Jean-Pierre Serna
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Jean-Pierre Serna
@jpserna
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Katılım Mayıs 2010
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#Economía| El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro tras sus críticas al sector constructor en medio de la crisis de vivienda.
“El Presidente solo ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo”, afirmó Herrera, al cuestionar el manejo fiscal del Gobierno y su impacto en el encarecimiento del crédito hipotecario.
Desde el gremio sostienen que el problema no radica en decisiones del Banco de la República, sino en el costo de la deuda pública. Con un déficit cercano al 6,4% del PIB y una deuda equivalente al 64%, los rendimientos de los TES se ubican alrededor del 13,7%, entre los más altos de economías emergentes.
Herrera explicó que estos niveles presionan directamente las tasas de interés de los créditos de vivienda. “El Gobierno está pagando esa deuda mucho más cara”, advirtió, señalando que esa dinámica encarece el acceso a vivienda para los colombianos.
La tensión se produce luego de que Petro calificara como “pendejos” a quienes compren vivienda en el contexto actual, lo que desató la reacción del gremio constructor.
Camacol también alertó por el deterioro del sector: las iniciaciones de obra cayeron 40,7% y las ventas retrocedieron 11% en el inicio de 2026, en un escenario marcado por el desmonte de programas como Mi Casa Ya y el aumento del costo del financiamiento.
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#Política| La viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, lanzó una declaración de alto impacto político al referirse al escenario electoral de 2026 y al papel del candidato Iván Cepeda.
“La única forma de que la muerte de Miguel haya valido la pena y que su muerte no sea en vano es evitar que Iván Cepeda llegue al Gobierno en las próximas elecciones, sin duda alguna”, afirmó en entrevista radial.
Tarazona también insistió en que el legado de su esposo debe convertirse en un factor de unidad nacional. “El nombre de Miguel tiene que servir para unirnos, para llegar a lo que verdaderamente necesitamos los colombianos: un país democrático, con libertad y seguridad”, sostuvo.
En sus declaraciones, fue más allá al señalar responsabilidades políticas en el contexto previo al magnicidio, afirmando que “para todos los colombianos es evidente la forma como el presidente Gustavo Petro instigó a Miguel durante tres años públicamente”.
Las afirmaciones se conocen en la misma semana en la que la Fiscalía confirmó que el asesinato del senador no fue un hecho aislado, sino una operación criminal estructurada atribuida a la Segunda Marquetalia, con participación de una red urbana para ejecutar el atentado.
El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, en medio de una campaña presidencial marcada por la polarización y el impacto de uno de los crímenes más sensibles de los últimos años en Colombia.
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#Geopolítica| La representante republicana María Elvira Salazar emitió una de sus declaraciones más contundentes al referirse a la situación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de la presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano.
“Hemos visto al señor Nicolás Maduro y a su esposa en una corte federal de los Estados Unidos. Estoy segura de que está pensando en las diferentes propuestas que le hizo la administración del presidente Trump antes de caer preso”, afirmó.
En su intervención, Salazar lanzó una advertencia directa a otros regímenes del hemisferio: “Háganle caso a la administración del presidente y sobre todo a la figura de Donald Trump, porque cuando dice algo lo hace”.
La congresista también extendió su mensaje hacia Cuba, al señalar que este episodio debe interpretarse como una señal para los gobiernos autoritarios de la región.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política internacional, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre un proceso judicial activo contra Maduro en una corte federal.
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#Elecciones2026| El candidato presidencial Abelardo De la Espriella sostuvo que Iván Cepeda no tiene opciones de imponerse en primera vuelta, y proyectó un escenario en el que ambos se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones de 2026.
“Lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en la primera vuelta”, afirmó durante una entrevista televisiva, en la que también insistió: “voy a pasar a segunda vuelta con Cepeda”.
De la Espriella descartó alianzas antes de la primera vuelta y aseguró que competirá directamente contra otras candidaturas del mismo espectro. “Voy a derrotar a Paloma y pasaré a segunda vuelta con Iván Cepeda”, sostuvo, marcando distancia frente a acuerdos anticipados.
En materia programática, planteó una agenda basada en seguridad, reducción del tamaño del Estado y reactivación económica. Anunció medidas como la fumigación de cultivos ilícitos con bioherbicidas, bombardeos a campamentos guerrilleros y la eliminación de la JEP, así como una reducción del Estado en un 40%.
