Nicolas Guevara Fandiño

@CorreAlexandra, quisiera preguntarle con toda seriedad: ¿esto está confirmado? ¿Es cierto que el cardenal Luis José Rueda Aparicio solicitó la nulidad de la Sentencia SU-184 de 2025 de la @CConstitucional? Lo pregunto con dolor, no con ligereza. Soy católico, servidor de la Iglesia y tengo una fe clara. Precisamente por eso creo que el principio de todo debe ser la verdad. Cristo no nos enseñó a proteger instituciones por encima de las víctimas; nos enseñó que la verdad libera, que los pequeños tienen un lugar privilegiado en el Reino y que el escándalo contra ellos tiene una gravedad espiritual inmensa. La SU-184 de 2025, según lo dicho por la Corte, protege el derecho de petición y el derecho de acceso a la información de periodistas que investigan presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro de instituciones religiosas. Es decir, no estamos hablando de un ataque a la fe, sino de un estándar constitucional de verdad, transparencia, protección de la niñez y control público frente a hechos gravísimos. Por eso, si es cierto que se está promoviendo la nulidad de esa sentencia, me entristece profundamente. No lo veo como avance; lo veo como retroceso. Y de confirmarse, podría convertirse en uno de los actos más revictimizantes en este debate: intentar cerrar una puerta que la justicia constitucional abrió para que la verdad no siguiera sepultada. La Iglesia que amo no debería temerle a la verdad. Debería ser la primera en pedirla, custodiarla y ponerla al servicio de las víctimas. Porque defender la Iglesia no puede significar proteger silencios; debe significar purificarla desde la justicia, la transparencia y el reconocimiento del dolor causado. Ojalá esto se confirme o se aclare con fuentes verificables. Pero si es verdad, como católico me duele, me enluta y me carcome. Porque cuando la niñez ha sido vulnerada, no hay reputación institucional que pueda estar por encima de la verdad.

El cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de la @arquidiocesisbo y amigo de los directores de los grandes medios de comunicación, también solicitó la nulidad de la Sentencia SU 184 de 2025. Este señor señor protege a cientos de curas pederastas y posa de defensor de DDHH.

@CathyJuvinao, representante, totalmente de acuerdo: ni una sola mujer periodista debería sufrir violencias, acoso, silenciamiento o presiones por ejercer su profesión. Lo que expone este informe es doloroso, necesario y profundamente grave. El país tiene que conocer esos testimonios y tomar medidas reales, no solo expresar solidaridad. Pero también quisiera invitarla, con todo respeto, a mirar otro caso concreto que he venido denunciando públicamente y que también revela cómo el silencio institucional puede destruir vidas. Un caso de niñez donde, a mi juicio, se han acumulado decisiones gravísimas del @ICBFColombia, falta de escucha real con garantías, desconocimiento de vínculos de familias de crianza, actuaciones de más de 10 entidades y posibles retornos de niños a un entorno previamente denunciado. Así como duele saber que durante años muchas mujeres hablaron y nadie hizo nada, también debería estremecer al país cuando un niño denuncia, pide ser escuchado, expresa miedo o reclama permanecer con su entorno protector, y aun así el sistema responde con formalismos, remisiones, silencios o decisiones tardías. La violencia no siempre se ve como golpe directo. A veces se expresa en omisión, en trámite frío, en no escuchar, en devolver a una persona vulnerable al lugar del que pidió protección, o en dejar que el paso del tiempo agrave lo que debía corregirse con urgencia. Y si un caso así ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. Representante, usted ha sido una voz fuerte frente a la corrupción, los abusos y los silencios institucionales. Por eso la invito a mirar este caso, atar hilos y revisar cómo una historia concreta puede revelar una falla estructural en la protección de la niñez, las familias de crianza y el derecho de los niños a ser escuchados. Porque el silencio nunca protegió a nadie. Ni a las mujeres periodistas. Ni a los niños que denuncian. Ni a las víctimas que esperan que el Estado, por fin, actúe.

Qué trabajo tan impresionante. Y tan doloroso. Todo el país debe conocer estos testimonios. Las mujeres periodistas tienen derecho a ejercer su profesión libre de violencias. Mi abrazo y apoyo a todas ❤️‍🩹

@EspinosaRadio, totalmente de acuerdo. Yo tampoco entiendo esa narrativa de que la solución para Colombia sea una Constituyente, como si la Constitución del 91 fuera un papel débil, vacío o inútil. Al contrario: quien se tome el trabajo de revisar el micrositio de la @CConstitucional encuentra un material inmenso, robusto y pedagógico sobre cómo se han desarrollado, protegido y fortalecido los derechos en Colombia. Además, la Corte realiza espacios como los Diálogos Constitucionales, donde se discuten estos temas de manera abierta, técnica y pedagógica, con participación presencial y virtual. Es decir, herramientas existen. Jurisprudencia existe. Precedentes existen. Lo que falta muchas veces no es una nueva Constitución, sino estudiar, divulgar, cumplir y hacer pedagogía seria sobre la que ya tenemos. Por eso me parece tan riesgoso vender la Constituyente como si fuera un “botón de reset”. ¿Para qué reiniciar un edificio constitucional que se ha venido fortaleciendo durante décadas por la jurisprudencia, el control judicial y el desarrollo de derechos? ¿Cuál es la lógica de abrir una puerta tan amplia a intereses políticos, económicos o ideológicos cuando el problema real es que el Estado no cumple lo que ya está escrito? El Gobierno Nacional debería dar explicaciones por otros asuntos mucho más urgentes. Yo llevo tiempo denunciando un caso concreto de niñez donde el @ICBFColombia, en mi criterio, adoptó decisiones gravísimas: falta de escucha real con garantías, desconocimiento de vínculos de familias de crianza, omisiones institucionales, más de 10 entidades involucradas y, lo más grave, niños devueltos a un entorno previamente denunciado, con posible riesgo para su vida, su integridad y el ejercicio real de sus derechos. Ahí sí está el verdadero problema constitucional. No en cambiar la Carta Política, sino en explicar por qué el artículo 44, que reconoce la prevalencia de los derechos de los niños, no se cumple materialmente cuando un caso concreto exige protección inmediata. Y si además ese caso ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede operar como una barrera que eternice posibles vulneraciones mientras los niños siguen expuestos al riesgo. Antes que obsesionarse con una Constituyente sin razón lógica suficiente, el Gobierno debería responder por las fallas del Estado que ya están ocurriendo bajo la Constitución vigente. Porque Colombia no necesita menos Constitución: necesita instituciones que la cumplan.

Pa que vayamos entendiendo cuál es la narrativa que están montando con la constituyente que promueve el gobierno. ¿Wouriyú habrá leído las decisiones de la @CConstitucional o se trata solamente de descalificar con intenciones perversas todo lo que no le gusta al gobierno?

@deluque, senador, muy importante su advertencia. Proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales es una prioridad, pero hacerlo mediante un decreto que pretende regular derechos fundamentales puede abrir un riesgo gravísimo para la privacidad, la libertad de expresión y el desarrollo digital del país. La protección de la niñez no puede convertirse en excusa para crear herramientas normativas ambiguas, excesivas o susceptibles de afectar derechos fundamentales. Cuando se trata de niños, el Estado debe actuar con máxima responsabilidad, pero también con técnica jurídica, control democrático y respeto estricto por la Constitución. Y justamente por eso quisiera llamar la atención sobre un caso concreto de niñez que he venido denunciando públicamente y que también requiere revisión seria. Un caso que compromete actuaciones del @ICBFColombia, posibles fallas en procesos de restablecimiento de derechos, desconocimiento de familias de crianza, falta de escucha real con garantías y decisiones que habrían terminado devolviendo niños a un entorno previamente denunciado. Es decir: mientras el Estado discute cómo proteger a los niños en entornos digitales, también debe responder por los niños que ya están bajo su protección en entornos físicos, familiares e institucionales. Porque de nada sirve hablar de protección digital si, en la realidad concreta, el sistema puede fallar al escuchar, proteger y actuar a tiempo. El caso que he venido exponiendo parece abrir una caja de Pandora: más de 10 entidades involucradas entre rama ejecutiva, administración pública, Ministerio Público y rama judicial; decisiones tardías; silencios institucionales; formalismos; y una preocupación gravísima sobre derechos humanos de los niños. Y si ese caso ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera indefinida. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. Ojalá desde el Senado se revise tanto el riesgo del decreto del MinTIC como los casos concretos donde la protección de la niñez ya está fallando. Porque la niñez no se protege solo con normas: se protege con decisiones correctas, oportunas y constitucionalmente responsables.

🧒🏽🤳🏽| Proteger a niños y adolescentes en entornos digitales es una prioridad. Pero el proyecto de decreto presentado por el MinTIC, tal como está planteado, tiene problemas serios. Pretende regular derechos fundamentales por decreto y abre riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y el desarrollo digital del país. #CambiandoElChip 🇨🇴

@boteroitaly, doctor Botero, su comunicación a la @CIDH es muy pertinente, especialmente porque Colombia tiene una historia de violencia política que obliga a leer cualquier escenario electoral con máxima prudencia, estándar reforzado de prevención y responsabilidad estatal. Aprovecho su enfoque para llamar la atención sobre otro frente que también puede escalar al Sistema Interamericano: un caso concreto de niñez que he venido denunciando públicamente y que compromete a más de 10 entidades del orden ejecutivo, administrativo, judicial y del Ministerio Público. En ese caso, el @ICBFColombia ha tenido, en mi criterio, un manejo gravísimo: decisiones que habrían ignorado la escucha real y con garantías de los niños, desconocido vínculos de familias de crianza, prolongado medidas lesivas y terminado con el retorno de menores a un entorno previamente denunciado, donde hoy podrían estar en riesgo su integridad y su vida. Y lo más delicado: el caso también está en órbita de la @CConstitucional. Pero la reserva judicial, que debería proteger el proceso y a los menores, no puede convertirse en una jaula procesal que eternice una vulneración. Si la Corte conoce un caso grave de niñez y, bajo la reserva, el asunto queda atrapado mientras los niños siguen expuestos a un entorno denunciado, el problema deja de ser meramente interno y adquiere una dimensión constitucional e interamericana. Sé que hablar de esto ha sido abrir una caja de Pandora: cada nuevo hilo, cada respuesta institucional y cada hecho sobreviniente parece revelar un número mayor de omisiones, contradicciones y alertas que, a mi juicio, configuran una preocupación gravísima en materia de derechos humanos de los niños. No se trata ya solo de un caso particular, sino de una posible muestra de cómo el sistema puede fallar cuando más obligado está a proteger. La Constitución colombiana, en su artículo 44, reconoce la prevalencia de los derechos de los niños. Esa prevalencia no puede quedar subordinada al formalismo, al silencio institucional o a tiempos judiciales incompatibles con la urgencia de proteger una vida. Así como usted advierte riesgos en el contexto electoral, también es necesario advertir riesgos en el sistema de protección de niñez. Porque cuando el Estado que debía proteger termina agravando el daño, y cuando los mecanismos internos no responden a tiempo, la @CIDH y eventualmente la @CorteIDH deben conocer esos elementos. Ojalá pueda revisar el caso concreto del que vengo hablando, atar hilos y observar cómo una sola historia puede revelar un océano de fallas institucionales: @ICBFColombia, entidades de control, omisiones administrativas, decisiones judiciales tardías y niños atrapados entre la reserva, el formalismo y el riesgo. Colombia no puede esperar a una tragedia para admitir que fue advertida.

