Erwin Siccha

La justicia constitucional acaba de declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Martín Vizcarra y acaba de reconocer que su detención es arbitraria y ordena a la 3ra Sala Penal de Apelaciones Nacional que vuelva a evaluar la suspensión de su condena.

Sobre el caso de Ollanta Humala Uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho es el principio de igualdad. En el sector justicia se refleja como la obligación de jueces y fiscales de dar un tratamiento similar a situaciones de hecho similares. En el caso del expresidente Humala, este principio-derecho viene siendo soslayado. La razón es que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han resuelto situaciones similares y han señalado que los simples aportes de campaña no constituyen delito de lavado de activos. La vigencia de su prisión, por tanto, es absolutamente arbitraria e inconstitucional.

En el caso del expresidente Pedro Castillo, en sus actuales circunstancias, no procede un indulto, al no existir una sentencia condenatoria firme en su contra (está pendiente su apelación). Sin embargo, sí procedería un derecho de gracia, el cual puede darse de oficio y recae sobre cualquier proceso penal en trámite. Esa es su posibilidad jurídicamente correcta, salvo que se desista de su apelación ante la Corte Suprema.

En defensa de Martín Vizcarra (situación que se repite para todos los expresidentes que se encuentran en EP Barbadillo) se ha interpuesto la denuncia penal correspondiente contra Henry García (funcionario del INPE) que sin autorización tomó las fotografías filtradas a la prensa) por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. En un Estado de Derecho, máxime si ninguno de los afectados tiene una sentencia firme, no se restringe el derecho fundamental a la intimidad y a la dignidad humana. El denunciado y los que resulten responsables deben ser procesados por filtrar fotos personales que expresamente el expresidente Vizcarra cuestionó en el desarrollo de la requisa. A su vez, no es admisible que en aproximadamente 24 horas se haya realizado tres requisas, aun cuando la primera se realizó con normalidad, sin ningún contratiempo, y no existían razones objetivas para realizar dos adicionales. Finalmente, es importante recordar que el Reglamento del Código de Ejecución Penal en el artículo 69 señala que es obligatoria la presencia de Ministerio Público en registros o revisiones súbitas o extraordinarias. Ello revela inconducta funcional del denunciado y la verdadera finalidad de las requisas: ser una cortina de humo. El abuso de autoridad y la violación a la intimidad son patentes. Se llegaran a las últimas consecuencias.

@Veroflamencos La belleza cultural de la iglesia católica es sin igual

LA BELLEZA DEL CATOLICISMO Serva ordinem et ordo servabit te En el Cónclave del 2013, apenas comenzaba el fenómeno de redes sociales. Típicamente la gente presenciaba la elección del nuevo Papa sintonizando televisión abierta. Hoy, la experiencia es diferente. El mundo entero está conectado, presenciando en tiempo real uno de los eventos más importante de la Iglesia Católica. Las redes están inundadas con publicaciones de personas no-Católicas mostrando su asombro ante la solemnidad, la majestuosidad y la belleza del Catolicismo. Ante un mundo que promueve la fealdad, el órden, la esencia y la estética Católica permanecen y dejan a todos sin aliento.

D. Entre las excepciones se tiene el retardo injustificado y el daño irreparable. Sobre lo primero, el retardo de la justicia no puede imputarse a VC y, con relación a lo segundo, la demora generaba un daño irreparable para un persona contra quien pesaba una orden de captura.

C. Lo debatible es si se agotaron los recursos en la vía penal, dado que Cerrón interpuso recurso de casación y está pendiente la emisión de la sentencia de fondo. Empero, la CADH ha establecido criterios para determinar excepciones, que considero concurren en este caso.

Reflexiones sobre la anulación de la condena de Vladimir Cerrón: A. La decisión del TC, en cuanto a los defectos de motivación sobre la prescripción, es jurídicamente correcta. Si el MP precisa un momento del acuerdo colusorio, la prescripción debe computarse a partir de ello (1)

Quinto. Ahora los recursos de casación también podrán versar sobre autos que denieguen un sobreseimiento y se admitirán sin cumplir los requisitos de procedencia cuando la ppl sea efectiva. Ello no es coherente con la carga y finalidad de la suprema y sus intentos de descarga.

Cuarto. Es una gran noticia que ahora exista plazo de la comparecencia con restricciones. Esta medida no ha tenido plazo y, desde mi óptica, era inconstitucional al afectar indefinidamente derechos fundamentales. Ahora todos los afectados pueden solicitar el cese de esta medida.

Algunas reflexiones relevantes sobre la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales: (1) (Abro hilo)

Ello no implica, sin embargo, que los demás hechos (no relacionados a los Rolex) no puedan haber generado un enriquecimiento ilícito o actos de lavado de activos. La labor del MP será, aquí, demostrar el abuso del cargo (EI) o el origen ilícito de los bienes o dinero (lavado).

El delito de cohecho, por ser más específico (principio de especialidad), desplaza al delito de enriquecimiento ilícito, el cual es de naturaleza residual o subsidiaria. Este último no sanciona un acto plenamente determinado sino una situación de enriquecimiento injustificado (2)

En el caso de los Rolex, si se sostiene que el “préstamo” fue a cambio de presupuesto público para el GR de Ayacucho, el delito aplicable sería el de cohecho pasivo impropio (soborno para que un funcionario cumpla sus funciones). Así también lo consideré y ya considera el MP (1)