PRENSA Virtual
22.6K posts
[#Editorial] En #Ecuador, la corrupción es un privilegio de clase. En Ecuador existe una frase popular que resume décadas de desigualdad: “la justicia es solo para los de poncho”. La expresión no nació por casualidad. Habla de una sensación histórica según la cual el peso de la ley cae con mayor dureza sobre indígenas, campesinos, trabajadores y sectores populares, mientras los grupos económicamente poderosos suelen encontrar caminos más rápidos, más flexibles o simplemente más indulgentes frente a las instituciones. La reciente polémica alrededor del título universitario obtenido por #lavini Valbonesi volvió a encender este debate nacional. Más allá de las responsabilidades legales que deban determinarse, el caso genera indignación porque millones de estudiantes ecuatorianos conocen de primera mano lo difícil que es graduarse: años de clases, materias, evaluaciones, tesis, trámites administrativos y largas esperas para obtener finalmente un título registrado. Por eso, cuando un proceso aparece rodeado de privilegios, rapidez extraordinaria y cuestionamientos académicos, la ciudadanía inevitablemente percibe que existen reglas distintas según el apellido, el dinero o el poder político. El problema de fondo no es solamente la posible irregularidad, sino la cultura social que tolera ciertas formas de corrupción cuando provienen de sectores privilegiados. En América Latina, y particularmente en Ecuador, todavía sobreviven imaginarios de clase y de “blanqueamiento social” que hacen que parte de la sociedad mire con mayor severidad al pobre que roba que al poderoso que utiliza influencias, conexiones o capital político para obtener beneficios de forma inescrupulosa e ilegal. La corrupción deja entonces de ser vista únicamente como un delito y se convierte en un privilegio de clase. Esto es aún más grave cuando el poder político entra en escena. Porque el problema no es únicamente quién obtiene ventajas, sino el mensaje que se refuerza a toda una sociedad: que el esfuerzo común puede ser reemplazado por cercanía al poder, relaciones sociales o posición económica. Mientras miles de jóvenes estudian durante años para conseguir una oportunidad, ciertos sectores parecen vivir en un país donde los trámites se aceleran, las instituciones se flexibilizan y las consecuencias rara vez llegan. Quizá por eso la indignación colectiva no nace solo de este caso puntual, sino de algo más profundo: la sensación de que en Ecuador todavía existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y, mientras la justicia y las instituciones no logren demostrar lo contrario con transparencia y coherencia, la vieja frase popular seguirá resonando con fuerza en las calles: “la justicia solo para los de poncho”. Y en este artículo de opinión no hemos mencionado que a Roberto #Luque, quien participó de forma directa en el proceso de contratación de #PROGEN (empresa cuestionada por contratos eléctricos fallidos), la Fiscalía, insólitamente, no lo vinculó al proceso.