📄 COMUNICACIÓN DE ALERTA – RIESGO EN PROCESO ELECTORAL (COLOMBIA) Asunto: Comunicación de información relevante – Riesgos para el ejercicio de derechos políticos en el contexto electoral en Colombia Destinatario: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Secretaría Ejecutiva I. PRESENTACIÓN Quien suscribe, en calidad de abogado con experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, se dirige respetuosamente a esa Honorable Comisión con el propósito de poner en su conocimiento información relevante relativa a posibles factores de riesgo que podrían afectar el ejercicio de derechos políticos y las condiciones de seguridad en el actual contexto electoral en Colombia. La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y preventivo, y no constituye una petición formal ni una solicitud de medidas cautelares en esta etapa. II. CONTEXTO GENERAL Colombia es un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se encuentra obligado a garantizar, entre otros: **el derecho a la vida (art. 4), **la integridad personal (art. 5), **y los derechos políticos (art. 23). En el marco de estos compromisos, el Estado debe asegurar que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de libertad, seguridad y ausencia de intimidación. Debe destacarse que Colombia presenta antecedentes históricos de violencia política, lo cual exige un estándar reforzado de diligencia estatal. III. HECHOS RELEVANTES 1. En fechas recientes, se han registrado una serie de elementos que, considerados en conjunto, podrían ser indicativos de un incremento del riesgo en el contexto electoral, entre los cuales se destacan: 1. Declaraciones públicas de altos funcionarios del Estado, incluyendo manifestaciones provenientes del Ministro del Interior, que han generado controversia por su tono y contenido en el marco de la competencia política. 2. Participación activa de autoridades del Ejecutivo en el debate político-electoral, lo cual, sin constituir per se una violación, requiere especial cuidado para preservar la neutralidad institucional. 3. Contexto general de tensión política, en el que distintos actores han denunciado un aumento de la confrontación discursiva. 4. Antecedentes y percepciones públicas de riesgo, propios de un país con historia de violencia política, que obligan a una lectura particularmente prudente de cualquier elemento que pueda incidir en la seguridad de los actores políticos. IV. VALORACIÓN Los elementos descritos no se presentan como hechos aislados, sino como factores que, en su conjunto, podrían incidir en la configuración de un entorno menos seguro para el ejercicio de derechos políticos. En particular, determinadas expresiones provenientes de autoridades con responsabilidad en materia de orden público podrían generar un efecto disuasivo o intimidatorio indirecto, especialmente cuando son interpretadas en el contexto histórico y social del país. En este sentido, el estándar interamericano exige no solo la abstención de conductas violatorias, sino también la adopción de medidas para prevenir situaciones que puedan derivar en riesgos para la vida, la integridad o la participación política. V. FINALIDAD DE LA COMUNICACIÓN A la luz de lo anterior, la presente comunicación tiene como finalidad: **poner en conocimiento de la Comisión estos elementos de contexto, **contribuir a una eventual evaluación preventiva de la situación, **y permitir, si así lo estima pertinente, la activación de mecanismos de seguimiento o monitoreo en el marco de sus competencias. VI. CONSIDERACIÓN FINAL La intención de esta presentación no es formular imputaciones individuales ni atribuir responsabilidades específicas, sino advertir sobre la posible configuración de condiciones que podrían afectar el desarrollo normal y seguro del proceso electoral, en línea con los estándares del sistema interamericano. Se reitera la disposición del suscrito para aportar información adicional en caso de ser requerida. Atentamente, Dr. Martín Eduardo Botero, PhD Abogado europeo – Derecho internacional de los derechos humanos [correo electrónico] [datos de contacto] Amen

@CastilloMarelen, totalmente de acuerdo: en el Día de la Libertad de Prensa resulta muy preocupante que un senador y candidato presidencial se refiera a medios y periodistas en esos términos. La prensa no existe para agradar al poder, sino para preguntar, contrastar, incomodar y exigir respuestas. Es cierto que todo actor político tiene derecho a defenderse, a controvertir narrativas y a responder críticas. Incluso es válido que el candidato prepare cuidadosamente sus intervenciones, lea sus discursos y cuide cada palabra; eso, en principio, habla de disciplina y responsabilidad comunicativa. Pero precisamente por eso resulta más grave cuando el lenguaje usado frente a la prensa termina estigmatizando a quienes cumplen una función democrática. Una cosa es controvertir una nota, una entrevista o una línea editorial. Otra muy distinta es construir una narrativa donde los periodistas aparecen como enemigos, perseguidores o actores deslegitimados por hacer preguntas incómodas. En Colombia hemos visto cómo el lenguaje contra la prensa puede convertirse en presión, autocensura o intimidación. Y hoy también preocupa otra práctica más silenciosa: entidades o funcionarios que eliminan publicaciones, las republican o las editan para ocultar comentarios críticos de periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes. Eso no fortalece la democracia. La debilita. Quisiera ver, en lugar de ataques contra nosotros los periodistas, que el Gobierno Nacional dé la cara por decisiones gravísimas del @ICBFColombia que han ignorado la escucha con garantías de niños, han desconocido vínculos de familias de crianza y han terminado devolviendo menores a entornos previamente denunciados, poniendo actualmente en riesgo su integridad y su vida. Lo digo también por el caso concreto del que llevo hablando públicamente: un caso de niñez que ha revelado posibles fallas profundas en el sistema de protección, más de 10 entidades involucradas, omisiones, silencios, formalismos y decisiones que merecen una revisión seria. Ojalá se aten hilos, porque un solo caso puede mostrar la dimensión real de un problema estructural. La libertad de prensa no es libertad para aplaudir al poder. Es libertad para vigilarlo. Y cuando el poder se incomoda con las preguntas, la respuesta no puede ser insultar, estigmatizar ni silenciar: debe ser responder con argumentos.

En el Día de la Libertad de Prensa, el senador @IvanCepedaCast decide atacar a los medios llamándolos " esquizofrénicos". ¿Ahora cuestionar al poder es “insultar”? La prensa no está para agradar… está para preguntar.

