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Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de $LIBRA lanacion.com.ar/politica/manue…

DOCUMENTO INTERNO - ANDIS El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Vía @LANACION con @Fedegdelsolar lanacion.com.ar/politica/el-go…

ALERTA. Un contratista declaró que Adorni le pagó en efectivo US$ 245.000 por refaccionar la casa del country lanacion.com.ar/politica/un-co… a través de @LANACION/

@iago_vieyra Es posible que borre el video? Sí. Es probable? Sí.

Diego miente para "desmentir" Sí hay evidencia documental y mi nota que cita -con la primicia en Infobae- lo dice claramente en el segundo párrafo: un informe de los vuelos de Adorni que la aerolínea Latam aportó a la Justicia, a pedido del fiscal Una de dos: o no llegó a leer el segundo párrafo, o es muy deshonesto Todo lo que conté está entre la información aportada por Latam que forma parte del expediente judicial Si Diego pretende que revele quiénes son mis fuentes (insólito viniendo de alguien que se dice periodista), va a tener que seguir esperando Otra cosa: un "periodista" que le exige más explicaciones al periodismo que a un jefe de Gabinete en funciones investigado en la Justicia no es un periodista, es un militante

@braga_dito Gustavo, cuando en las notas hay preguntas, decís que no hay hechos; cuando hay hechos, que no hay preguntas; cuando no hay una "tesis", la construís; cuando se introduce un dato, decis que no se lo "conecta". Buen análisis =. Suscribite al diario!

LA DENUNCIA QUE NADIE VA A JUZGAR Ocho diputados opositores denunciaron al fiscal de la causa $LIBRA por lento. El problema es que el que debe juzgarlo es su propio jefe. Y su propio jefe ya aparece en la misma historia. Por Gustavo Arabia El 1 de abril, ocho diputados opositores presentaron ante el procurador Eduardo Casal una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por presunto mal desempeño en la causa $LIBRA. La nota de La Nación lo presenta como un hecho de peso: la oposición va al frente, exige que la justicia funcione, pide un sumario disciplinario. Lo que la nota no explica — y es lo único que importa — es quién va a juzgar al fiscal Taiano. La respuesta está en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal: el Procurador General de la Nación. Es decir, Eduardo Casal. El mismo al que le presentaron la denuncia. El mismo que recibió a estos diputados en octubre pasado cuando ya manifestaron su malestar — y no pasó nada. El mismo que preside el sistema del cual Taiano es miembro estable con cargo inamovible. Le están pidiendo a la corporación que juzgue a uno de los suyos. El mapa institucional que la nota no publicó La arquitectura disciplinaria del Ministerio Público Fiscal tiene esta forma: el fiscal es investigado por el Procurador General, quien puede imponer sanciones menores o elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento si considera que corresponde la remoción. Ese Tribunal, según la ley, se integra con siete miembros — de los cuales cuatro son magistrados del propio Ministerio Público con jerarquía no inferior a Fiscal General. Los pares del denunciado. No hay ningún organismo externo, ciudadano ni parlamentario con competencia disciplinaria sobre un fiscal federal. La corporación se controla a sí misma. Ese no es un vicio coyuntural — es el diseño legal. Para que Taiano sea removido hacen falta tres pasos: que Casal decida abrir el sumario, que el sumario concluya que corresponde elevarlo al Tribunal, y que el Tribunal integrado por colegas de Taiano vote la destitución. Cualquiera de esos tres pasos puede trabarse, demorarse o archivarse sin que nadie de afuera pueda intervenir. Lo que dice la denuncia y lo que no dice Los hechos que los diputados describen como "patrón de demoras" son verificables: el celular del lobista Mauricio Novelli fue secuestrado hace más de un año y el análisis del material se ordenó recién en septiembre de 2025. El informe final de la DATIP — la dirección técnica que realizó el análisis forense — llegó el 13 de enero de 2026 y quedó disponible para las partes el 24 de febrero, diez meses después del secuestro de los dispositivos. El fiscal nunca citó a declarar a Juan Carlos Pallarols, que dijo públicamente que Karina Milei le pidió dinero para comer con su hermano. Son demoras reales. Pero hay una pieza que la nota de La Nación no desarrolla y que cambia el cuadro sin cambiar la conclusión. Cuando en marzo la abogada Natalia Volosin publicó información sensible del peritaje que aún no estaba formalmente en el expediente, Taiano la citó como testigo. Esa citación fue luego dejada sin efecto porque el propio Casal había iniciado un sumario administrativo — Res. PER 171/2026 — y una investigación penal por la filtración, radicada en el Juzgado Federal N°10 (causa N° 1007/2026). El fiscal usó ese sumario como argumento de demora. Notemos la arquitectura de lo que acaba de ocurrir: Casal abrió un sumario por la filtración. Taiano usó ese sumario como escudo frente a las críticas. Y ahora esos mismos diputados le presentan a Casal una denuncia por mal desempeño de Taiano. El denunciado ante Casal es el que usó el sumario de Casal como coartada. Y Casal es el que debe resolver la denuncia contra Taiano. No es una corporación que se protege por complicidad. Es una corporación que se protege por diseño: cada actor produce el instrumento que necesita el siguiente, y el círculo cierra solo. La pregunta que la nota no hace Las demoras en la causa $LIBRA son reales. La pregunta que nadie formula es si son excepcionales. ¿En cuántas causas federales de alta visibilidad política el fiscal investigó al gobierno de turno con celeridad que merezca ese nombre? La AMIA lleva más de treinta años sin condena firme por el atentado. Las causas contra expresidentes se miden en décadas. Los procesamientos que terminan en condena efectiva contra funcionarios de alto rango se cuentan con los dedos de una mano en la historia del fuero federal. Las demoras de Taiano no son un vicio personal. Son el funcionamiento normal del sistema cuando la causa tiene nombre y apellido presidencial. La denuncia de los diputados actúa como si fuera la excepción. Es la regla. El dato que destruye la tesis de la nota La nota de La Nación menciona de paso que el expediente ya tuvo un movimiento llamativo: en septiembre de 2025, mientras Lijo subrogaba el juzgado de Servini, firmó la incompetencia y el caso pasó al juzgado de Martínez de Giorgi, en el marco de una causa más amplia sobre presuntos cobros irregulares de Karina Milei. Ese movimiento es más relevante que toda la denuncia de los ocho diputados. Significa que la causa $LIBRA ya pasó por las manos de Lijo — el mismo Lijo que investiga a Adorni, que compite con Mahiques por la Procuración, que tiene sus propias razones para estar donde está — antes de llegar a su destino actual. La cadena de decisiones procesales que determinó quién investiga hoy a Milei pasó por uno de los jueces más políticamente situados del fuero federal. La nota no conecta ese dato con la denuncia de los diputados. No pregunta si las demoras de Taiano son anteriores o posteriores al traspaso. No pregunta por qué Lijo firmó la incompetencia en ese momento. Porque si lo hiciera, la denuncia dejaría de ser un acto de control republicano y pasaría a ser lo que es: un movimiento dentro de un tablero que tiene sus propias reglas, ninguna de las cuales fue votada por nadie. La denuncia como comunicado con membrete judicial La presentación de ocho diputados ante el Procurador General cumple una función precisa: instalar en la agenda que la causa $LIBRA está siendo frenada desde adentro. Es un movimiento de presión mediática, no procesal. Lo saben ellos. Lo sabe Casal. Lo sabe Taiano. El sumario disciplinario, si se abre, tardará meses. La remoción, si se eleva, tardará años. Para cuando haya resolución firme, la elección habrá pasado, el expediente habrá cambiado de estado varias veces, y los ocho diputados que firmaron habrán renovado o no su mandato. La corporación judicial no se juzga a sí misma en tiempo electoral. Se administra. La nota de La Nación registra el hecho sin leerlo. Los diputados existen, la denuncia existe, los cargos son específicos. Nada de eso es falso. Pero encuadrar la presentación como un acto de control sobre la justicia es confundir el menú con la comida. El procedimiento disciplinario del Ministerio Público está diseñado para que la corporación absorba las denuncias con formas legales: Casal puede no abrir el sumario, si lo abre puede archivarlo, si lo eleva el Tribunal puede absolver. En cada paso hay una salida disponible y un colega dispuesto a firmarla. La denuncia no es el inicio de un proceso. Es el cierre del relato que la oposición necesitaba contar. Sabe Ud. leer lo que lee La pregunta no es si Taiano es lento. Probablemente lo es. La pregunta es qué cambia si lo sanciona el mismo sistema que lo produjo, con las mismas reglas que lo protegen, en el mismo tiempo en que las elecciones ya habrán definido quién manda. El Método no defiende ni ataca gobiernos. Enseña a leer. Y lo que esta nota de La Nación dice, leído en serio, es que ocho diputados usaron un procedimiento que saben que no va a funcionar para instalar la idea de que alguien está haciendo algo. Eso no es periodismo judicial. Es la crónica de un ritual. EL MÉTODO: Cómo el periodismo argentino construye poder sin acreditar hechos Disponible en Amazon: amazon.com/dp/B0GHRC356FF…, filtraciones y agenda setting en la era Milei. Un análisis quirúrgico del mecanismo que convierte el periodismo en construcción de poder: la omisión selectiva.

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