Así no debería verse la política. El trato inhumano y humillante que está recibiendo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, deja cada vez más claro que este caso ha tomado un rumbo político y no únicamente jurídico. Permanece en una cárcel de máxima seguridad sin sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que toda medida cautelar debe ser proporcional, necesaria y respetuosa de la dignidad humana. Aquí no se discute si debe o no ser investigado. Toda autoridad pública debe responder ante la justicia cuando existan señalamientos en su contra. Lo que está en debate es si el juicio que enfrenta respeta realmente el debido proceso y los derechos humanos. Nada justifica tratos degradantes ni humillaciones públicas. Primero fue el operativo violento en su domicilio, exponiendo a su esposa y a sus hijos menores frente a hombres armados con fusiles por una supuesta inconsistencia del grillete electrónico. Después vino el traslado a El Encuentro, un centro penitenciario donde permanecen algunos de los reos más peligrosos del país. Las imágenes que hoy circulan muestran deterioro, humillación y sometimiento. ¿Por qué la drástica pérdida de peso? ¿Por qué los obstáculos y la falta de comunicación denunciados por su defensa? ¿Por qué mantener a un alcalde en funciones completamente aislado en una cárcel de máxima seguridad? El Estado tiene la obligación de investigar, pero también de garantizar la integridad física y psicológica de toda persona privada de libertad. Cuando la prisión preventiva empieza a parecer castigo anticipado, la línea entre justicia y persecución se vuelve cada vez más delgada. Hace pocos días, un reo apareció muerto en la misma cárcel y hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial claro. Distintas fuentes aseguran que serían más. 📌 Esto va más allá de cualquier diferencia política. Se trata de humanidad, legalidad y democracia.
