El debate que hoy está sobre la mesa a partir del caso de Grupo Xcaret no es menor. Lo que se está discutiendo es si una empresa puede utilizar elementos de la cultura maya —símbolos, narrativas y representaciones— con fines turísticos, y bajo qué condiciones. Detrás hay una pregunta de fondo: si ese uso requiere autorización de los pueblos originarios y quién tiene la legitimidad para otorgarla. La reciente intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelve aún el fondo, pero sí envía una señal clara: la protección del patrimonio cultural puede prevalecer, incluso de forma preventiva, sobre la actividad económica. Como ex Secretario de Turismo, es fundamental poner esto en contexto. En México, turismo y cultura son inseparables: eso es lo que el mundo viene a buscar. Por eso preocupa abrir un espacio de incertidumbre sobre cómo se puede promover nuestra riqueza cultural. El turismo genera empleo, impulsa desarrollo regional y reduce pobreza. En un entorno global competido, con retos internos como la seguridad, añadir incertidumbre jurídica a este sector puede tener consecuencias irreparables. Además, este criterio no impacta solo a una empresa. Una interpretación restrictiva podría alcanzar proyectos del propio Estado como el Tren Maya y la operación de los hoteles asociados, que también se apoyan en la narrativa cultural de lo maya. Si no hay reglas claras sobre quién autoriza el uso de estos elementos, se incrementa la incertidumbre y se pone en riesgo la viabilidad de proyectos que ya enfrentan presiones financieras. La cultura debe protegerse, sí, pero también debe ser una fuente de bienestar. México necesita reglas claras para lograr ambas cosas sin debilitar una de sus mayores fortalezas.
