Beatriz Martinez

La Ley de Financiamiento Universitario (27.795) fue aprobada y ratificada por el Congreso en octubre del año pasado. El Gobierno la suspendió. Desde 2023, el financiamiento real a las universidades cayó casi un 30%, partiendo de niveles que ya eran insuficientes. Esta ley corrige en parte esa inequidad. Un recorte de esta magnitud pone en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario público y, con él, el futuro del país. No hay progreso sin educación pública de calidad. Cumplir la ley no es una opción ni depende de la voluntad del Ejecutivo: es una obligación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación representa solo el 0,23% del PBI. Es un monto manejable reasignando partidas presupuestarias sin afectar el equilibrio fiscal. Gobernar es priorizar en tiempos de escasez. Mendoza ha puesto en primer lugar la educación a lo largo de 10 años de gestión, mejorando infraestructura y compensando con recursos propios los recortes de fondos nacionales. Espero que el Gobierno Nacional haga de la educación pública una verdadera prioridad: garantizando su financiamiento, pero también promoviendo un diálogo serio y constructivo con las universidades para fortalecer un sistema universitario público y gratuito que es clave para el desarrollo del país.