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La activista anticorrupción Mónika Silva volvió a poner bajo cuestionamiento al contralor Mauricio Torres al denunciar presuntos vínculos de su entorno familiar y político dentro de la propia Contraloría, la Judicatura y la Fiscalía. Esta vez, el señalamiento se concentra en Priscilla Alexandra Mendoza Estrada, a quien identifica como ex pareja de Mario Godoy y cuya incorporación a la Contraloría, destinada a una auditoría interna vinculada al Cuerpo de Bomberos de Quito, fue presentada como un nuevo indicio de favores cruzados dentro del sistema de control. Según la denuncia difundida, la versión habría sido confirmada por un funcionario de la propia Contraloría, quien aseguró que “no se trata de Larrea Cruz; la exmujer de Godoy a la que Mauricio Torres ayudó a ingresar a la Contraloría es Priscilla Alexandra Mendoza Estrada. El Contralor pedía que con esta señora nadie se metiera porque era la mujer o exmujer de Godoy”. En los últimos meses, Silva ya había pedido a la Asamblea investigar una presunta red de nepotismo y tráfico de influencias alrededor de Mauricio Torres, mencionando familiares y personas cercanas del contralor en instituciones clave del Estado. Esa ofensiva derivó incluso en una demanda por injurias presentada por Torres contra la activista, un antecedente que coloca el caso en el terreno de la fiscalización ciudadana y de los límites del escrutinio público sobre altas autoridades. Dentro de esa misma serie de señalamientos, apareció otra acusación reciente: el primo de la cónyuge del contralor habría sido contratado por la propia Contraloría el 1 de abril de 2025. Silva plantea que el problema no se agota en una discusión legal sobre nepotismo, sino en la acumulación de nombres cercanos al entorno del contralor en cargos estratégicos, algo que, según su lectura, compromete la imparcialidad institucional. La respuesta oficial de la institución no negó de forma específica esos señalamientos. En un comunicado difundido el 8 de abril, Contraloría sostuvo que enfrenta una “campaña de desprestigio” y “ataques mediáticos” activados a partir de recientes informes y exámenes, y atribuyó esas publicaciones a intentos de desinformación contra la máxima autoridad y su entorno familiar. Por: @iarandrader
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Apoyar a Gustavo Petro siendo ecuatoriano debería ser un delito penado con cárcel, o por lo menos, con la remoción de la ciudadanía ecuatoriana.
cuando empiece a sonar merry go round y yo esté asi con los de seguridad del concierto
