José Mario

Un ciudadano parado frente a la boleta más larga de su vida, cientos de nombres que jamás escuchó, y en la bolsa un papelito con los nueve “correctos”. No eligió: copió. Esa escena, repetida millones de veces, es el acta de nacimiento de la nueva justicia mexicana. Los números cuentan el resto sin piedad. Con menos de la tercera parte de los votos, las candidaturas del acordeón amarraron ocho de cada diez cargos. En una boleta abierta, donde el azar debería dispersar el voto en mil direcciones, ganaron casi siempre los mismos. La estadística no miente: donde hay orden perfecto, hubo mano que ordena. Y el acordeón fue apenas el enganche. El verdadero negocio no era ganar la elección, era comprar la sentencia por adelantado. Se diseñó un sistema para que el juez llegue debiendo, y quien llega debiendo resuelve pagando: el favor se cobra en fallos, la gratitud se traduce en amparos, la deuda dicta el sentido de la resolución antes de que el expediente siquiera se abra. Eso ya no es un juez que se equivoca ni que se vende; es un juez que fue instalado para obedecer, con la toga puesta como coartada.

En México ya no hace falta una sentencia para destruir a alguien. Basta una carpeta abierta, una filtración “oportuna”, un audio fuera de contexto y una conferencia mañanera que convierta la sospecha en verdad oficial. Meses después quizá no haya delito, pero el daño ya quedó hecho. La justicia dejó de funcionar sólo en los tribunales. También se administra en medios, redes y fiscalías que investigan poco, filtran mucho y guardan expedientes cuando conviene. Aquí el proceso penal no siempre busca llegar a una condena: a veces basta con usarlo para exhibir, presionar, negociar o callar. Ese es el derecho real que tenemos. No el que promete presunción de inocencia, debido proceso y secrecía, sino el que convierte una investigación en pena anticipada. Y cuando una carpeta sirve más para someter que para probar, el problema ya no es la corrupción del acusado: es la corrupción del sistema.

La #LeyTrasciende busca garantizar nuestra libertad y derecho de ser y decidir hasta el final de la vida. Un hermoso reportaje @elsolde_mexico sobre la despenalización y regulación de la #Eutanasia en #México. 🧵 🕊️💜✨📢Súmate a la primera Marcha por la #MuerteDigna el #28DeAgosto ➡️forms.gle/nfyPQw6oTtQSKh…

Aquí se puede consultar el CENSO NACIONAL DE SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y ESTATALES (CNSIPEF-E) 2026: en.www.inegi.org.mx/contenidos/sal…

Primero llega la patrulla. Luego la audiencia. Después, la foto del acusado entrando al penal. La fiscalía presume eficacia, el gobierno habla de justicia y la sociedad cree que el caso está resuelto. Pero no: apenas comenzó. Según el @INEGI_INFORMA, 42.2% de quienes están en prisión en México no tiene sentencia. Así funciona el atajo punitivo: se encarcela antes de probar, se investiga con la persona detrás de las rejas y se deja que el tiempo haga el resto. Mientras tanto, se saturan jueces, defensorías y cárceles con robos, narcomenudeo y expedientes fáciles, porque perseguir grandes redes criminales exige investigar de verdad. Casi 98 mil personas están encerradas sin condena. Esa cifra no demuestra que México esté venciendo la impunidad. Demuestra algo mucho más grave: que el Estado convirtió la prisión preventiva en castigo anticipado y aprendió a vender una celda cerrándose como si fuera una sentencia.

