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Ahora resulta que, tras su licencia como gobernador, el narcopolítico @rochamoya_ goza de protección personal por la Guardia Nacional, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mientras la violencia golpea Sinaloa y a todo México, el gobierno de MORENA decidió asignarle seguridad federal, como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas.
Aquí hay algo muy grave. A un narcopolítico señalado incluso por autoridades de Estados Unidos lo rodean con elementos federales, pagados con los impuestos de la gente, mientras miles de sinaloenses enfrentan solos a los criminales. La pregunta es obligada: ¿por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando? Porque cuando el poder se protege a sí mismo y abandona al ciudadano, lo que tenemos es un gobierno arrodillado ante el crimen.
México no puede acostumbrarse a que se use la fuerza del Estado para blindar a un narcopolítico. Si hay investigaciones, que avancen. Si existen delitos, que se actúe. El PRI exige que la ley se aplique sin privilegios. La seguridad debe estar con la gente, no como escudo de quienes deberían estar rindiendo cuentas.
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