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LAS METAS FISCALES QUE EXIGE EL FMI PARA 2026 SON IMPOSIBLES DE CUMPLIR PARA EL GOBIERNO Y MUCHO MENOS PODRÍAN RESISTIRLAS LAS FAMILIAS ECUATORIANAS. LA MINISTRA DE FINANZAS DEBIÓ EXIGIR SU REFORMULACIÓN El acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional exige una consolidación fiscal acelerada que no corresponde con la capacidad real de la economía ecuatoriana. El problema no es únicamente contable. Es económico, social y político. El programa supone que el país puede reducir drásticamente su déficit, elevar ingresos, contener gasto, sostener crecimiento, proteger a los sectores vulnerables y mantener estabilidad social al mismo tiempo. Esa combinación no es realista para una economía de baja productividad, elevada informalidad y fuerte fragilidad social. El propio informe del FMI reconoce que las metas fiscales de 2025 no se cumplieron. En el Sector Público No Financiero, el programa proyectaba un déficit global de USD 1.589 millones, equivalente a 1,2 % del PIB. Sin embargo, el déficit efectivo llegó a USD 3.755 millones, equivalente a 2,9 % del PIB. La desviación fue de USD 2.166 millones, es decir, 1,7 puntos porcentuales del PIB. En términos relativos, el déficit observado fue aproximadamente 136 % superior al previsto. El incumplimiento también se observa en el saldo primario no petrolero incluidos los subsidios a los combustibles. El FMI había previsto un déficit de USD 5.356 millones, equivalente a 4,1 % del PIB, pero el resultado efectivo fue de USD 6.635 millones, equivalente a 5,1 % del PIB. La diferencia fue de USD 1.279 millones, cerca de 1,0 punto porcentual del PIB. En el Gobierno Central medido por el FMI para efectos del programa, es decir, el Presupuesto General del Estado más la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, CFDD, el déficit previsto era de USD 4.072 millones, equivalente a 3,1 % del PIB. El resultado efectivo fue de USD 5.584 millones, equivalente a 4,3 % del PIB. La desviación fue de USD 1.512 millones, equivalente a 1,2 puntos porcentuales del PIB. Esta precisión es necesaria porque el PGE más CFDD no equivale únicamente al Presupuesto General del Estado legalmente aprobado. Es una medición fiscal del programa con el FMI que agrega una cuenta vinculada al financiamiento de derivados de petróleo para evaluar de manera más completa el resultado fiscal del Gobierno Central. El problema no fue marginal. El Ecuador incumplió las metas fiscales de 2025 por una desviación sustantiva tanto en dólares como en proporción del PIB. El propio FMI atribuye ese deterioro a menores ingresos petroleros, mayor uso de créditos tributarios y mayor gasto compensatorio asociado a la reforma del subsidio al diésel. Para 2026, el programa exige una corrección todavía más fuerte. El FMI proyecta que el déficit global del Sector Público No Financiero baje desde USD 3.755 millones en 2025 hasta USD 608 millones en 2026. Esto supone una reducción de USD 3.147 millones en un solo año. Como porcentaje del PIB, el déficit debería bajar de 2,9 % a 0,4 %, es decir, una reducción de 2,5 puntos porcentuales del PIB. El ajuste también es extremadamente severo en el saldo primario. El FMI proyecta que el saldo primario del Sector Público No Financiero pase de un déficit de USD 2.204 millones en 2025, equivalente a 1,7 % del PIB, a un superávit de USD 1.241 millones en 2026, equivalente a 0,9 % del PIB. Esto implica una corrección fiscal de USD 3.445 millones y un ajuste de 2,6 puntos porcentuales del PIB en solo un año. En el saldo primario no petrolero incluidos los subsidios a los combustibles, el FMI proyecta que el déficit pase de USD 6.635 millones en 2025, equivalente a 5,1 % del PIB, a USD 4.540 millones en 2026, equivalente a 3,3 % del PIB. Esto implica una mejora de USD 2.095 millones y de 1,8 puntos porcentuales del PIB. En el Gobierno Central medido por el FMI como PGE más CFDD, el déficit debería bajar desde USD 5.584 millones en 2025 hasta USD 3.090 millones en 2026. La reducción exigida es de USD 2.494 millones en un solo año. Como porcentaje del PIB, el ajuste implicaría pasar de un déficit equivalente a 4,3 % del PIB a cerca de 2,2 % del PIB. La dificultad central radica en que el ajuste depende de supuestos extraordinariamente optimistas. El FMI espera que los ingresos públicos suban de 35,5 % del