Gracias por esta pedagogía constitucional @femi_artesanal. Es muy necesaria, sobre todo en momentos donde muchos ciudadanos pueden tener confusiones sobre cómo funciona realmente el Estado colombiano. A veces existe el imaginario equivocado de que la República se “manda” desde la Presidencia, como si todo el poder público estuviera concentrado allí. Y no: Colombia no funciona así. Nuestra base es la Constitución, y desde ella se organiza la separación de poderes, los controles institucionales y las competencias propias de cada rama. La Presidencia gobierna dentro de sus límites constitucionales. El Congreso legisla y ejerce control político. La Rama Judicial administra justicia. Las altas cortes cumplen funciones esenciales de cierre, interpretación y control. Y en el nivel territorial, alcaldes y gobernadores también tienen competencias propias dentro del marco constitucional. Por eso su explicación es tan valiosa: recuerda que la ciudadanía sí puede y debe ejercer control político, pero eso no significa que el Ejecutivo pueda invadir competencias del Legislativo o de la Rama Judicial. La separación de poderes no es una formalidad: es una garantía para que ninguna autoridad se crea superior a la Constitución. Aunque yo he estado concentrado especialmente en la defensa del interés superior del menor, a partir de un caso concreto que parece abrir una verdadera caja de Pandora sobre el @ICBFColombia, sus decisiones, los procesos de restablecimiento de derechos y más de 10 entidades involucradas entre rama ejecutiva, administración pública, Ministerio Público y rama judicial, también me parece importante dejar una pequeña píldora: ojalá se revise con seriedad el cumplimiento real de la Ley 2388 de 2024, sobre familias de crianza. Porque muchos niños pueden quedar atrapados por formalismos aplicados sin enfoque constitucional, especialmente dentro de procesos de restablecimiento de derechos. Y en materia de niñez, la celeridad debe ser bandera de cualquier institución: ejecutiva, legislativa, administrativa o judicial. La Constitución está por encima de todo, y el artículo 44 no permite que la protección de los niños se vuelva una espera indefinida. No profundizo más porque no es el tema central de su publicación, pero sí quería dejar esa reflexión: cuando hablamos de separación de poderes, también hablamos de que cada autoridad debe cumplir su competencia con responsabilidad, oportunidad y respeto por la prevalencia de los derechos de la niñez. Estos son los mensajes que más deberíamos replicar en tiempos de confusión institucional. Pedagogía clara, sencilla y firme. Porque defender la democracia también es entender cómo funciona.

La ciudadanía SÍ hace control político al Congreso. El Presidente NO. Se llama separación de poderes. 1. El Congreso es autónomo. El Presidente no lo manda *Art. 113 CP*: Las ramas legislativa, ejecutiva y judicial son “autónomas e independientes”. El Presidente no verifica quórum ni fiscaliza asistencias. Eso es interno de cada Cámara. *2. ¿Quién sanciona a congresistas que no van? El Consejo de Estado, no Petro* *Ley 5/1992 Art. 270*: La inasistencia sin excusa da “pérdida de investidura”. La decreta el Consejo de Estado. Petro solo puede pedir las listas a los presidentes de Senado y Cámara para que lleguen al Consejo de Estado. *3. ¿Y entonces quién controla al Congreso? Nosotros* *Art. 40 CP*: Todo ciudadano puede “ejercer control político”. *Art. 103 CP*: Tenemos veedurías ciudadanas y revocatoria del mandato. *Art. 114 CP*: El Congreso controla al Gobierno, no al revés. Al Congreso lo controlamos nosotros con voto y exigiendo cuentas. Son empleados nuestros. Tan empleados como el Presidente. *4. ¿Qué SÍ puede hacer Petro?* *Art. 163 CP*: Mandar “mensaje de urgencia” para que un proyecto se tramite en 30 días por cámara. Ya lo hizo con salud y tributaria. *Mi posición es clara*: No aplaudo a congresistas que no trabajan. Claro que hay que hacerles control político. Ese control no le compete a @petrogustavo. Le compete a la ciudadanía y al Consejo de Estado. La separación de poderes no es opinión. Es la Constitución. Si el Ejecutivo fiscaliza al Legislativo, se rompe la democracia. Punto. #MarCandela #Educomunicación #InterculturalidadCritica #Feminismo #Artesanal #SeparaciónDePoderes #ControlCiudadano #ConstituciónColombiana #Democracia

@Pontifex_es, Santo Padre, sus palabras recuerdan algo esencial: la caridad no es solo dar algo al otro, sino reconocer en el otro la presencia viva de Cristo. En los más pobres, en los más frágiles, en los niños heridos, abandonados o no escuchados, también está esa carne de Cristo que el Evangelio nos pide ver, cuidar y servir. Por eso, cuando hablamos de niñez vulnerable, no hablamos de expedientes ni de trámites. Hablamos de hijos de Dios. Hablamos de niños que necesitan protección real, escucha con garantías, vínculos sanos, familia, fe, escuela, alimento, cuidado y amor concreto. En Colombia hay casos donde la niñez ha quedado atrapada entre decisiones administrativas, institucionalización prolongada, rupturas de vínculos de crianza, silencios institucionales y posibles retornos a entornos previamente denunciados. Allí la caridad no puede ser solo un gesto privado: también debe convertirse en exigencia de justicia. Porque ayudar a un niño, acompañarlo, defenderlo y procurar que no sea abandonado por el Estado también es una forma de servir a Cristo. Y cuando un sistema no escucha al niño, cuando no protege su entorno espiritual, afectivo y familiar, o cuando lo deja esperando mientras el daño crece, la omisión también hiere profundamente. Ojalá quienes tienen poder de decisión recuerden Mateo 25: “lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”. En cada niño vulnerado, silenciado o devuelto al dolor, Cristo vuelve a preguntar si fuimos capaces de reconocerlo. La caridad verdadera no mira de lejos. Se acerca, escucha, protege y actúa. Y cuando se trata de niños, actuar a tiempo también es una obra de misericordia.

