José Mario

La política veracruzana Mara Yamileth Chama Villa denunció a periodistas, medios y ciudadanos por supuesta violencia política de género. Pero hay un dato clave: no existe sentencia. Lo que hay es una medida cautelar dictada en etapa preliminar. Aun así, ya se está usando para intervenir en el debate público y ordenar la baja de contenidos. El alcance es brutal: 33 periodistas y líderes de opinión fueron demandados. De ellos, la gran mayoría se vio obligada a bajar sus publicaciones en redes sociales. Es decir, ya fueron silenciados. Solo 9 siguen pendientes de acatar la orden, expuestos a sanciones económicas, embargo de bienes o incluso arresto administrativo. Así opera el efecto inhibidor. Esto demuestra algo gravísimo: en México, una medida cautelar —sin que exista todavía una resolución de fondo— puede convertirse en herramienta para coartar la libertad de expresión, forzar la eliminación de contenidos y desalentar el debate público. No es protección de derechos: es censura por vía institucional. Aquí dejamos un archivo donde puedes consultar, de forma puntual, quiénes son los 33 periodistas y líderes de opinión demandados, los enlaces de sus publicaciones y verificar cuáles ya no están disponibles. Este documento fue elaborado con base en el expediente y en toda la información que obra en él: drive.google.com/file/d/1vPP1G4…

En CDMX se aprobó una reforma para limitar las rentas de corta estancia tipo Airbnb: si rentas un inmueble más de la mitad del año (más del 50% de las noches), ya no puedes seguir en ese esquema; además, se pone un tope al número de propiedades que puedes destinar a esto y, si lo rebasas, te pasan a un régimen similar al de los hoteles, con más cargas y regulación. 84 personas impugnaron esta ley y el caso ya llegó a la Corte. El problema: la norma ya restringe, pero el padrón para aplicarla ni siquiera existe. Así, tal cual: regulación que pesa… sin estar lista. El argumento oficial es combatir gentrificación y ordenar la ciudad. Suena bien. Pero la pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿puedes meter a todos en el mismo molde, sin distinguir entre quien renta un cuarto y quien opera un negocio completo? Cuando el derecho usa reglas rígidas para fenómenos complejos, deja de equilibrar y empieza a romper. Lo que va a decidir la @SCJN no es un tema de plataformas: es si el Estado puede rediseñar un mercado entero con reglas generales, mal implementadas y poco finas… o si tiene que hacerlo con técnica, proporcionalidad y respeto a derechos. No es Airbnb. Es hasta dónde llega el poder para meterse en tu propiedad, tu actividad y tu forma de ganarte la vida.

🇲🇽🛑 Algo sumamente grave está pasando en México: se está normalizando la censura. Políticos usan leyes, tribunales y cargos públicos para castigar la crítica, intimidar periodistas y silenciar ciudadanos. Reformas penales, sentencias absurdas y registros de “sancionados” son ya parte del paisaje. La libertad de expresión está siendo estrangulada. Aquí los casos más alarmantes: 1️⃣ Puebla: Hasta 3 años de cárcel por insultos en redes. Reforma penal impulsada por Armenta. La crítica = delito. 2️⃣ San Luis Potosí: Se tipifica el “halconeo”. Hasta 12 años de prisión por informar sobre operativos. Riesgo brutal para el periodismo. 3️⃣ Héctor de Mauleón: Juez ordena borrar columna crítica. Censura previa judicial contra periodista de El Universal. 4️⃣ Laisha Wilkins: Tuit irónico: “Jaja Dora la Censuradora”. Fue judicializada por violencia política de género. 5️⃣ Karla Estrella: Por tuits críticos fue sancionada con disculpa, multa y registro de “violentadores”. Ciudadanía perseguida. 6️⃣ Jorge González: Periodista vetado 2 años y su diario cerrado tras denuncia de Layda Sansores. Caso extremo de represión. 7️⃣ Ángel Camarillo: Publica reportaje sobre nepotismo y lo obligan a retirar, disculparse y pagar. Se castiga el periodismo incómodo. 8️⃣ Mara Chama: Multa y registro de periodistas que mencionaron su parentesco político. Hechos ciertos, castigados como “violencia”. 9️⃣ “Dato Protegido”: El Tribunal ordena pedir disculpas públicas… ¡a un sujeto anónimo! El absurdo judicial como método de control. 🔟 Noroña: El Senado transmite en vivo la disculpa pública forzada de un ciudadano. El poder convertido en aparato de escarnio. Esto no es anecdótico. Es un patrón. México camina hacia un modelo donde la crítica pública se castiga, la prensa se silencia y el disenso se criminaliza. XLa libertad de expresión no está garantizada. Está bajo asedio.