PIB en 2025 a 37,3 % del PIB en 2026, mientras el gasto debe bajar de 38,4 % del PIB a 37,8 % del PIB. Es decir, el ajuste exige simultáneamente mayor recaudación y menor gasto público, en una economía donde amplios sectores de la población ya enfrentan ingresos bajos, consumo restringido, limitada capacidad contributiva y carencia efectiva de servicios esenciales. La magnitud de esta exigencia podría destruir económicamente a los sectores pobres y volver políticamente inviable la gestión de cualquier gobierno. La responsabilidad principal recae en la ministra de Economía y Finanzas. No debía aceptar metas fiscales de esta magnitud sin una negociación más firme, más técnica y más favorable para el Ecuador. Su tarea era demostrar ante el Fondo Monetario Internacional que la senda de consolidación exigida no es cumplible en los plazos planteados y que, incluso si llegara a cumplirse, tendría un costo económico y social extremadamente grave. Una contracción fiscal de esta magnitud afectaría el crecimiento, reduciría la demanda interna, restringiría la inversión pública y trasladaría el peso del ajuste hacia los sectores de menores ingresos. También limitaría severamente la capacidad del gobierno para impulsar la actividad económica, mejorar el empleo y atender necesidades sociales urgentes. El ajuste no sería neutral. Golpearía con mayor fuerza a las familias pobres y vulnerables, que ya enfrentan ingresos insuficientes, empleo precario, informalidad, bajo consumo y carencia efectiva de servicios esenciales. En esas condiciones, un ajuste abrupto profundizaría la pobreza, agravaría la inmovilidad social y debilitaría la sostenibilidad política y social del programa económico. El propio informe del FMI muestra que el crecimiento de 2025 fue de 3,7 %, pero proyecta una desaceleración a 2,5 % en 2026. Esto confirma que la senda de ajuste no fortalecería el crecimiento, sino que le restaría impulso. La recuperación de 2025 no fue solo un rebote estadístico. También estuvo asociada a demanda interna, gasto, compensaciones y condiciones que sostuvieron la actividad. Pretender que en 2026 se mantengan estabilidad fiscal y crecimiento con una contracción más severa implica subestimar el efecto del gasto público en una economía frágil. Ecuador no debía limitarse a aceptar las metas del acuerdo. Debía exigir una reformulación de la senda fiscal, con plazos más amplios, metas intermedias realistas, protección de la inversión pública estratégica, financiamiento multilateral neto positivo y una consolidación vinculada al crecimiento efectivo. La sostenibilidad fiscal no puede construirse debilitando las bases del crecimiento, restringiendo la inversión pública y cargando el ajuste sobre la población más vulnerable. Las metas fiscales que el FMI exige al Ecuador para 2026 no son posibles de cumplir bajo las condiciones económicas y sociales actuales. No las puede cumplir el gobierno sin afectar severamente la economía real, y mucho menos pueden soportarlas las familias ecuatorianas pobres y vulnerables, que ya viven bajo condiciones de alta precariedad. La ministra de Finanzas tenía la obligación de advertirlo, sustentarlo técnicamente y exigir su reformulación. Aceptar metas imposibles no fortalece la credibilidad fiscal del país. La debilita, porque obliga a un programa que tarde o temprano deberá ser incumplido, corregido o sostenido a costa de un deterioro económico y social inadmisible. Econ. Marco Flores T. Mayo 10 de 2026 Fuente: Fondo Monetario Internacional. Ecuador. Fifth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. Abril de 2026.

Esta semana se ejecutarán decisiones necesarias para fortalecer la lucha por el país. Se han realizado cambios en el gabinete en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no. En la cartera de salud, el Dr. Jaime Bernabé Erazo asumirá la cartera de forma inmediata. En el ámbito energético, tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril. Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país. En el ámbito de seguridad, reconociendo los resultados de las fuerzas del orden en el último estado de excepción, se dispone toque de queda desde las 23h00 hasta las 05h00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo, en las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar). Y para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias.