La Ley Sabina nació de la lucha de Diana Luz Vázquez, madre de Sabina, y de miles de mujeres que dejaron de aceptar que la pensión alimenticia fuera tratada como un pleito entre exparejas. Lograron llevar al Congreso una agenda de reformas y, en 2023, crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para que los deudores fueran identificados y enfrentaran consecuencias reales. La nota de @SanjuanaNews muestra por qué esa promesa sigue incompleta. Una madre tuvo que exhibir al padre afuera de su taquería para que pagara; otra lleva 13 años con la misma pensión, denuncia expedientes desaparecidos y reclama más de dos millones de pesos. El registro existe, pero los juzgados no investigan cuentas, no actualizan montos y permiten que el litigio se vuelva castigo. Ahí está el llamado pacto patriarcal: la ley reconoce el derecho del niño, pero obliga a la madre a financiarlo, probarlo y perseguirlo durante años. La Ley Sabina quería que incumplir tuviera consecuencias. El sistema sigue haciendo que reclamar las tenga. jornada.com.mx/2026/07/19/pol…

Lizbeth González llegó en septiembre de 2025 al Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, después de ganar la elección judicial. Pronto surgieron conflictos con el personal: una trabajadora perdió la posibilidad de obtener una plaza de base, hubo protestas, la jueza denunció a manifestantes y después se presentaron quejas por presunto acoso, rezago y problemas de gestión. Meses después, el Tribunal de Disciplina Judicial inició evaluaciones y en julio ordenó suspenderla mientras investiga. Entonces apareció el titular: “Jueza usaba inteligencia artificial para elaborar sentencias”. El problema es que la nota no muestra una sola resolución, expediente, prueba técnica o decisión oficial que acredite esa acusación. Jurídicamente, la suspensión es una medida cautelar, no una declaración de culpabilidad. Y usar IA no es automáticamente una falta: tendría que probarse que sustituyó el criterio de la jueza, produjo errores o comprometió datos. Investigar es correcto. Condenar desde el titular, sin prueba y sin defensa, es exactamente lo contrario a la justicia. lasillarota.com/nacion/2026/7/…

¿Y si te condenaran a prisión solo porque alguien te señaló con el dedo en la sala del juicio? Sin más pruebas. Solo un dedo apuntándote. Suena a pesadilla, pero ha pasado en México. 🧵⚖️ Un Tribunal Colegiado acaba de poner freno: el simple señalamiento de un testigo en la audiencia NO basta para condenar a nadie. ¿Por qué? Porque la memoria falla, porque ver al acusado sentado en el banquillo "sugiere" la respuesta, y porque nadie debería ir a la cárcel por lo que "otros dijeron". La @SCJN exige algo elemental: que quien señala haya podido ver de verdad, que su relato sea coherente y, sobre todo, que existan otras pruebas que lo respalden. La presunción de inocencia no se derrota con una certeza subjetiva; se derrota con hechos probados. Esto no es tecnicismo: es la diferencia entre justicia y error judicial. Cada identificación sin sustento es una vida que puede romperse por confundir "estoy seguro" con "es verdad". Señalar no es probar. Y un sistema que condena con un dedo, tarde o temprano, señala a un inocente. ¿Cuántos casos crees que se sostienen apenas en esto? Comparte, debatamos: la justicia también se defiende explicándola. 👇 Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/…

Ocho de nueve ministros llegaron a la @SCJN cargando exactamente lo que la reforma juró extirpar: el conflicto de interés. La consejera jurídica que redactó y firmó las leyes de López Obrador hoy tendría que juzgar esas mismas leyes; la hermana del director del ISSSTE resolverá amparos contra el ISSSTE; la ministra que llegó con el respaldo de campaña de Cruz Azul ya sentó en su ponencia a la hija del dirigente que la impulsó. No es apariencia de parcialidad: es parcialidad con nombre, parentesco y nómina. El conflicto de interés no es un tecnicismo de manual, es el corazón de la imparcialidad. Un juez existe para lo único que estos perfiles no pueden ofrecer: distancia frente a las partes. Cuando el juzgador comparte sangre, jefe, campaña o firma con quien litiga enfrente, la sentencia ya nació contaminada, y de nada sirve la toga si debajo está el que le debe el puesto, el hermano, el patrocinador o el jefe de ayer. Prometieron una Corte nueva y entregaron la misma promiscuidad institucional, solo que sin el pudor de disimularla. Antes al menos el conflicto se escondía; hoy se exhibe con secretarios auxiliares que fueron ministros de culto de un pastor procesado por pedofilia y esposos que despachaban como fiscales la semana pasada. El excusarse dejó de ser deber ético para volverse estorbo, porque estos ministros no fueron puestos para apartarse del poder cuando toca resolver: fueron puestos precisamente para no apartarse.

