximos días. La junta directiva volverá a reunirse el lunes, en una decisión que marcará el rumbo inmediato de la principal empresa estatal del país. 🔸#RunRunPolítico

#Justicia| La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez volvió a imponerse en los tribunales frente al presidente Gustavo Petro. El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá rechazó un incidente de nulidad interpuesto por el mandatario, quien buscaba tumbar la orden judicial que le exige retractarse por sus señalamientos. El caso se remonta a declaraciones en las que Petro vinculó a Ramírez con un supuesto “socio comercial” al que calificó como “narcotraficante y paramilitar”. El juzgado ya le había ordenado retractarse, pero consideró insuficiente la rectificación publicada posteriormente en la red social X. En su nuevo intento de defensa, el presidente alegó vulneraciones al debido proceso, la libertad de expresión y la buena fe. Sin embargo, el despacho judicial negó esos argumentos y reiteró que no se ha cumplido con la orden de tutela. El fallo es contundente: la nueva publicación de Petro no solo incumple lo ordenado, sino que “revictimiza a la accionante”, al introducir señalamientos adicionales sobre supuestas investigaciones que no hacían parte del proceso inicial. Para el juzgado, estas referencias “desbordan el contexto” de la vulneración de derechos y vuelven a poner en entredicho la honra y el buen nombre de la exvicepresidenta. Con esta decisión, el presidente Petro tiene un plazo de 48 horas para retractarse nuevamente, esta vez ajustándose estrictamente a lo ordenado por la justicia. 🔸#RunRunPolítico

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El ministro del Interior Armando Benedetti quiere ser alcalde de Barranquilla, pero… del dicho al hecho hay mucho trecho. En una democracia cada quien puede apostarle a conseguir sus sueños y consolidar sus proyectos políticos. Benedetti es reconocido, es muy hábil y conoce perfectamente la letra menuda de la actividad electoral, pero eso no es suficiente para ganar un debate en el cual, el actual alcalde, Alejandro Char, jugará un papel protagónico en la consolidación de una candidatura de continuidad del modelo de desarrollo de Barranquilla. Un candidato incluido en la lista OFAC, (Clinton), sin trabajo político orgánico y cuyo poder depende ciento por ciento de su conexión con el Gobierno y el presupuesto de la Nación, no la tendría nada fácil. 🔸#RunRunPolítico

☀️Buen día vida☀️ Quien no soporta el peso de la disciplina cargará el de las consecuencias.

#Economía| El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro tras sus críticas al sector constructor en medio de la crisis de vivienda. “El Presidente solo ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo”, afirmó Herrera, al cuestionar el manejo fiscal del Gobierno y su impacto en el encarecimiento del crédito hipotecario. Desde el gremio sostienen que el problema no radica en decisiones del Banco de la República, sino en el costo de la deuda pública. Con un déficit cercano al 6,4% del PIB y una deuda equivalente al 64%, los rendimientos de los TES se ubican alrededor del 13,7%, entre los más altos de economías emergentes. Herrera explicó que estos niveles presionan directamente las tasas de interés de los créditos de vivienda. “El Gobierno está pagando esa deuda mucho más cara”, advirtió, señalando que esa dinámica encarece el acceso a vivienda para los colombianos. La tensión se produce luego de que Petro calificara como “pendejos” a quienes compren vivienda en el contexto actual, lo que desató la reacción del gremio constructor. Camacol también alertó por el deterioro del sector: las iniciaciones de obra cayeron 40,7% y las ventas retrocedieron 11% en el inicio de 2026, en un escenario marcado por el desmonte de programas como Mi Casa Ya y el aumento del costo del financiamiento. 🔸#RunRunPolítico

#Política| La viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, lanzó una declaración de alto impacto político al referirse al escenario electoral de 2026 y al papel del candidato Iván Cepeda. “La única forma de que la muerte de Miguel haya valido la pena y que su muerte no sea en vano es evitar que Iván Cepeda llegue al Gobierno en las próximas elecciones, sin duda alguna”, afirmó en entrevista radial. Tarazona también insistió en que el legado de su esposo debe convertirse en un factor de unidad nacional. “El nombre de Miguel tiene que servir para unirnos, para llegar a lo que verdaderamente necesitamos los colombianos: un país democrático, con libertad y seguridad”, sostuvo. En sus declaraciones, fue más allá al señalar responsabilidades políticas en el contexto previo al magnicidio, afirmando que “para todos los colombianos es evidente la forma como el presidente Gustavo Petro instigó a Miguel durante tres años públicamente”. Las afirmaciones se conocen en la misma semana en la que la Fiscalía confirmó que el asesinato del senador no fue un hecho aislado, sino una operación criminal estructurada atribuida a la Segunda Marquetalia, con participación de una red urbana para ejecutar el atentado. El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, en medio de una campaña presidencial marcada por la polarización y el impacto de uno de los crímenes más sensibles de los últimos años en Colombia. 🔸#RunRunPolítico

