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En los últimos días se ha intentado instalar la narrativa falsa de que existe una “obligación” de publicar en el Diario de Centroamérica el acuerdo de nombramiento del Fiscal General. Esa afirmación no tiene sustento constitucional, legal ni histórico, y además es internamente contradictoria. ¿Por qué razón? Veamos las siguientes premisas:
Premisa 1.
La Constitución Política y la Ley Orgánica del Ministerio Público no exigen la publicación en el diario oficial para la validez del nombramiento. La Corte de Constitucionalidad, en el expediente 461-2014, estableció que se trata de un acuerdo gubernativo de carácter administrativo, no de una disposición general u obligatoria que requiera publicación para surtir efectos. Su eficacia jurídica se produce desde su emisión y notificación.
Premisa 2.
La práctica institucional confirma que no es un requisito. La mayoría de los nombramientos de fiscales generales desde 1994 no se han publicado en el Diario de Centroamérica. Las pocas excepciones respondieron a una renuncia y una destitución anticipada (con excepción de una sola publicación del acuerdo, para un período constitucional), situaciones que motivaron decisiones administrativas particulares, no una regla general. Gobiernos con distintas posturas políticas han procedido de la misma manera durante más de tres décadas.
Premisa 3.
Quienes hoy afirman que la publicación es “obligatoria” sostienen, al mismo tiempo, que el Presidente “perdió una oportunidad para estandarizar” la práctica. Si algo debe estandarizarse, es porque no es obligatorio. Esa contradicción desmonta la narrativa desde su origen.
Conclusión lógica.
Si se aceptara el criterio de quienes aseguran que la publicación es obligatoria, entonces habría que sostener que:
• Todo lo actuado por Consuelo Porras en su segundo mandato —nombramiento no publicado— sería posiblemente nulo o ilegal.
• Lo mismo aplicaría para todos los fiscales generales anteriores cuyos nombramientos tampoco fueron publicados.
• Y todos los presidentes constitucionales desde 1994 habrían incurrido posiblemente en una omisión, salvo el único que decidió publicar.
Esa conclusión es absurda y contradice la historia institucional del país.
La ley no exige lo que algunos pretenden presentar hoy como “obligación”. La defensa de la institucionalidad se hace con rigor jurídico, no con desinformación.
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