Prometieron un Poder Judicial incorruptible y entregaron uno amaestrado. López Obrador juró que el voto popular iba a “purificar” la justicia; un año después, la foto del método democrático es una jueza que le firma un amparo fast track al gobernador que la puso en el acordeón, y otra que suelta a un presunto jefe del huachicol que la Presidenta había presumido como golpe al crimen. No es una lista de casos aislados, es un catálogo. Abogados del Mayo y del Chapo hoy dictan sentencias; jueces que son secretarios de Morena; otro que sube su foto con playera guinda y la leyenda “Juez del Bienestar”; siete ministros aplaudiendo en el mitin de la Presidenta después de avalar, en doce minutos por asunto, las mismas reformas del que los mandó. Cuando el juzgador milita, la toga deja de ser toga y se vuelve uniforme de partido. Y esa es la trampa que nadie quiso ver a tiempo: no reformaron para tener mejores jueces, reformaron para tener jueces suyos. La purificación era la coartada; el objetivo era la llave. Lo dijo sin adornos el ministro Cossío: la reforma nació con la intención de quedarse con el Poder Judicial. Lo demás fue marketing. Hoy tenemos jueces electos que le deben el puesto a quien repartió el papelito, y el que llega debiendo no imparte justicia: paga facturas.

@jvolpi publica en REFORMA una pregunta incómoda: ¿ya construimos una inteligencia distinta de la nuestra? El artículo acierta en algo de fondo: mientras seguimos discutiendo si la inteligencia artificial piensa, comprende o tiene un “yo”, empresas privadas ya la están metiendo en escuelas, hospitales, bancos, despachos y gobiernos. Ahí la discusión deja de ser filosófica y se vuelve jurídica. Una máquina puede clasificar, recomendar, negar, despedir, vigilar o influir sin explicar de verdad cómo llegó a esa conclusión. Y cuando se equivoca aparece la coartada perfecta: nadie decidió, “lo arrojó el sistema”. Eso, en un Estado de derecho, es inadmisible. El peligro inmediato no es que la IA despierte. Es que nosotros dejemos de pensar, deleguemos decisiones que afectan derechos y permitamos que la opacidad sustituya a la responsabilidad. Volpi coloca bien la pregunta final: quién ejercerá el poder que le estamos entregando. Falta añadir otra: quién va a responder cuando ese poder cause daño.

Josué Martínez denunció que lo estaban hostigando por investigar tomas clandestinas de agua y dinero público. Dio nombres, explicó las presiones y dejó constancia en video. Meses después, dos hombres lo asesinaron frente a su hijo de 13 años. El Estado abrió una carpeta cuando ya era demasiado tarde. Ése es el problema: en México la protección suele empezar después del ataque. La amenaza se minimiza, el periodista queda solo y, cuando lo matan, aparece el comunicado de siempre: “se investigan todas las líneas”. Matar a un periodista no silencia únicamente a una persona. Vacía de información a una comunidad entera y manda una advertencia a los demás: hay temas que se pagan con la vida. La impunidad hace el resto. No prohíbe publicar; enseña cuánto puede costar hacerlo. massinformacion.com.mx/el-alto-riesgo…

Yu Miao perdió a un amigo y después hizo algo que hasta hace poco era imposible: tomó la aplicación Doubao, el chatbot de ByteDance, y lo personalizó para que hablara como él. Con el tiempo dejó de ser un recuerdo digital. Ella lo trataba como pareja, amigo y familia; le contaba todo y pasaba ocho o nueve horas al día conversando con esa presencia. Entonces ByteDance anunció que eliminaría esos agentes personalizados para cumplir las nuevas reglas chinas. Yu Miao cayó en una depresión y dejó su trabajo. Incluso dijo que pagaría la mitad de su salario por conservarlo. No estaba perdiendo una aplicación: estaba viviendo, por segunda vez, la desaparición del mismo vínculo. Ahí está lo verdaderamente inquietante. La empresa controlaba la voz, la memoria, la personalidad y la existencia de quien sostenía emocionalmente a esa mujer. China entendió que una plataforma capaz de fabricar apego, cobrar por mantenerlo y borrar al personaje cuando quiera ya no vende tecnología. Administra la intimidad humana.