#Geopolítica| La representante republicana María Elvira Salazar emitió una de sus declaraciones más contundentes al referirse a la situación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de la presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano. “Hemos visto al señor Nicolás Maduro y a su esposa en una corte federal de los Estados Unidos. Estoy segura de que está pensando en las diferentes propuestas que le hizo la administración del presidente Trump antes de caer preso”, afirmó. En su intervención, Salazar lanzó una advertencia directa a otros regímenes del hemisferio: “Háganle caso a la administración del presidente y sobre todo a la figura de Donald Trump, porque cuando dice algo lo hace”. La congresista también extendió su mensaje hacia Cuba, al señalar que este episodio debe interpretarse como una señal para los gobiernos autoritarios de la región. Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política internacional, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre un proceso judicial activo contra Maduro en una corte federal. 🔸#RunRunPolítico

#Elecciones2026| El candidato presidencial Abelardo De la Espriella sostuvo que Iván Cepeda no tiene opciones de imponerse en primera vuelta, y proyectó un escenario en el que ambos se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones de 2026. “Lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en la primera vuelta”, afirmó durante una entrevista televisiva, en la que también insistió: “voy a pasar a segunda vuelta con Cepeda”. De la Espriella descartó alianzas antes de la primera vuelta y aseguró que competirá directamente contra otras candidaturas del mismo espectro. “Voy a derrotar a Paloma y pasaré a segunda vuelta con Iván Cepeda”, sostuvo, marcando distancia frente a acuerdos anticipados. En materia programática, planteó una agenda basada en seguridad, reducción del tamaño del Estado y reactivación económica. Anunció medidas como la fumigación de cultivos ilícitos con bioherbicidas, bombardeos a campamentos guerrilleros y la eliminación de la JEP, así como una reducción del Estado en un 40%. Sobre su fórmula vicepresidencial, destacó el rol de José Manuel Restrepo como eje en política económica y relaciones internacionales. También afirmó que no cobrará salario como presidente y que gobernará desde las regiones. El candidato enmarcó la contienda como una disputa ideológica directa con Cepeda, a quien calificó como su principal rival, y sostuvo que el desenlace dependerá del respaldo ciudadano en las urnas. 🔸#RunRunPolítico

#Deportes| El Comité Olímpico Internacional anunció una nueva política que redefinirá las reglas del deporte olímpico a partir de 2028, al establecer que solo atletas consideradas biológicamente mujeres podrán competir en la categoría femenina. La medida se aplicará desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y responde —según el organismo— a un enfoque orientado a garantizar la equidad en las competencias de alto rendimiento. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, respaldó la decisión y aseguró que el cambio se sustenta en criterios científicos y en la necesidad de preservar condiciones justas en el deporte. Este giro marca una ruptura con políticas anteriores, en las que cada federación deportiva definía de manera autónoma las reglas de participación en categorías femeninas. El anuncio ya genera reacciones divididas a nivel internacional: mientras algunos sectores lo consideran un paso hacia la equidad competitiva, otros advierten sobre su impacto en la inclusión dentro del deporte olímpico. 🔸#RunRunPolítico

Dice @petrogustavo que comprar casa en este momento es de "pendejos", por la tasa de interés tan cara. Como siempre, la culpa siempre la tienen otros. •A su hijo, no lo crió. •Al avión de la fuerza aérea, fue culpa de Duque. •Ahora la caída en las *ventas de vivienda*, culpa de la tasa de interés. Pero la culpa es SUYA: Suya por encarecer el crédito hipotecario con un mal manejo fiscal. Suya porque el salario vital va hacer que aumente la inflación y eso hace que el @BancoRepublica , tenga que subir las tasas (Ese es el trabajo CONSTITUCIONAL del Banco de la Republica) Suya porque debilitó Mi Casa Ya…y le quitó los subsidios de vivienda a las familias. Los subsidios son para las familias, no para los constructores (Dígale a su ministra @HelgaMaRivasAr que le explique eso). *Para las familias la desgracia es no poder tener una vivienda, o haber ahorrado y no poder tener el subsidio que fue lo que usted logró. Eso sí le hace daño a las familias.* Suya porque no supo perder, y terminó de desbaratar Mi Casa Ya, cuando el Congreso no le aprobó la reforma tributaria en 2024, y se vengó recortando el presupuesto de subsidios de vivienda. Suya porque eliminó Semillero de Propietarios. Y va a seguir siendo suya: Porque con declaraciones como esta, donde trata a los constructores como enemigos, destruye la confianza para construir vivienda. Y con iniciativas como bajar los topes de la vivienda social, lo único que logra es que haya menos oferta. Al final, todo termina en lo mismo: La culpa de que hoy la vivienda sea un lujo y no un derecho es suya.