Nuestra ayuda a los menos afortunados les permite experimentar el amor de Dios y les abre un camino para establecer una relación duradera con Él. Al mismo tiempo, nos permite entrar en contacto con la carne de Cristo, cuando tratamos de verlo y servirlo en nuestros hermanos y hermanas (Mt 25, 31-46). De este modo, nuestras obras de caridad se convierten en un encuentro recíproco con el Señor presente entre nosotros.

@SenadoGovCo, gracias por exaltar la libertad de prensa como garantía democrática. Pero justamente por eso es necesario mirar con seriedad las nuevas formas de censura digital que empiezan a aparecer en Colombia. Hoy no siempre se silencia al periodista con una agresión frontal. A veces se hace desde canales oficiales: se elimina una publicación, se republica o se edita para que desaparezcan comentarios críticos de periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes. Si a una entidad o funcionario le incomoda una denuncia, modifica el post y la trazabilidad pública queda debilitada. Eso no es una simple gestión de redes: puede ser censura encubierta. Los periodistas no acudimos al espacio público por capricho. Cuando un periodista, comunicador o ciudadano decide denunciar públicamente una posible falla estatal, muchas veces lo hace porque ya agotó caminos institucionales o porque tiene elementos suficientes para advertir un riesgo serio. Creer que toda denuncia es “ruido” es desconocer el papel democrático del periodismo. Por eso invito al Senado a revisar casos concretos que periodistas y ciudadanos hemos venido denunciando. En mi caso, he expuesto una situación de niñez donde hay decisiones preocupantes del @ICBFColombia, ruptura de vínculos de crianza, falta de escucha real con garantías, posibles retornos a entornos denunciados y actuaciones que podrían generar daños irreparables. Además, si un caso grave de niñez llega a la @CConstitucional y se eterniza bajo la reserva judicial, el país queda ante una contradicción dolorosa: se habla de celeridad y prevalencia del artículo 44, pero en la práctica los niños siguen esperando protección real. Ojalá el Senado impulse seguimiento serio a estos temas. Porque cuando un caso concreto escala hasta la @CIDH o la @CorteIDH, no queda mal solo una entidad: queda en evidencia toda la Nación. La libertad de prensa sirve precisamente para advertirlo antes de que sea demasiado tarde.

📰⚖️ #DíaDeLaLibertadDePrensa | Garantizar el ejercicio libre del periodismo es fundamental para la democracia. La libertad de prensa fortalece la transparencia, el acceso a la información y el control ciudadano. En el Senado reafirmamos el compromiso con este derecho esencial.

@valenciajc, señor Conjuez, lo que usted plantea tiene enorme relevancia. La defensa pública no puede seguir tratándose como un eslabón secundario del sistema de justicia, cuando en realidad es una garantía esencial para que el acceso a la justicia no sea solo una promesa constitucional. Tengo profundas reservas frente a ciertas actuaciones de la @DefensoriaCol en un caso concreto que he venido denunciando, especialmente por decisiones que, en mi criterio, no debieron reducirse a remitir por competencia cuando había niñez, posibles vulneraciones graves y una necesidad evidente de intervención material. Pero precisamente por eso considero que la entidad requiere orden, fortalecimiento y responsabilidad institucional. Si la Defensoría del Pueblo tiene un rol de garante, ese rol debe estar respaldado por una estructura robusta, seria y coherente. No tiene sentido que quienes, en la práctica, deben defender al ciudadano frente al poder público estén sometidos a vínculos precarios, OPS o condiciones laborales que debilitan su independencia, estabilidad y capacidad de actuación. La defensa pública necesita meritocracia real, remuneración digna, dedicación exclusiva y estándares altos de selección, permanencia y evaluación. Ahí el concepto de mérito debe brillar con luz propia, porque no estamos hablando de cualquier función: hablamos de personas que representan, muchas veces, la última posibilidad de defensa para quienes no tienen cómo enfrentar solos al Estado o al sistema judicial. Y en materia de niñez esto es todavía más delicado. Cuando hay niños involucrados, la defensa institucional no puede ser débil, tardía o meramente formal. Debe ser técnica, oportuna, humana y constitucionalmente consciente de que el artículo 44 exige prevalencia real, no solo discurso. Por eso, sí: urge formalizar, ordenar y dignificar la defensa pública. Pero también urge que esa misma Defensoría actúe con más contundencia cuando llegan casos concretos donde los derechos fundamentales no pueden esperar.

Es importante la formalización de los defensores públicos @DefensoriaCol son un eslabón fundamental del sistema de justicia @MinjusticiaCo, no deben ser contratados por OPS, deben vincularlos al servicio público a través de la meritocracia, su remuneración estar acorde a la de fiscales, jueces y magistrados. Una vez se vinculen al servicio público deben ser de dedicación exclusiva. El próximo gobierno no puede escatimar esfuerzos para lograrlo. @PalomaValenciaL

@France24_es, muy importante este enfoque. Si entre 2022 y 2025 la libertad de prensa sufrió su mayor retroceso en una década, entonces no basta con mirar las agresiones abiertas: también hay que observar las nuevas formas silenciosas de censura. En Colombia preocupa que algunas entidades públicas puedan estar eliminando publicaciones, republicándolas o editándolas cuando periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes formulan comentarios críticos sobre posibles fallas estatales. Eso no es una simple gestión digital. Puede borrar trazabilidad pública, ocultar denuncias legítimas, debilitar la rendición de cuentas y empujar a la autocensura. Porque si quien denuncia sabe que su comentario será invisibilizado, editado fuera de contexto o enterrado por una republicación, el mensaje institucional es claro: “puede hablar, pero haremos que nadie lo vea”. Y esto se vuelve mucho más grave cuando lo denunciado involucra niñez: decisiones del @ICBFColombia, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías, posibles retornos a entornos previamente denunciados y actuaciones administrativas o judiciales que pueden causar daños irreparables. La libertad de prensa no solo protege grandes investigaciones internacionales. También protege la denuncia pública de casos concretos donde el Estado pudo fallar y donde un periodista, comunicador o ciudadano intenta dejar constancia antes de que el daño sea irreversible. Y si un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. La autocensura nace cuando denunciar se vuelve inútil, peligroso o invisible. Por eso medios como @France24_es cumplen un papel esencial: mirar donde otros callan, preguntar donde otros archivan y ayudar a que las denuncias no desaparezcan en el silencio institucional.