La @UASLP invita a la sesión extraordinaria en la que se otorgará el Doctorado Honoris Causa a Cristina Rivera Garza y Juan Villoro Ruiz. 📚 📅 19 de marzo de 2026, 17:00 hrs 📍 Centro Cultural Universitario Bicentenario, San Luis Potosí. Leer a Juan Villoro es entender a México desde la crónica lúcida: el fútbol, la política, la ciudad y sus contradicciones. Su obra nos enseña que narrar no es solo contar, sino interpretar críticamente la realidad que habitamos. Cristina Rivera Garza nos confronta con la memoria, la violencia y las ausencias. Su escritura rompe estructuras y obliga a mirar de frente lo que duele. Leerla no es cómodo: es necesario para comprender el país que somos y el que no hemos querido ver.

La @Mx_Diputados sostiene que la reforma a pensiones NO es retroactiva con un argumento técnico: dice que la prohibición del artículo 14 aplica a leyes ordinarias, no al poder reformador de la Constitución. Por eso, aunque el nuevo tope alcance pensiones ya otorgadas y vigentes, no sería “retroactividad prohibida”, sino un rediseño constitucional válido del sistema de gasto público. Pero ese argumento colapsa frente al constitucionalismo moderno. La irretroactividad NO es sólo una regla técnica: es un derecho humano ligado a la seguridad jurídica, la propiedad y la confianza legítima. Una pensión vigente no es un “beneficio discrecional”: es un derecho ya incorporado al patrimonio. Reducirla hacia atrás no es sólo cambiar una regla… es afectar derechos adquiridos. Decir “como está en la Constitución, entonces es válido” es profundamente insuficiente. El poder reformador también está limitado por derechos humanos, progresividad y proporcionalidad. Y aquí hay retroactividad + regresión + afectación patrimonial. Eso exige una justificación extrema que no existe. No es técnica jurídica sofisticada: es una simplificación peligrosa.

Hay momentos en los que un país no cambia de gobierno, sino de ánimo. Este parece ser uno de ellos. La corrupción vuelve al centro y no como discurso, sino como sospecha viva: la gente ya no discute si existe, la da por hecha. Al mismo tiempo, la vida cotidiana aprieta. La seguridad no mejora, la economía no alcanza y los precios no perdonan. Ese es el verdadero tribunal: no el de las encuestas, sino el de la calle. Ahí donde la gente no mide porcentajes, mide miedo, mide dinero, mide incertidumbre. Pero lo más delicado es el fondo jurídico del momento: los contrapesos dejaron de ser refugio. Congreso y Corte, que deberían ser límite y garantía, hoy también están bajo sospecha. Y cuando se diluye la confianza en quienes hacen la ley, en quienes la ejecutan y en quienes la interpretan, lo que entra en crisis no es un gobierno: es la arquitectura completa del Estado. Ese es el punto de quiebre.

Desde hace 10 años, la plataforma @CCalificadoMx es un esfuerzo ciudadano para evaluar a través de indicadores útiles y objetivos el desempeño individual de cada uno de los integrantes del @CongresoEdoSLP y de la institución en su conjunto. ¿Qué toma en cuenta nuestra medición? Si un legislador presenta iniciativas de impacto social, no consideramos las propuestas accesorias, ni las insustanciales modificaciones ortográficas. Si los legisladores trabajan para que estas iniciativas sean aprobadas. Si un legislador cumple con sus obligaciones de transparencia patrimonial, fiscal y de interés así como de la comisión que preside. Si un legislador se compromete abatiendo el rezago legislativo de los asuntos que se le encomiendan. Si un legislador tiene un comportamiento público honorable y ético. Si un legislador acude responsable y oportunamente a las reuniones que se le convocan. En conclusión, si un legislador cumple o no con el trabajo por el que percibe un sueldo público y con qué grado de compromiso lo hacen para finalmente comparar a los 27 entre sí. Como pueden ver, Congreso Calificado solo pone en números el desempeño que la ley ordena a las y los representantes populares. Siempre enfrentamos resistencias de algunos legisladores que se niegan a ser evaluados y sometidos al escrutinio público. Más nuestro compromiso es con la sociedad potosina que encuentra en este esfuerzo de reflexión desde la ciudadanía, elementos para el análisis, el contraste y la toma de decisiones. Llevamos 10 años y vamos a continuar trabajando. Aquí están los resultados de la #SextaEvaluaciónTrimestral de la actual LXIV Legislatura. Seguiremos evaluando porque solo aquello se puede medir, es algo sobre lo que podemos exigir que se mejore. congresocalificado.mx