@SandraComunes nombrada vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo siento asco. Es un rechazo profundo, una indignación tan hp.... No hay derecho😡👇

#País| Una fuerte conmoción política han generado las recientes denuncias emitidas a través de su cuenta de la red social X, por parte de Deisy Dorelly Guanaro, quien señala directamente a la actual senadora y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sandra Ramírez (conocida como Sandra Comunes), y al congresista Pablo Catatumbo, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su infancia en las filas de las extintas FARC. El crudo relato de los hechos Guanaro, quien asegura haber sido víctima de reclutamiento forzado y violencia sexual, relató episodios sistemáticos de degradación humana. Según su testimonio, la hoy senadora Ramírez la habría obligado en múltiples ocasiones a desfilar en ropa interior frente a otros mandos guerrilleros, bajo la coacción de armas de fuego. “En repetidas ocasiones, me obligó a desfilar en ropa interior frente a criminales... mientras me apuntaba con un fusil a la cabeza”, afirmó Guanaro en su declaración. Acusaciones de violencia sexual La denuncia escala a un nivel aún más crítico al mencionar a Pablo Catatumbo. La víctima sostiene que fue violada por el actual congresista cuando ella tenía apenas 12 años, señalando que estos actos formaban parte del régimen de horror vivido dentro de la organización. Impacto en el Congreso Estas declaraciones ponen en tela de juicio la idoneidad de quienes hoy ocupan cargos clave en la estructura de paz y derechos humanos del país. Los puntos principales de la controversia son: • Contradicción ética: El contraste entre el cargo actual de Ramírez (Derechos Humanos) y las acusaciones de tortura psicológica y maltrato infantil. • Justicia Transicional: El llamado a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tome medidas rigurosas frente a testimonios que detallan violencia sexual sistemática. • Reclasificación de la “hoja de vida”: Según la denunciante, el pasado criminal de estos actores no puede ser borrado por sus actuales roles legislativos. Hasta el momento, las oficinas de prensa de los congresistas mencionados no han emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones específicas de Deisy Dorelly Guanaro. 🔸#RunRunPolítico

#Justicia| La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en medio de una investigación por la presunta expedición de títulos universitarios falsos. Según el ente acusador, los hechos estarían relacionados con la emisión irregular de certificaciones académicas que habrían sido utilizadas para acreditar estudios superiores sin cumplir los requisitos legales. La conducta, de comprobarse, comprometería la fe pública y el sistema educativo. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía sostuvo que los implicados habrían participado en la elaboración y validación de documentos con información que no correspondía a la realidad, lo que habría permitido a terceros presentarlos como títulos legítimos ante distintas entidades. Pese a la gravedad de las imputaciones, ambos procesados decidieron no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en etapa judicial mientras se adelantan las pruebas y se define su situación jurídica. El caso abre un nuevo frente de atención sobre los mecanismos de control en instituciones educativas y el uso indebido de certificaciones académicas, un fenómeno que ha encendido alertas en distintos sectores por sus posibles implicaciones legales y profesionales. 🔸#RunRunPolítico

#Política| Un informe revelado por el diario El Tiempo desató una nueva tormenta política sobre el Gobierno de Gustavo Petro. La investigación señala que la administración habría comprometido más de $31 billones en contratos directos con organizaciones sociales mediante una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Según el reporte, se firmaron más de 80.000 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios y resguardos. Estas organizaciones, en muchos casos, tienen influencia territorial y política, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el uso de estos recursos en un año electoral. El mecanismo utilizado —las denominadas asociaciones público-populares— fue posteriormente tumbado por la Corte Constitucional por ir en contra de principios de transparencia en la contratación pública. A pesar de ello, el grueso de los recursos ya había sido comprometido. Las cifras detalladas muestran que más de $25 billones se destinaron a asociaciones comunales, más de $2 billones a consejos comunitarios y más de $1 billón a resguardos, entre otros. Sin embargo, el nivel de ejecución es bajo: una parte significativa de los contratos no aparece como terminada. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El exsenador Jorge Enrique Robledo advirtió que se trata de contratos que inducen a la corrupción, mientras otros sectores han señalado posibles fines electorales en la asignación de los recursos. El escándalo estalla en medio de la campaña presidencial de 2026 y revive el debate sobre la intervención del Ejecutivo en política, la transparencia en el gasto público y el uso de recursos del Estado en contextos electorales. 🔸#RunRunPolítico