Sobre su fórmula vicepresidencial, destacó el rol de José Manuel Restrepo como eje en política económica y relaciones internacionales. También afirmó que no cobrará salario como presidente y que gobernará desde las regiones.
El candidato enmarcó la contienda como una disputa ideológica directa con Cepeda, a quien calificó como su principal rival, y sostuvo que el desenlace dependerá del respaldo ciudadano en las urnas.
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#Deportes| El Comité Olímpico Internacional anunció una nueva política que redefinirá las reglas del deporte olímpico a partir de 2028, al establecer que solo atletas consideradas biológicamente mujeres podrán competir en la categoría femenina.
La medida se aplicará desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y responde —según el organismo— a un enfoque orientado a garantizar la equidad en las competencias de alto rendimiento.
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, respaldó la decisión y aseguró que el cambio se sustenta en criterios científicos y en la necesidad de preservar condiciones justas en el deporte.
Este giro marca una ruptura con políticas anteriores, en las que cada federación deportiva definía de manera autónoma las reglas de participación en categorías femeninas.
El anuncio ya genera reacciones divididas a nivel internacional: mientras algunos sectores lo consideran un paso hacia la equidad competitiva, otros advierten sobre su impacto en la inclusión dentro del deporte olímpico.
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Dice @petrogustavo que comprar casa en este momento es de "pendejos", por la tasa de interés tan cara.
Como siempre, la culpa siempre la tienen otros.
•A su hijo, no lo crió.
•Al avión de la fuerza aérea, fue culpa de Duque.
•Ahora la caída en las *ventas de vivienda*, culpa de la tasa de interés.
Pero la culpa es SUYA:
Suya por encarecer el crédito hipotecario con un mal manejo fiscal.
Suya porque el salario vital va hacer que aumente la inflación y eso hace que el @BancoRepublica , tenga que subir las tasas (Ese es el trabajo CONSTITUCIONAL del Banco de la Republica)
Suya porque debilitó Mi Casa Ya…y le quitó los subsidios de vivienda a las familias. Los subsidios son para las familias, no para los constructores (Dígale a su ministra @HelgaMaRivasAr que le explique eso).
*Para las familias la desgracia es no poder tener una vivienda, o haber ahorrado y no poder tener el subsidio que fue lo que usted logró. Eso sí le hace daño a las familias.*
Suya porque no supo perder, y terminó de desbaratar Mi Casa Ya, cuando el Congreso no le aprobó la reforma tributaria en 2024, y se vengó recortando el presupuesto de subsidios de vivienda.
Suya porque eliminó Semillero de Propietarios.
Y va a seguir siendo suya: Porque con declaraciones como esta, donde trata a los constructores como enemigos, destruye la confianza para construir vivienda.
Y con iniciativas como bajar los topes de la vivienda social, lo único que logra es que haya menos oferta. Al final, todo termina en lo mismo: La culpa de que hoy la vivienda sea un lujo y no un derecho es suya.
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@SandraComunes nombrada vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo siento asco. Es un rechazo profundo, una indignación tan hp.... No hay derecho😡👇
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#País| Una fuerte conmoción política han generado las recientes denuncias emitidas a través de su cuenta de la red social X, por parte de Deisy Dorelly Guanaro, quien señala directamente a la actual senadora y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sandra Ramírez (conocida como Sandra Comunes), y al congresista Pablo Catatumbo, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su infancia en las filas de las extintas FARC.
El crudo relato de los hechos
Guanaro, quien asegura haber sido víctima de reclutamiento forzado y violencia sexual, relató episodios sistemáticos de degradación humana. Según su testimonio, la hoy senadora Ramírez la habría obligado en múltiples ocasiones a desfilar en ropa interior frente a otros mandos guerrilleros, bajo la coacción de armas de fuego.
“En repetidas ocasiones, me obligó a desfilar en ropa interior frente a criminales... mientras me apuntaba con un fusil a la cabeza”, afirmó Guanaro en su declaración.