📰🎤 En el #DíaMundialDeLaLibertadDePrensa, Naciones Unidas señaló que entre 2022 y 2025, la libertad de prensa experimentó el mayor declive en una década y apuntó a la autocensura así como al control de la inteligencia artificial como dos de los grandes obstáculos para el ejercicio de la información ➡️ f24.my/Btpz

@CatalinaSuarezB, totalmente de acuerdo: una Asamblea Nacional Constituyente no puede venderse como una solución mágica cuando el verdadero problema de Colombia no es la ausencia de Constitución, sino la falta de cumplimiento de la que ya tenemos. La Constitución del 91 no es el obstáculo. Al contrario: cuando uno revisa el trabajo de la @CConstitucional, especialmente en sus micrositios y líneas jurisprudenciales, encuentra una construcción enorme de precedentes que han fortalecido derechos, fijado límites al poder y desarrollado mandatos constitucionales con profundidad. A eso se suma también el papel del @consejodeestado y la @CorteSupremaJ en sus respectivas competencias. Por eso, antes de “oprimir el botón de reinicio”, Colombia debería hacer algo más serio: invertir en pedagogía constitucional articulada. Las altas cortes no pueden solas. La ciudadanía, la academia, los medios, el Congreso, las instituciones educativas y el propio Estado deberían ayudar a explicar lo que ya existe, lo que ya se ha protegido y lo que ya se ha ordenado cumplir. Una Constituyente abre una puerta demasiado grande a intereses particulares, políticos, económicos o ideológicos. Y cuando se abre esa puerta sin necesidad real, el riesgo no es reformar para proteger derechos: el riesgo es desmontar garantías bajo el discurso de que se está “devolviendo el poder al pueblo”. Más bien, el Gobierno Nacional debería dar la cara por los casos concretos donde el Estado ha fallado. Por ejemplo, en materia de niñez: decisiones del @ICBFColombia que han revictimizado, institucionalizaciones prolongadas, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías y posibles retornos a entornos previamente denunciados. Ahí está el verdadero examen constitucional. No en cambiar la Carta Política, sino en explicar por qué el artículo 44, que reconoce la prevalencia de los derechos de los niños, no se materializa cuando un niño concreto necesita protección real. Lo ocurrido en Argentina con el caso del niño Ángel debería ser una alerta regional. ¿Vamos a esperar a que una tragedia se repita en Colombia para que todos se escandalicen tarde? Si un niño es devuelto a un entorno denunciado y las entidades ya estaban advertidas, el daño no puede tratarse luego como sorpresa. Y si un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero si termina chocando con la celeridad reforzada que exige el artículo 44, entonces algo debe afinarse con urgencia. Colombia no necesita una Constituyente para recordar que los niños tienen derechos prevalentes. Necesita instituciones que cumplan la Constitución que ya existe.

Presidente @petrogustavo , déjeme darle una píldora para la memoria: 1998: Chávez llega prometiendo “devolverle el poder al pueblo”. 1999: referendo, Constituyente… y luego una Asamblea que se declaró plenipotenciaria, se puso por encima de las instituciones y rediseñó el Estado. Ya sabemos cómo es, empiezan hablando de derechos y justicia. Colombia debe tener memoria. Son de manual: Las Constituyentes las venden como solución, pero son el camino para quedarse en el poder y acabar la democracia . La Constitución del 91 no es el obstáculo. El obstáculo es no cumplirla. ¿Busca garantizar derechos o ya con Cepeda definir una dictadura? Como dicen en mi tierra: A otro perro con ese hueso.

@alvatin18, totalmente de acuerdo: el periodismo valiente no solo informa, también incomoda, revela y sostiene la democracia cuando el poder intenta acostumbrarse al silencio. Quienes ejercemos la comunicación, el periodismo o la denuncia pública sabemos que la presión no siempre llega de frente. A veces llega como amenaza, desprestigio o campaña de calumnia. Pero también llega de forma más silenciosa: cuando entidades públicas eliminan publicaciones, las republican o las editan para ocultar comentarios críticos de periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes. Eso no es una simple “gestión de redes”. Si se hace para borrar trazabilidad, invisibilizar denuncias o diluir críticas incómodas, estamos ante una forma grave de censura digital e institucional. Y esto se vuelve todavía más delicado cuando lo denunciado involucra niñez. En Colombia hay casos donde se han señalado decisiones del @ICBFColombia, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías, posibles retornos a entornos denunciados y actuaciones estatales que pueden causar daños irreparables. Cuando un periodista o ciudadano denuncia eso, no está atacando al Estado: está intentando que el Estado recuerde su deber constitucional. La niñez tiene prevalencia de derechos, y el silencio institucional puede convertirse en una forma de abandono. Y si un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede transformarse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración mientras niños concretos esperan protección real. Por eso, cuando callan a la prensa, nos callan a todos. Pero cuando callan una denuncia sobre un niño, pueden estar apagando la última alerta antes de un daño irreversible. El periodismo valiente no se arrodilla ante el poder. Lo mira de frente, pregunta, insiste y deja constancia. Ahí también se defiende la democracia.

Hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, saludo y felicito a los colegas periodistas que, pese a la brutal arremetida del autoritarismo bananero, conservan su brújula moral intacta y no canjean su pluma por una propina. Cada vez somos menos. Llevo casi 6 años ejerciendo el periodismo, con altibajos, amenazas de todo tipo, agresiones en redes y en la calle, campañas de calumnias, celos profesionales absurdos y despidos por presiones gubernamentales, pero con la firme convicción de confrontar los excesos del poder en defensa de nuestra democracia. Me enorgullece que mi postura independiente y la dureza de mi crítica inspiren a tantos buenos ecuatorianos que anhelan un país libre y próspero. Consagro mi vida a la verdad. Siempre, con periodismo valiente. 🇪🇨

@aleperaltam, totalmente de acuerdo: los ataques contra periodistas son ataques directos a la libertad de expresión, porque el periodismo no es solo un oficio; es una función democrática que permite que la sociedad conozca lo que el poder muchas veces preferiría mantener en silencio. Y hoy esa reflexión es urgente, porque la censura ya no siempre llega como una agresión abierta. A veces llega de forma más silenciosa: cuando entidades públicas, funcionarios, servidores públicos o incluso canales institucionales eliminan publicaciones, las republican o las editan para ocultar comentarios críticos de periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes. Eso no es una simple gestión de redes sociales. Si se hace para invisibilizar una denuncia, borrar trazabilidad pública o diluir una crítica incómoda, estamos ante una forma grave de censura digital e institucional. En Colombia esto preocupa aún más cuando lo denunciado involucra niñez: decisiones del @ICBFColombia, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías, posibles retornos a entornos denunciados y actuaciones administrativas o judiciales que pueden causar daños irreparables. Porque cuando un periodista o un ciudadano denuncia fallas estatales en casos de niñez, no está atacando instituciones: está ejerciendo un derecho y, muchas veces, intentando evitar que el daño se vuelva irreversible. Y si un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en otra forma de silencio. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. El caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina recuerda precisamente que la libertad de expresión tiene una dimensión esencial en el debate público y en el control del poder. Por eso, cuando el Estado reacciona ocultando, editando o diluyendo denuncias, lo que se afecta no es solo una opinión: se afecta el derecho de toda la sociedad a saber. La libertad de prensa no se defiende solo frente a agresiones físicas. También se defiende frente a maniobras digitales, silencios institucionales y prácticas que buscan que la denuncia desaparezca sin dejar rastro. Ahí también se juega la democracia.

“Los ataques a los periodistas son ataques a la Libertad de expresión, porque el periodista es la persona que decidió llevar la libertad de expresión de manera estable, continua y remunerada” (Caso Fontevecchia y D’Amico Vs Argentina)

@JuanitaGomezL, así es: el silencio nunca protegió a nadie. Al contrario, muchas veces el silencio es la primera estructura que permite que el daño continúe, se repita y luego se normalice. El dolor de no ser escuchado es tenaz. Y si eso lo vive un adulto, imagínese lo que puede significar para un niño que denuncia, que pide ayuda, que expresa miedo o que simplemente espera que el Estado lo escuche con garantías. Por eso también invito a revisar el caso concreto que he venido exponiendo públicamente: un caso de niñez donde hay denuncias, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, posibles retornos a entornos previamente denunciados y decisiones del @ICBFColombia que merecen investigación profunda. Porque cuando un niño habla y el sistema no escucha, el silencio deja de ser ausencia de sonido: se convierte en una forma de abandono institucional. Y si un caso así ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en otra forma de silencio. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. El silencio no era casual. Era un sistema. Y quizá por eso hay que investigar no solo lo que se dijo, sino también quiénes callaron, quiénes omitieron y quiénes dejaron solo al niño cuando más necesitaba ser escuchado.

“El silencio nunca protegió a nadie por eso hoy estamos hablando.” Informe completo en: yotecreocolega.com/informe  #YoTeCreoColega #MeTooColombia @MONYRODRIGUEZOF @cataboterotv @paulabolivar @C1Palomino

@sermeca, abogado Sergio, créame que lo que usted señala es grave, pero no le llega a los talones a lo que, en mi criterio, ocurrió con la Sala de Selección 11 de 2025 frente a casos de niñez. Cuando un expediente involucra niños, posibles vulneraciones graves, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, falta de escucha con garantías y decisiones del @ICBFColombia que pudieron agravar el daño, la Corte Constitucional no puede tratarlo como un trámite más. El desprestigio institucional no solo nace de posibles conflictos de interés visibles en grandes decisiones. También nace cuando una alta corte deja pasar casos donde la Constitución exige prevalencia, celeridad y protección reforzada. Y si un caso concreto de niñez queda atrapado bajo la reserva judicial, sin respuesta material oportuna, mientras los niños pueden seguir expuestos a entornos denunciados, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve predicar el artículo 44 si, cuando llega un caso real, la protección no se materializa? La @CConstitucional ha construido durante décadas una jurisprudencia admirable. Pero justamente por eso duele más cuando la práctica parece contradecir el estándar que ella misma ha fijado. Ojalá se investigue a fondo no solo lo mediático, sino también esas decisiones silenciosas que pueden dejar daños irreparables en niños concretos. Ahí también se juega el prestigio de la justicia constitucional.

No creo que hayamos presenciado semejante desprestigio de la @CConstitucional. El informe de @NoticiasUno sobre el magistrado Carlos Camargo de Asís, quien tiene grandes conflictos de interés, en el tema de los impuestos al patrimonio de las universidades y la apropiación de baldíos, me recuerda a los conflictos de interés de Néstor Humberto Martínez —impuesto por Luis Carlos Sarmiento Angulo— en la @FiscaliaCol. Estamos ante una captura de la Rama Judicial por las élites judiciales, patrocinadas por las élites empresariales y élites políticas.

@Lidiosenado, totalmente de acuerdo: la independencia de los poderes públicos no es un detalle formal, es una garantía esencial del Estado de Derecho. El Gobierno Nacional puede presentar mensajes de urgencia, promover proyectos, defender sus reformas y participar en el debate público. Pero no puede asumir funciones de verificación, control o fiscalización interna que corresponden al Congreso de la República. Cada rama tiene sus competencias y sus límites. Dicho en términos sencillos: cada institución debe cumplir su rol sin invadir el de la otra. La Rama Ejecutiva gobierna, la Rama Legislativa delibera y legisla, y la Rama Judicial administra justicia. Esa separación no puede alterarse ni siquiera por vía de presión política o de un trino presidencial. Si el presidente hizo una afirmación que desconoce esa autonomía o intenta trasladar al Ejecutivo una función que no le corresponde, lo responsable sería corregirla o aclararla públicamente. La democracia no se defiende debilitando la separación de poderes, sino respetándola incluso cuando el debate político es intenso.