La revocación de mandato debía ser un instrumento de la ciudadanía para quitar a un gobernante que perdió la confianza, no una plataforma para que la Presidenta haga campaña por su permanencia. Si desde el poder se puede promover, difundir y empujar ese proceso, entonces deja de ser un contrapeso y se convierte en un mecanismo de ratificación política. Y encima quieren mantener en 2027 la elección judicial. ¿De verdad alguien cree que ésa es la prioridad del ciudadano que está batallando con inseguridad, falta de medicinas, impunidad, malos servicios y escuelas abandonadas? No le resuelve la vida a la gente. No mejora su acceso a la justicia. No fortalece su libertad. Sólo carga más el calendario político y le da más margen de maniobra al poder. Una democracia sana se construye poniendo límites al gobierno, no dándole herramientas para meterse en el mecanismo que debía evaluarlo. Esta reforma no se siente pensada para el ciudadano; se siente pensada para el poder. Y cuando una reforma sirve más para que el gobierno se promueva que para que la gente viva mejor, hay que decirlo sin rodeos: eso no fortalece la democracia, la distorsiona.

México no está fallando en un indicador menor: está fallando en lo más básico. Que niñas y niños terminen la primaria con problemas de comprensión lectora y, además, en escuelas sin internet ni computadoras, no retrata una simple deficiencia administrativa; retrata un fracaso de país. Cuando lo elemental no está garantizado, todo el discurso oficial sobre futuro, progreso y oportunidades se vuelve propaganda. Lo más grave es que aquí no reprobaron los niños: reprobó el Estado. Porque leer bien no es un lujo académico, es la puerta de entrada a todos los demás aprendizajes, a la autonomía personal y a la ciudadanía. Y hoy, mientras la política se consume en sus propias batallas, millones de estudiantes siguen atrapados en un sistema que les promete educación, pero no les asegura ni herramientas mínimas ni condiciones dignas para aprender.

Hoy el @senadomexicano decidió “esperar” para regular la inteligencia artificial. Suena prudente. Pero en el derecho, esperar también es decidir. Mientras el Congreso pausa, la IA ya está tomando decisiones: quién obtiene un crédito, qué contenido vemos, cómo se usa nuestra voz, cómo se manipula la información. El poder ya se está ejerciendo… solo que sin reglas. La historia es conocida: primero llega la tecnología, después el abuso y al final, tarde, el derecho. Pasó con los datos personales, con las plataformas, con la desinformación. Hoy estamos exactamente en ese punto de quiebre. Decir que no hay que “sobrerregular” puede ser correcto; usarlo como excusa para no construir reglas mínimas es, simplemente, abdicar de la función del Estado.

Que la diputada Mara Yamileth Chama Villa me denuncie por “violencia política de género” por un tuit en el que ni siquiera la menciono retrata un problema mucho más grave que mi caso personal: el uso de figuras pensadas para proteger derechos como instrumentos para intimidar, censurar y callar la crítica pública. Cuando el poder usa la ley para blindarse del escrutinio, lo que está en juego ya no es una queja individual: es la libertad de expresión de todos. La violencia política de género es una causa seria, legítima y necesaria. Justamente por eso no puede vaciarse de contenido para castigar opiniones incómodas, críticas al poder o denuncias sobre censura. Si no hay mención, si no hay agravio por razón de género, si no hay estereotipos ni descalificación por ser mujer, entonces no estamos frente a violencia política: estamos frente a un intento de convertir la ley en mordaza. Defender la libertad de expresión no es atacar a las mujeres; es impedir que una bandera justa sea deformada para perseguir voces críticas. En una democracia, el poder debe estar sujeto a revisión, cuestionamiento y crítica. Lo verdaderamente alarmante es que hoy en México cada vez con más frecuencia se pretende castigar la palabra, inhibir el debate y normalizar el miedo a hablar.

Gracias mi querida @warketin, nos visitan ¡por favor!

