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Acaban de condenar al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay. Tenía 15 años. La pena: 84 meses. La máxima que permite la ley para un adolescente. Siete años por un magnicidio. Y no será cárcel, será “resocialización”. Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos. Si reclaman derechos, si exigen voz política, si quieren ser tratados como adultos en todo, también deben ser tratados como adultos cuando cometen delitos atroces. Derechos y deberes van juntos. La ley no puede infantilizarlos al momento de juzgarlos. Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica. El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias.