Jorge Muga
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Albares ha puesto una cifra enorme sobre la mesa: 2,45 millones de descendientes han pedido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Hay 1,2 millones de expedientes iniciados, 545.000 aprobados y 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular. Una nacionalidad trae ciudadanía, pasaporte y voto. Los españoles en el exterior inscritos en el CERA pueden votar en generales, europeas y autonómicas. La reparación histórica no puede convertirse en ingeniería censal sin debate público. España discute durante meses cada décima de déficit, pero acepta cambiar el tamaño del cuerpo electoral por vía consular como si fuera gestión administrativa. Si una ley puede crear cientos de miles de nuevos votantes desde fuera de España, el país merece una conversación adulta sobre criterios, plazos y consecuencias políticas.

“Por culpa del Gobierno la gente no quiere tener casas, se las quita de encima”. Lo dice mientras se niega a intervenir el mercado de la vivienda. No se puede ser peor persona.


Los #MIR ganan solo 326 euros más que un camarero de McDonald’s buff.ly/Lo4n6pi







