Constitucion Española
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Fuentes policiales me adelantan estos datos. En solo dos meses (enero y febrero), España ha registrado 21.671 solicitudes de asilo y protección internacional. De ellas, 20.592 (el 95 %) se presentaron en territorio nacional, no en fronteras. Miles de inmigrantes llegaron en avión, pisaron suelo español y solicitaron asilo de inmediato. El perfil mayoritario es joven: 10.958 solicitantes tienen entre 18 y 34 años. Por países, Venezuela concentra 13.727 solicitudes (casi el 63 % del total), seguida de Mali, Colombia, Nicaragua y Marruecos. Las cifras se acumulan especialmente en Madrid (7.041), Barcelona, Andalucía y Cataluña. España afronta desde hace años un problema grave de inmigración ilegal por tierra y mar, especialmente desde África. Ahora y desde hace años, se suma una ruta por aire que se está descontrolando a cuotas inasumibles. Esta vía no puede ignorarse, pues se está consolidando como un fraude sistemático al derecho de asilo. Aprovechando el colapso de la Oficina de Asilo y Refugio —que tarda meses o años en resolver—, los solicitantes obtienen un permiso provisional que les permite permanecer en España pese a haber entrado sin los requisitos de una inmigración ordenada. El sistema de protección internacional en España está siendo preso de un fraude sistemático. Quienes hipotéticamente puedan huir de una persecución verían retrasadas sus solicitudes, mientras crece el efecto llamada y se dilapidan recursos públicos en la tramitación de solicitudes ilícitas. Con más de 10.800 solicitudes al mes solo por esta vía, el volumen ya resulta insostenible. Es imperativo reconocer que la inmigración ilegal también llega en vuelos regulares y se está descontrolando. España debe controlar determinantemente todas las entradas ilegales —por tierra, mar y aire— si quiere preservar la integridad del sistema de asilo, la sostenibilidad de sus recursos, su soberanía y, por encima de todo, su seguridad nacional.

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