La @SCJN avaló la desaparición de los fideicomisos con un argumento formal: dice que quitar el vehículo financiero no elimina la obligación del Estado de proteger derechos. En papel suena impecable. En la realidad mexicana, no. Porque una cosa es que el derecho siga escrito en la ley y otra muy distinta es que tenga dinero, continuidad y operación efectiva. El problema de fondo no era si el fideicomiso era intocable. No lo era. El problema era si al desaparecerlo se debilitaban los mecanismos que daban estabilidad, previsibilidad y protección real a víctimas, periodistas, científicos, creadores, deportistas y personas afectadas por desastres. Y ahí la Corte prefirió confiar en la promesa del presupuesto ordinario, como si en México la discrecionalidad no costara vidas, proyectos y derechos. La sentencia manda un mensaje delicado: para el tribunal, cambiar la arquitectura del gasto no implica, por sí mismo, una regresión. Pero todos sabemos que los derechos no se garantizan con discursos ni con buenas intenciones presupuestarias. Se garantizan con recursos ciertos, reglas claras y cumplimiento verificable. Extinguir fideicomisos no extingue derechos, sí; pero puede dejar a los derechos sin piso, sin blindaje y sin defensa real. elfinanciero.com.mx/nacional/2026/…

Imagina esto: firmas un “acuerdo voluntario” en mediación con un banco… y meses después un juez ordena que pierdas tu casa sin siquiera preguntarse si ese acuerdo fue justo. ¿Consentiste… o fuiste empujado a aceptar? Durante años, la justicia respondió: firmaste, cumples. Hoy, eso empieza a romperse. Un Tribunal acaba de poner un alto: antes de ejecutar un convenio de mediación, el juez debe revisar —aunque nadie lo pida— si hubo abuso, desigualdad o violación a derechos humanos. Ya no basta el papel firmado. Si el acuerdo es desproporcionado, si hubo presión o si se vulnera la dignidad, no debe ejecutarse. Es un giro profundo: de la “firma lo es todo” a la “justicia está por encima del acuerdo”. Esto cambia las reglas del juego. Porque la mediación puede ser justicia… o puede ser el lugar donde se legitiman abusos. Y ahora los jueces tienen la responsabilidad de distinguirlo. La gran pregunta no es jurídica, es ética: ¿vamos a seguir ejecutando acuerdos injustos… o por fin vamos a poner la dignidad humana en el centro de la justicia? Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/…

Que un juez en funciones use su cargo como gancho para vender cursos privados no es un detalle menor: es una señal gravísima. La toga no puede convertirse en marca personal ni en herramienta de negocio. Cuando lo que se ofrece no es solo conocimiento, sino la “visión” y la “lógica” de quien juzga, se cruza una línea muy delicada: la de convertir la investidura judicial en producto. El problema se vuelve todavía más serio si el dinero de esos cursos termina en una estructura privada vinculada a servicios legales en la misma materia. Ahí ya no estamos frente a una simple actividad académica paralela, sino ante un posible conflicto de interés que golpea de frente la confianza pública. La justicia no solo debe ser imparcial: debe verse imparcial. Y aquí, francamente, esa apariencia queda profundamente lastimada. México necesita jueces sobrios, independientes y a salvo de cualquier sombra de interés económico alrededor de su función. Lo que está en juego no es un curso, ni una página web, ni una estrategia de promoción personal. Lo que está en juego es algo mucho más serio: la credibilidad del Poder Judicial. elfinanciero.com.mx/nacional/2026/…

Una batalla tras otra no es una historia sobre violencia: es una historia sobre lo que pasa cuando la justicia deja de existir en la vida cotidiana. Y por eso, vista desde México, incomoda tanto. Porque aquí no vivimos una sola tragedia, vivimos muchas pequeñas todos los días: la denuncia que no avanza, la autoridad que no responde, la víctima que se queda sola. En derecho lo sabemos bien: cuando el Estado falla de forma reiterada, no solo incumple la ley, rompe el pacto básico con la gente. Y entonces todo cambia. La justicia deja de ser un derecho y se vuelve una apuesta; la ley deja de ser garantía y se vuelve discurso. Eso, en términos reales, tiene nombre: impunidad estructural. La película deja una idea que en México pesa demasiado: las batallas no se cierran, se heredan. Cada injusticia no resuelta se convierte en carga para alguien más. Y así llevamos años: acumulando casos, acumulando dolor, acumulando silencio.