Acusaciones de violencia sexual
La denuncia escala a un nivel aún más crítico al mencionar a Pablo Catatumbo. La víctima sostiene que fue violada por el actual congresista cuando ella tenía apenas 12 años, señalando que estos actos formaban parte del régimen de horror vivido dentro de la organización.
Impacto en el Congreso
Estas declaraciones ponen en tela de juicio la idoneidad de quienes hoy ocupan cargos clave en la estructura de paz y derechos humanos del país. Los puntos principales de la controversia son:
• Contradicción ética: El contraste entre el cargo actual de Ramírez (Derechos Humanos) y las acusaciones de tortura psicológica y maltrato infantil.
• Justicia Transicional: El llamado a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tome medidas rigurosas frente a testimonios que detallan violencia sexual sistemática.
• Reclasificación de la “hoja de vida”: Según la denunciante, el pasado criminal de estos actores no puede ser borrado por sus actuales roles legislativos.
Hasta el momento, las oficinas de prensa de los congresistas mencionados no han emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones específicas de Deisy Dorelly Guanaro.
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#Justicia| La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en medio de una investigación por la presunta expedición de títulos universitarios falsos.
Según el ente acusador, los hechos estarían relacionados con la emisión irregular de certificaciones académicas que habrían sido utilizadas para acreditar estudios superiores sin cumplir los requisitos legales. La conducta, de comprobarse, comprometería la fe pública y el sistema educativo.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía sostuvo que los implicados habrían participado en la elaboración y validación de documentos con información que no correspondía a la realidad, lo que habría permitido a terceros presentarlos como títulos legítimos ante distintas entidades.
Pese a la gravedad de las imputaciones, ambos procesados decidieron no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en etapa judicial mientras se adelantan las pruebas y se define su situación jurídica.
El caso abre un nuevo frente de atención sobre los mecanismos de control en instituciones educativas y el uso indebido de certificaciones académicas, un fenómeno que ha encendido alertas en distintos sectores por sus posibles implicaciones legales y profesionales.
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#Política| Un informe revelado por el diario El Tiempo desató una nueva tormenta política sobre el Gobierno de Gustavo Petro. La investigación señala que la administración habría comprometido más de $31 billones en contratos directos con organizaciones sociales mediante una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el reporte, se firmaron más de 80.000 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios y resguardos. Estas organizaciones, en muchos casos, tienen influencia territorial y política, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el uso de estos recursos en un año electoral.
El mecanismo utilizado —las denominadas asociaciones público-populares— fue posteriormente tumbado por la Corte Constitucional por ir en contra de principios de transparencia en la contratación pública. A pesar de ello, el grueso de los recursos ya había sido comprometido.
Las cifras detalladas muestran que más de $25 billones se destinaron a asociaciones comunales, más de $2 billones a consejos comunitarios y más de $1 billón a resguardos, entre otros. Sin embargo, el nivel de ejecución es bajo: una parte significativa de los contratos no aparece como terminada.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El exsenador Jorge Enrique Robledo advirtió que se trata de contratos que inducen a la corrupción, mientras otros sectores han señalado posibles fines electorales en la asignación de los recursos.
El escándalo estalla en medio de la campaña presidencial de 2026 y revive el debate sobre la intervención del Ejecutivo en política, la transparencia en el gasto público y el uso de recursos del Estado en contextos electorales. 🔸#RunRunPolítico

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El riesgo es mayúsculo: convertir la primera vuelta en una guerra fratricida dentro del mismo sector, mientras el verdadero adversario —Iván Cepeda— avanza consolidando su narrativa, capitalizando la fragmentación y esperando un escenario ideal donde la derecha llegue debilitada, dividida y sin capacidad de reacción. Esa ha sido históricamente la gran ventaja del bloque de izquierda: su disciplina para alinearse en el momento clave.
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#Geopolítica| El contraste es tan simbólico como contundente. Nicolás Maduro pasó de movilizarse rodeado de caravanas oficiales como jefe del régimen venezolano, a ser trasladado bajo estricta custodia desde prisión hacia los tribunales federales de Nueva York y de regreso a su celda.
El exmandatario compareció por segunda vez ante la justicia estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo y otros delitos asociados al tráfico de drogas. Tras la audiencia, fueron devueltos a un centro de detención en Brooklyn, donde permanecen recluidos.