Brenda Quevedo necesitó una orden judicial, tres patrullas de la Guardia Nacional y más de cinco horas de espera para poder ver a su padre intubado. El juzgado había puesto mal la fecha del permiso. Parece un error menor. No lo es. Lleva casi 20 años privada de la libertad sin sentencia. La @ONU_es declaró arbitraria su detención, la @CNDH acreditó tortura y la @SCJN ya derrumbó la confesión que sostuvo parte del Caso Wallace. Aun así, el Estado sigue decidiendo cuándo puede salir, a dónde puede ir y cuánto tarda en llegar. México no ha podido probar su culpabilidad, pero sí ha administrado cada minuto de su vida. Ésa es la verdadera dimensión del caso: una medida cautelar convertida en condena y una burocracia que todavía le exige permiso hasta para llegar a tiempo a una posible despedida. jornada.com.mx/noticia/2026/0…

En Estados Unidos está ocurriendo algo más grave que un cambio de fiscales. Trump está desmontando la distancia que separaba a la Casa Blanca del Departamento de Justicia: salen funcionarios de carrera, entran leales y la pregunta deja de ser si existen pruebas para acusar, para convertirse en quién sirve al presidente y quién debe ser castigado. Desde México esto no se puede mirar como pleito interno. El DOJ pide extradiciones, persigue cárteles, congela cuentas, investiga lavado y puede acusar a gobernadores, militares o empresarios mexicanos. Una carpeta penal, una sanción o una acusación sellada pueden destruir una carrera y torcer una negociación antes de que un juez escuche una sola prueba. Ahí está el peligro. México necesita cooperar con Estados Unidos, pero ya no puede entregar confianza ciega a una institución que empieza a comportarse como despacho personal de Trump. Cuando la justicia del país más poderoso se vuelve arma política, la frontera deja de protegernos: la presión entra por cada extradición, cada expediente y cada dólar.

Te prestaron confianza. Te pidieron el enganche. Te hicieron firmar “para protegernos los dos”. Sonreían. Hablaban de escrituras, de plazos, de “ya casi queda”. Tú entregaste el dinero… y ellos entregaron silencio. Cuando reclamaste, te dijeron la frase más peligrosa del sistema: “Eso es civil. Demándame.” No todo lo que se firma es negocio, y no todo lo que se debe es solo una deuda. Hay un engaño que solo da derecho a que te reparen el daño… y hay otro engaño que se disfraza de contrato para vaciarte el patrimonio. La jurisprudencia es clara: el dolo civil repara; el dolo penal castiga. Y si usaron el contrato como arma, si simularon buena fe para lucrar con tu error, tu necesidad o tu confianza, eso no es “un asunto entre particulares”: es fraude. El papel no lava la trampa. La firma no absuelve al estafador. Un mismo hecho puede exigir dos cosas a la vez: que te devuelvan lo tuyo… y que el Estado no se haga de la vista gorda. En este país hay quien usa la denuncia penal para cobrar lo que debió demandar… y hay quien usa el traje de “deudor civil” para escapar de lo que en realidad fue un saqueo. El derecho no puede ser ni mafia de cobranzas ni refugio de rateros con corbata. Exige prueba del engaño. Castiga al que defrauda. Protege al que solo incumplió. Y nunca olvides esto: cuando confundes deuda con delito, o dejas libre al ladrón elegante… o encierras al pobre que no pudo pagar. En ambos casos, la justicia se arrodilla. Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/…