LAS METAS FISCALES QUE EXIGE EL FMI PARA 2026 SON IMPOSIBLES DE CUMPLIR PARA EL GOBIERNO Y MUCHO MENOS PODRÍAN RESISTIRLAS LAS FAMILIAS ECUATORIANAS. LA MINISTRA DE FINANZAS DEBIÓ EXIGIR SU REFORMULACIÓN El acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional exige una consolidación fiscal acelerada que no corresponde con la capacidad real de la economía ecuatoriana. El problema no es únicamente contable. Es económico, social y político. El programa supone que el país puede reducir drásticamente su déficit, elevar ingresos, contener gasto, sostener crecimiento, proteger a los sectores vulnerables y mantener estabilidad social al mismo tiempo. Esa combinación no es realista para una economía de baja productividad, elevada informalidad y fuerte fragilidad social. El propio informe del FMI reconoce que las metas fiscales de 2025 no se cumplieron. En el Sector Público No Financiero, el programa proyectaba un déficit global de USD 1.589 millones, equivalente a 1,2 % del PIB. Sin embargo, el déficit efectivo llegó a USD 3.755 millones, equivalente a 2,9 % del PIB. La desviación fue de USD 2.166 millones, es decir, 1,7 puntos porcentuales del PIB. En términos relativos, el déficit observado fue aproximadamente 136 % superior al previsto. El incumplimiento también se observa en el saldo primario no petrolero incluidos los subsidios a los combustibles. El FMI había previsto un déficit de USD 5.356 millones, equivalente a 4,1 % del PIB, pero el resultado efectivo fue de USD 6.635 millones, equivalente a 5,1 % del PIB. La diferencia fue de USD 1.279 millones, cerca de 1,0 punto porcentual del PIB. En el Gobierno Central medido por el FMI para efectos del programa, es decir, el Presupuesto General del Estado más la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, CFDD, el déficit previsto era de USD 4.072 millones, equivalente a 3,1 % del PIB. El resultado efectivo fue de USD 5.584 millones, equivalente a 4,3 % del PIB. La desviación fue de USD 1.512 millones, equivalente a 1,2 puntos porcentuales del PIB. Esta precisión es necesaria porque el PGE más CFDD no equivale únicamente al Presupuesto General del Estado legalmente aprobado. Es una medición fiscal del programa con el FMI que agrega una cuenta vinculada al financiamiento de derivados de petróleo para evaluar de manera más completa el resultado fiscal del Gobierno Central. El problema no fue marginal. El Ecuador incumplió las metas fiscales de 2025 por una desviación sustantiva tanto en dólares como en proporción del PIB. El propio FMI atribuye ese deterioro a menores ingresos petroleros, mayor uso de créditos tributarios y mayor gasto compensatorio asociado a la reforma del subsidio al diésel. Para 2026, el programa exige una corrección todavía más fuerte. El FMI proyecta que el déficit global del Sector Público No Financiero baje desde USD 3.755 millones en 2025 hasta USD 608 millones en 2026. Esto supone una reducción de USD 3.147 millones en un solo año. Como porcentaje del PIB, el déficit debería bajar de 2,9 % a 0,4 %, es decir, una reducción de 2,5 puntos porcentuales del PIB. El ajuste también es extremadamente severo en el saldo primario. El FMI proyecta que el saldo primario del Sector Público No Financiero pase de un déficit de USD 2.204 millones en 2025, equivalente a 1,7 % del PIB, a un superávit de USD 1.241 millones en 2026, equivalente a 0,9 % del PIB. Esto implica una corrección fiscal de USD 3.445 millones y un ajuste de 2,6 puntos porcentuales del PIB en solo un año. En el saldo primario no petrolero incluidos los subsidios a los combustibles, el FMI proyecta que el déficit pase de USD 6.635 millones en 2025, equivalente a 5,1 % del PIB, a USD 4.540 millones en 2026, equivalente a 3,3 % del PIB. Esto implica una mejora de USD 2.095 millones y de 1,8 puntos porcentuales del PIB. En el Gobierno Central medido por el FMI como PGE más CFDD, el déficit debería bajar desde USD 5.584 millones en 2025 hasta USD 3.090 millones en 2026. La reducción