David Miranda@davmiranda
La noticia es que la Comisión Europea critica la “arquitectura” del Impuesto sobre el Patrimonio.
(i) España es una anomalía.
Somos el único Estado miembro que conserva esta excrecencia histórica, junto con Noruega (aunque su tipo máximo es del 1,1% vs el 3,5% en España)
Los demás miembros del club europeo lo han derogado (Francia en 2018; Alemania en 1997…) por las mismas razones: recauda poco, distorsiona mucho y expulsa capitales y ahorro.
(ii) No grava riqueza nueva, grava la misma renta 2, 3, 4… (infinitas) veces (hasta que te deshagas de tu ahorro).
El IP recae sobre activos que ya tributaron cuando se generaron.
No grava nueva capacidad económica; grava el mismo puñetero euro cada año, por el hecho de ahorrarlo o tenerlo invertido.
(iii) Su tradicional descentralización castiga, más o menos, en función de tu residencia fiscal y fomenta la fuga de capitales a las regiones con IP má bajo (razón por la que el mayor impulsor de la alternativa centralista del ISGF ha sido el nacionalismo “trincaire” catalán, que siempre se ha comportado como el auténtico perro del hortelano – ni come, ni deja comer –).
Si respondiera a un criterio serio de capacidad contributiva, no dependería de dónde está empadronado el contribuyente a 31 de diciembre.
(iv) Su principal efecto medible no es redistribuir riqueza, sino expulsarla.
¿Cuántos grandes patrimonios (deportistas de élite, artistas, influencers…) han huido de España por su fiscalidad expropiatoria, dejando de contribuir a las arcas de Hacienda?
Al ser España la anomalía, el contribuyente con alta capacidad económica tiene infinidad de alternativas en las que establecerse.
A mí que me busquen en algún lugar tropical en cuanto me jubile.
(v) El IP/ISGF no grava a los “ricos de verdad”, sino al profesional cualificado con sueldo alto y cierta capacidad de ahorro.
O sea, la clase media-alta que, previamente ya ha sufrido el expolio de c. 50% de la riqueza que genera vía IRPF.
La clase alta de verdad – los ricos que viven fundamentalmente de rentas del capital – está protegida por la exención de empresa familiar.
Exención que es imposible de eliminar salvo que el Gobierno aspire a que las grandes empresas familiares españolas acaben en manos de multinacionales o fondos extranjeros, por la necesidad de vender acciones para pagar el impuesto.
En definitiva, un impuesto injusto, expropiatorio, que recauda poco y, sin embargo, fomenta la fuga de capitales, ahorro e inversión – que no es algo de lo que vayamos sobrados en España –.
Dixit