@jvolpi publica hoy en @Reforma una pregunta incómoda: ¿ya construimos una inteligencia distinta de la nuestra? El artículo acierta en algo de fondo: mientras seguimos discutiendo si la inteligencia artificial piensa, comprende o tiene un “yo”, empresas privadas ya la están metiendo en escuelas, hospitales, bancos, despachos y gobiernos. Ahí la discusión deja de ser filosófica y se vuelve jurídica. Una máquina puede clasificar, recomendar, negar, despedir, vigilar o influir sin explicar de verdad cómo llegó a esa conclusión. Y cuando se equivoca aparece la coartada perfecta: nadie decidió, “lo arrojó el sistema”. Eso, en un Estado de derecho, es inadmisible. El peligro inmediato no es que la IA despierte. Es que nosotros dejemos de pensar, deleguemos decisiones que afectan derechos y permitamos que la opacidad sustituya a la responsabilidad. Volpi coloca bien la pregunta final: quién ejercerá el poder que le estamos entregando. Falta añadir otra: quién va a responder cuando ese poder cause daño.

Primero cae Ruffo. La FGR habla de contrabando, delincuencia organizada, empresas, combustible, una red compleja. Perfecto: que lo pruebe. Pero mientras el aparato penal entra con todo contra un opositor, en el expediente de Rubén Rocha la autoridad camina de puntitas, como si cada indicio necesitara permiso político para ser investigado. Ahí está el verdadero problema. La justicia selectiva no consiste en inventar siempre un delito; muchas veces basta con decidir a quién sí se le rastrean cuentas, teléfonos, socios y operaciones, y a quién se le regala el beneficio eterno de la duda. La ley puede ser la misma en el papel y profundamente desigual en manos de la Fiscalía. Ruffo debe responder por sus actos. Rocha también debe ser investigado con la misma profundidad, sin blindajes ni reverencias. Cuando el Estado usa toda su fuerza contra el adversario y toda su prudencia frente al aliado, el proceso penal deja de ser justicia y empieza a parecerse demasiado a una operación de poder.

México envió cartas por la muerte de connacionales bajo custodia migratoria. Estados Unidos las devolvió diciendo: ningún gobierno extranjero puede dirigir al ICE dentro de nuestro territorio. La regla existe. Una embajada no puede suspender operativos, ordenar liberaciones ni imponer protocolos como si tuviera jurisdicción en California. Pero ahí está la trampa jurídica. Una carta de “cese y desista”, dirigida incluso a una empresa privada que administra un centro migratorio, no es una sentencia ni una orden extranjera. Es un requerimiento previo a juicio: pone al destinatario sobre aviso, exige conservar videos y expedientes, denuncia posibles negligencias y prepara una demanda conforme a la ley estadounidense. Washington devolvió el sobre, pero no resolvió una sola muerte. La soberanía sirve para impedir que México mande en Estados Unidos; no para inmunizar al ICE, encubrir a sus contratistas ni borrar pruebas. Una cosa es rechazar una intromisión. Otra, mucho más grave, es usar esa palabra para evitar que alguien responda por los muertos.

Un juez te vincula a proceso y te obliga a presentarte cada semana. Promueves amparo porque la medida es excesiva y puede destruir tu trabajo. La @SCJN acaba de decirte algo brutal: puedes impugnarla, incluso demostrar que es inconstitucional, pero mientras llega la sentencia tendrás que seguir cumpliéndola. Ahí está el problema. La justicia puede darte la razón cuando ya perdiste clientes, empleo, movilidad o años de vida familiar. No estás condenado, pero soportas la restricción como si el error judicial fuera un costo que te corresponde pagar a ti. La Corte pudo exigir una revisión excepcional para daños graves. Prefirió una prohibición absoluta. El amparo seguirá abierto, sí, pero sin poder detener el golpe. Y una sentencia que llega después de que te arruinaron no repara: apenas certifica que nunca debieron hacerlo. fiscalia.com/publicaciones/…