El proceso judicial apenas comienza y podría extenderse durante meses o incluso años, mientras se resuelven disputas clave como el acceso a recursos para su defensa y la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía.
De ser hallado culpable, Maduro enfrenta penas severas bajo la legislación estadounidense contra el narcoterrorismo, que contempla condenas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.
La escena de su traslado bajo custodia resume el giro radical de su situación: de ejercer el poder absoluto en Venezuela a depender ahora de un convoy penitenciario y de las decisiones de un tribunal federal en Estados Unidos.
El caso marca un precedente sin antecedentes en la región y deja abierta una conclusión inevitable: el desenlace judicial podría significar el fin definitivo de la carrera política del hombre que durante años concentró el poder en Venezuela.
📹 Cortesía: @AFP
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#Elecciones2026| La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia elevó el tono frente al escándalo que rodea al Ministerio de Igualdad. Su postura fue directa: el viceministro señalado por presunto acoso sexual debe apartarse del cargo.
Valencia cuestionó que este tipo de conductas se minimicen dentro del aparato estatal. A su juicio, no se puede permitir que situaciones de esta gravedad se normalicen ni se manejen con silencio institucional.
En su declaración, también hizo referencia a RTVC, al advertir que episodios similares habrían sido ignorados sin consecuencias claras, lo que —según su crítica— debilita la confianza en las instituciones.
El pronunciamiento se enmarca en una línea política que busca posicionar la defensa de las mujeres como eje central, pero con exigencias concretas de responsabilidad y consecuencias frente a denuncias.
El caso abre un nuevo frente de presión para el Gobierno, que deberá responder no solo en el plano judicial o disciplinario, sino también en el político, donde el costo de la inacción empieza a crecer.
La controversia, lejos de cerrarse, instala una discusión más amplia: la coherencia entre el discurso de igualdad y la forma en que el Estado responde cuando enfrenta denuncias que lo ponen a prueba.
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#Elecciones2026| La Misión de Observación Electoral encendió las alertas sobre la participación política de las mujeres en Colombia. Para el Congreso 2026-2030, la representación femenina quedó en 29,98 %, una cifra que, según la MOE, no solo muestra un freno en el avance, sino que incluso se ubica por debajo del nivel alcanzado en 2022.
La advertencia fue expuesta por Patricia Fernández Correa, coordinadora de calidad de elecciones de la MOE, quien insistió en que el cumplimiento de la cuota no se ha traducido en una participación efectiva en condiciones de igualdad. El problema, de fondo, sigue siendo la forma como se integran las listas y las barreras que frenan el acceso real de las mujeres a cargos de elección.
El diagnóstico es todavía más severo en el plano territorial. La participación de mujeres llega apenas al 18 % en gobernaciones, al 13 % en alcaldías y se desploma al 4 % en alcaldías de ciudades capitales, un dato que deja al descubierto una brecha más profunda justo en los espacios donde se concentra el poder político y administrativo.
La lectura que deja el informe es contundente: a mayor nivel de poder, menor presencia femenina. En otras palabras, la política colombiana sigue cumpliendo formalidades, pero no resuelve el problema estructural de acceso de las mujeres a las posiciones de mando.
Fernández Correa hace parte del equipo directivo de la MOE como coordinadora de calidad de elecciones, cargo desde el cual ha seguido de cerca los indicadores sobre inclusión y calidad democrática en el país. Su señal de alarma apunta a que la discusión ya no puede quedarse solo en el cumplimiento numérico de cuotas, sino en la efectividad real de esas reglas.
El reporte vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: Colombia no ha logrado romper el techo político para las mujeres. Se abren espacios en el papel, pero el acceso al poder sigue siendo estrecho, desigual y claramente insuficiente.
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El verdadero error: una guerra interna que le abre el camino a Iván Cepeda. Si Paloma y Abelardo se destruyen, la derecha se entrega sola. En política, dividir es perder… y el país puede pagarlo caro.
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#Elecciones2026| En la campaña presidencial de 2018, el entonces candidato Gustavo Petro aseguró que “el día que alguien se niegue al debate no es un demócrata y que sería un inmenso peligro para la democracia elegir a alguien que se niegue a debatir”.
¿Será que ya escuchó a su candidato Iván Cepeda anunciando que no asistirá a debates?
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