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Esta mañana recibí una llamada de un abogado en Washington D.C., quien me advirtió sobre una carta enviada por congresistas colombianos al Secretario de Estado de EE. UU., en la que solicitan mi deportación, así como la de otras personas. Llegué a este país de forma legal y así he permanecido. He respetado la ley, he cumplido con las autoridades, he pagado impuestos y he ejercido mi derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Nunca he interferido en la política de los Estados Unidos. Mis opiniones han estado siempre enfocadas en los temas que afectan la dignidad, la justicia y los derechos humanos en mi país Colombia. No he apoyado a ningún grupo armado ni terrorista. Soy víctima de la guerra y de la impunidad en Colombia, y me acogí a un derecho universal como lo es el asilo. No he cometido ningún delito. Pensar diferente no es un crimen. No cederé frente a un chantaje político e intento de amedrentamiento. No borraré ningún video, trino, pensamiento o comunicado. Asumiré las consecuencias de ello.







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