He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas. El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara. El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional.

@ONU_es, totalmente cierto: toda libertad depende de la libertad de prensa. Sin ella, los derechos humanos quedan sin testigos, las víctimas sin voz y los Estados sin control ciudadano efectivo. Pero hoy también debemos mirar formas más silenciosas de censura. En Colombia preocupa que algunas entidades públicas puedan estar eliminando publicaciones, republicándolas o editándolas cuando periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes formulan comentarios críticos sobre posibles fallas estatales. Eso no es una simple gestión de redes sociales. Puede borrar trazabilidad pública, ocultar denuncias legítimas, debilitar la rendición de cuentas y afectar el derecho de la sociedad a saber qué ocurre. Esto se vuelve especialmente grave cuando lo denunciado involucra niñez: decisiones del @ICBFColombia, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías, posibles retornos a entornos denunciados y actuaciones administrativas o judiciales que pueden causar daños irreparables. Y si un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera indefinida. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración cuando hay niños esperando protección real. La libertad de prensa también protege a quienes denuncian al Estado cuando el Estado debía proteger. Porque cuando una denuncia pública se borra, se diluye o se esconde, no solo pierde voz quien denuncia: puede perderse una alerta temprana sobre una vulneración que el Estado tenía el deber de prevenir. Ojalá @ONU_es, @UNHumanRights, @UNESCO, @CIDH y @CorteIDH observen estas nuevas formas de silenciamiento digital e institucional. Sin libertad de prensa no hay derechos humanos; y sin niñez protegida, tampoco hay paz ni futuro.

“Toda libertad depende de la libertad de prensa. Sin ella, no puede haber derechos humanos, desarrollo sostenible ni paz”. Ante los crecientes riesgos que enfrentan periodistas en todo el mundo, @antonioguterres pide reforzar la protección de sus derechos. un.org/es/observances… #DíaMundialDeLaLibertadDePrensa

@thaliafloresf, totalmente cierto: cuando callan a la prensa, nos callan a todos. Y cuando intentan invisibilizar una denuncia pública, no solo pierde quien denuncia: pierde la democracia. Hoy en Colombia hay una práctica que merece lupa internacional: entidades públicas que eliminan publicaciones, las republican o las editan cuando periodistas, comunicadores, ciudadanos o demandantes formulan comentarios críticos sobre posibles fallas estatales. Eso no es una simple gestión de redes. Puede ser una forma de censura digital: borra trazabilidad pública, oculta denuncias legítimas y debilita la rendición de cuentas. Y esto se vuelve más grave cuando lo denunciado involucra niñez: decisiones del @ICBFColombia, institucionalización prolongada, familias de crianza ignoradas, niños no escuchados con garantías, posibles retornos a entornos denunciados y actuaciones estatales que pueden causar daños irreparables. Si además un caso grave de niñez ya está en manos de la @CConstitucional, la reserva judicial no puede convertirse en una espera eterna. La reserva protege el proceso, sí, pero no puede eternizar una posible vulneración mientras los niños esperan protección real. El buen periodismo incomoda porque ilumina lo que el poder quisiera dejar en sombra. Y cuando una denuncia sobre un niño es borrada, diluida o escondida, puede apagarse la última alerta antes de un daño irreversible. Ojalá desde medios como ABC España y desde voces periodísticas regionales se mire también a Colombia. Porque aquí no solo se está jugando la libertad de prensa: también la capacidad de una sociedad para defender a sus niños cuando el Estado falla.

El buen periodismo te sirve a ti y es imprescindible para defender la democracia. Cuando lo atacan o lo callan, todos perdemos. #DíalDeLaLibertadDePrensa

@PorteParoleMEAE, la liberté de la presse est essentielle pour la démocratie, la justice et la protection des droits humains. Lorsqu’on attaque, intimide ou réduit au silence les journalistes, c’est le droit des citoyens à connaître la vérité qui est directement affaibli. Mais aujourd’hui, il faut aussi observer des formes plus discrètes de censure numérique et institutionnelle. En Colombie, une pratique inquiète : certaines entités publiques pourraient supprimer des publications, les republier ou les modifier lorsque des journalistes, communicants, citoyens ou requérants formulent des commentaires critiques sur d’éventuelles défaillances de l’État. Ce n’est pas un simple problème de gestion des réseaux sociaux. Cela peut effacer la traçabilité publique, affaiblir la reddition de comptes et rendre moins visibles des dénonciations légitimes concernant les droits humains. La situation est encore plus grave lorsque ces dénonciations concernent des enfants : décisions de l’@ICBFColombia, institutionnalisation prolongée, familles de cœur ignorées, enfants non entendus avec toutes les garanties, possibles retours dans des environnements déjà dénoncés, et décisions administratives ou judiciaires susceptibles de causer des dommages irréparables. Et si une affaire grave concernant des enfants est déjà devant la @CConstitucional, la réserve judiciaire ne peut pas devenir une attente indéfinie. La confidentialité peut protéger la procédure, oui, mais elle ne doit jamais prolonger une possible violation lorsque des enfants attendent une protection réelle. La liberté de la presse protège aussi celles et ceux qui dénoncent l’État lorsque l’État avait le devoir de protéger. C’est pourquoi il serait important que @francediplo, @franceonu, @UNESCO, @UNHumanRights, @CIDH et @CorteIDH observent avec rigueur ces nouvelles formes de silence numérique et institutionnel. Car lorsqu’une dénonciation publique est effacée, diluée ou cachée, ce n’est pas seulement une voix qui disparaît : c’est peut-être une alerte précoce sur une violation que l’État avait l’obligation de prévenir.

Journée mondiale de la liberté de la Presse