Olga Lucía López Morales
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@OlgaLLopezM
Directora de @CatastroBogota
#Atención La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, que contempla la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá entre las calles 191 y 245. La decisión se tomó tras un proceso de evaluación técnica realizado de manera autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente, lo que habilita a la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. a iniciar las obras.
Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación. Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses.
En relación con el pico y placa anunciado por Bogotá (@Bogota) para vehículos matriculados por fuera de la ciudad, debemos reiterar que no compartimos este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta, no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en materia de integración territorial. La segregación sería el principio sobre el cual se moverían las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca para abordar hechos metropolitanos a futuro como los servicios ambientales, la seguridad alimentaria o la logística especializada; eso no le conviene a nadie. El impuesto de vehículos es una renta cedida por la Nación a los entes territoriales, cuyo objetivo es garantizar la libre movilidad de estos por el país. Usar el recaudo de este impuesto como pretexto para restringir la movilidad va en contra de la esencia del tributo, que es garantizar —repito— la libre circulación por el territorio nacional. No es coherente utilizar una motivación tributaria para imponer una medida de restricción de la movilidad. Es bienvenida la discusión sobre el tributo, la hemos propuesto desde que Bogotá anunció la medida, ideal hubiera sido sin el condicionamiento de una prohibición a la movilidad. En aras de la discusión y con la intención de aportar recursos a la ciudad, hemos propuesto utilizar un porcentaje de los recursos que Bogotá y Cundinamarca transfieren a la Región Metropolitana para el mejoramiento y mantenimiento de la semaforización en Bogotá. También, avanzar, mediante una reforma legislativa, para que entre Bogotá y Cundinamarca se transfiera el 20% o más del impuesto que paga el contribuyente matriculado en un lugar diferente a su domicilio. El símil utilizado del pago de la administración en el conjunto en el que se vive y no en otro, es aplicable solo si ese copropietario no saliera nunca de su apartamento o casa a proveerse de bienes y servicios que provienen de su entorno, el cual, para poder generarlos, también necesita inversiones que los garanticen. Es como ponerle un impuesto al plomero que arregla el edificio, al administrador que no vive allí o a los cuidadores de niños del conjunto: no van por gusto, van porque hay una necesidad que suplir. En la región, muchos bogotanos trabajan, estudian, emprenden y comercializan; ¿en qué se diferencia su situación de lo que hacen los cundinamarqueses en Bogotá? ¿Cómo impacta la restricción planteada para los sábados al comercio y al turismo en la ciudad? ¿Los gremios han cuantificado este impacto? @FenalcoBogota @ANDI_Colombia ¿Cuántos empleos se perderían? ¿Estos impactos no serían mayores que lo que pretende recaudar el Distrito con esta medida? Un mayor aumento en el número de matrículas en Bogotá debería venir como efecto de incentivos positivos y no restrictivos, tales como la reducción de los costos de matrícula vehicular —hoy al doble del promedio del país—, el aumento en la calidad del servicio y la implementación de estrategias que garanticen eficiencia tributaria, como el cobro persuasivo para recuperar cartera. Desde 2023, más de 200 mil vehículos que se matricularon en Bogotá, hoy no pagan el impuesto pese a estar obligados a hacerlo. Si estas acciones se implementaran, Bogotá podría cumplir sus metas de recaudo sin necesidad de cerrar la puerta de la casa de todos.
