Como vocero de Alianza para el Progreso (APP), expreso nuestro rechazo al reportaje difundido por Latina, que formula imputaciones graves sin presentar pruebas que las respalden.
Respecto a la contratación de afiliados de APP en el MINSA, corresponde precisar que la afiliación política no limita el derecho constitucional de ningún ciudadano a trabajar ni a ejercer función pública, siempre que cumpla con los requisitos legales. Cuestionar a profesionales únicamente por su militancia resulta discriminatorio y contrario a los principios democráticos.
En relación con las modificaciones al acceso al SERUMS, estas respondieron a la necesidad de evitar costos excesivos para miles de estudiantes y garantizar un sistema más equitativo para egresados de todas las universidades del país. No existe sustento para afirmar que dicha medida haya tenido un propósito particular.
Finalmente, debe señalarse que, a la fecha, no existe investigación ni evidencia que acredite los supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias o reparto de cuotas de poder que se sugieren.
APP reafirma su compromiso con la institucionalidad y exige que el debate público se sustente en hechos verificables.
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