exigida es de USD 2.494 millones en un solo año. Como porcentaje del PIB, el ajuste implicaría pasar de un déficit equivalente a 4,3 % del PIB a cerca de 2,2 % del PIB. La dificultad central radica en que el ajuste depende de supuestos extraordinariamente optimistas. El FMI espera que los ingresos públicos suban de 35,5 % del PIB en 2025 a 37,3 % del PIB en 2026, mientras el gasto debe bajar de 38,4 % del PIB a 37,8 % del PIB. Es decir, el ajuste exige simultáneamente mayor recaudación y menor gasto público, en una economía donde amplios sectores de la población ya enfrentan ingresos bajos, consumo restringido, limitada capacidad contributiva y carencia efectiva de servicios esenciales. La magnitud de esta exigencia podría destruir económicamente a los sectores pobres y volver políticamente inviable la gestión de cualquier gobierno. La responsabilidad principal recae en la ministra de Economía y Finanzas. No debía aceptar metas fiscales de esta magnitud sin una negociación más firme, más técnica y más favorable para el Ecuador. Su tarea era demostrar ante el Fondo Monetario Internacional que la senda de consolidación exigida no es cumplible en los plazos planteados y que, incluso si llegara a cumplirse, tendría un costo económico y social extremadamente grave. Una contracción fiscal de esta magnitud afectaría el crecimiento, reduciría la demanda interna, restringiría la inversión pública y trasladaría el peso del ajuste hacia los sectores de menores ingresos. También limitaría severamente la capacidad del gobierno para impulsar la actividad económica, mejorar el empleo y atender necesidades sociales urgentes. El ajuste no sería neutral. Golpearía con mayor fuerza a las familias pobres y vulnerables, que ya enfrentan ingresos insuficientes, empleo precario, informalidad, bajo consumo y carencia efectiva de servicios esenciales. En esas condiciones, un ajuste abrupto profundizaría la pobreza, agravaría la inmovilidad social y debilitaría la sostenibilidad política y social del programa económico. El propio informe del FMI muestra que el crecimiento de 2025 fue de 3,7 %, pero proyecta una desaceleración a 2,5 % en 2026. Esto confirma que la senda de ajuste no fortalecería el crecimiento, sino que le restaría impulso. La recuperación de 2025 no fue solo un rebote estadístico. También estuvo asociada a demanda interna, gasto, compensaciones y condiciones que sostuvieron la actividad. Pretender que en 2026 se mantengan estabilidad fiscal y crecimiento con una contracción más severa implica subestimar el efecto del gasto público en una economía frágil. Ecuador no debía limitarse a aceptar las metas del acuerdo. Debía exigir una reformulación de la senda fiscal, con plazos más amplios, metas intermedias realistas, protección de la inversión pública estratégica, financiamiento multilateral neto positivo y una consolidación vinculada al crecimiento efectivo. La sostenibilidad fiscal no puede construirse debilitando las bases del crecimiento, restringiendo la inversión pública y cargando el ajuste sobre la población más vulnerable. Las metas fiscales que el FMI exige al Ecuador para 2026 no son posibles de cumplir bajo las condiciones económicas y sociales actuales. No las puede cumplir el gobierno sin afectar severamente la economía real, y mucho menos pueden soportarlas las familias ecuatorianas pobres y vulnerables, que ya viven bajo condiciones de alta precariedad. La ministra de Finanzas tenía la obligación de advertirlo, sustentarlo técnicamente y exigir su reformulación. Aceptar metas imposibles no fortalece la credibilidad fiscal del país. La debilita, porque obliga a un programa que tarde o temprano deberá ser incumplido, corregido o sostenido a costa de un deterioro económico y social inadmisible. Econ. Marco Flores T. Mayo 10 de 2026 Fuente: Fondo Monetario Internacional. Ecuador. Fifth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. Abril de 2026.

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