Un día va a llegar un cliente a tu despacho con una demanda “perfecta”. Bien escrita, bien estructurada, con precedentes, con estrategia… pero hecha por una máquina. Y el problema no va a ser ese. El problema va a ser que muchos abogados no van a saber decir si eso está bien o está peligrosamente mal. Porque lo que se está perdiendo no es la capacidad de escribir. Es la capacidad de juzgar. La inteligencia artificial no está reemplazando abogados. Está haciendo algo más delicado: está desplazando el lugar donde se forma el criterio. Textos que suenan impecables, argumentos que parecen sólidos, respuestas que convencen… pero que pueden estar huecas, sesgadas o mal entendidas. Y si el abogado empieza a confiar en eso sin resistencia, entonces deja de ser abogado y se vuelve operador. Aquí está la línea que no se puede cruzar: usar la tecnología sin entregar el juicio. Porque el día que el derecho se decida por lo que mejor “suena” en una interfaz, y no por lo que realmente se sostiene frente a la ley, ese día no sólo cambió la práctica jurídica. Cambió quién tiene el control. Y recuperarlo no va a ser fácil.

Una candidata en Veracruz me denunció por “violencia política de género” por un tuit. El órgano electoral no ha resuelto el fondo. No hay sentencia. Aun así, ya me ordenaron bajar la publicación en 72 horas. Así, tal cual: primero retira lo que dijiste… luego vemos si hiciste algo ilegal. Ese es el punto de quiebre. No estamos hablando de una sanción después de un juicio, sino de una medida cautelar que borra contenido antes de que un tribunal decida. Mi tuit entra en una lista de 33 publicaciones que deben desaparecer. Sin análisis público claro de cada caso. Sin explicar por qué ese contenido específico cruza la línea. Esto no es sólo mi caso. Es un precedente peligroso: que una autoridad pueda bajar opiniones en pleno debate político sin sentencia. Hoy es un tuit. Mañana puede ser cualquier crítica incómoda. Porque cuando el Estado te quita la voz antes de decidir si la usaste mal, el problema ya no es electoral… es democrático.

La impunidad en México no empieza cuando un juez dicta sentencia. Empieza mucho antes: cuando 93 de cada 100 delitos ni siquiera llegan a convertirse en una investigación real. Ése es el dato más brutal del informe de @mexevalua. Y todavía más grave: 63% de quienes no denuncian no lo hacen por apatía, sino por razones atribuibles a las propias instituciones. No denuncian porque saben que perderán el tiempo, porque desconfían, porque intuyen —con razón— que del otro lado no hay respuesta. Ése es el verdadero tamaño del fracaso. No estamos frente a un sistema que castiga poco; estamos frente a un sistema que, en una enorme cantidad de casos, ni siquiera logra investigar, procesar y dar resultados. La impunidad no es sólo falta de sanción: es incapacidad institucional. Es silencio social provocado por fiscalías rebasadas, expedientes que se archivan, casos que no avanzan y autoridades que han terminado por normalizar la ausencia de respuesta. Por eso la cifra oculta no es sólo una estadística: es una condena. Es la prueba de que millones de personas han aprendido a no esperar nada del sistema penal. mexicoevalua.org/radiografia-de…

La reforma a la Ley de Amparo de 2025 constituye un retroceso de fondo. Durante años, el interés legítimo abrió la puerta para que organizaciones, colectivos y ciudadanía defendieran en tribunales derechos que no son de una sola persona, sino de todas y todos: medio ambiente, salud, gasto público, movilidad, derechos reproductivos. Hoy esa puerta se quiere cerrar. Al exigir una afectación “real, actual, directa y diferenciada”, la reforma vacía de contenido al interés legítimo y lo regresa, en los hechos, al viejo molde del interés jurídico. Es decir: se debilita el amparo como herramienta de control constitucional y se le obliga a ver problemas colectivos como si fueran pleitos individuales. Así, lo estructural queda sin defensa eficaz y el poder público con mucho menos contrapeso. Lo más grave es eso: no sólo se limita a las organizaciones; se lastima la capacidad de la sociedad para exigir cuentas cuando el Estado falla en proteger bienes comunes e intereses difusos. Reducir la justicia constitucional a una lógica individualista, en un país marcado por violaciones estructurales de derechos, no es modernización. Es una regresión. eljuegodelacorte.nexos.com.mx/un-retroceso-a…