🦉𝕰𝖉𝖚𝖆𝖗𝖉𝖔 𝕭. 𝕷. ☝🏻✍🏻

El caso Progen expone un contrato cuestionado y una emergencia eléctrica mal planteada.

Fiscalía está ocultando información. Los actores del caso Progen operaron con prácticas propias de las mafias: poder, presión, silencio y protección. Mientras el país vivía apagones y millones de ecuatorianos sufrían cortes de luz, detrás del discurso de la “emergencia” se firmaban contratos millonarios irregulares. La Fiscalía investiga un peculado con un perjuicio superior a los 100 millones de dólares para el Estado. Generadores que no funcionaban, pagos excesivos, contratos truchos y nombres de altos funcionarios forman parte del Caso Apagón. Pero no todos están siendo investigados. Lo más grave es que la fiscal María Luzmila Lluglla recibió denuncias, pruebas, videos y fotografías sobre quiénes dieron las órdenes. Sin embargo, esa documentación quedó fuera del expediente. Ahora, como represalia, investigan a operadores de menor rango que, según las denuncias, fueron amenazados de muerte y obligados a firmar documentos. Esto deja en evidencia cómo un gobierno, en medio de una crisis nacional y mientras millones de ciudadanos sufrían las consecuencias de los cortes de energía eléctrica, permitió que la emergencia se convirtiera en un negocio. Y cuando el poder utiliza el Estado para beneficiar intereses particulares, estamos frente a un sistema capaz de jugar con la vida, la desesperación y el sufrimiento de los ecuatorianos.

Negocio millonario. Los envíos de dinero al exterior son importantísimos. Esto no debe seguir así.