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En ese contexto, la amnistía no era solo una opción jurídica, sino una herramienta de protección. La sentencia no lo entiende así. No analiza la ley en su núcleo, aplica incorrectamente las exclusiones, ignora el principio de interpretación favorable, desvirtúa el carácter obligatorio de la amnistía y omite el enfoque propio de la justicia penal adolescente. Por eso, no estamos ante una simple diferencia de criterios, sino frente a una decisión jurídicamente inmotivada y, en consecuencia, arbitraria. Y cuando una decisión judicial es arbitraria, deja de ser solo un error: se convierte en una violación de derechos. Este caso debe ser revisado. No solo por lo que dice la ley, sino por lo que está en juego: la vida, la dignidad y el desarrollo de una adolescente frente al poder punitivo del Estado. Porque cuando la justicia falla en proteger, también puede convertirse en fuente de daño.

Pero hay un elemento aún más delicado: estamos ante una adolescente. Y esto no es un dato secundario, cambia completamente el estándar jurídico. En la justicia penal adolescente, el sistema no está diseñado para castigar, sino para proteger, educar y favorecer la reintegración. Cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y su proyecto de vida. Nada de esto aparece en la sentencia. No hay un análisis del daño que puede causar el proceso, ni una evaluación de alternativas menos lesivas, ni una verdadera ponderación del interés superior. Pero hay algo aún más grave que se omite: cuando un adolescente es señalado por delitos de alta complejidad como terrorismo, el análisis no puede limitarse a su conducta. Es imprescindible preguntarse si ha sido influenciado, instrumentalizado o utilizado por personas adultas. En estos contextos, el adolescente no solo puede ser responsable en términos jurídicos, sino también víctima de dinámicas de manipulación, captación o utilización por parte de terceros adultos. La sentencia no realiza este análisis. No examina el contexto, no identifica posibles relaciones de poder, ni valora si la adolescente pudo haber sido utilizada. Al omitir esta dimensión, reduce el caso a una lógica estrictamente punitiva y desconoce un elemento central del enfoque de protección. Cuando estas garantías no se aplican, el problema deja de ser solo procesal. La adolescente deja de ser vista únicamente como imputada y debe ser entendida también como víctima del propio sistema y, potencialmente, víctima de adultos que pudieron haberla involucrado en los hechos. En ese contexto, imputar delitos como terrorismo sin un análisis individualizado riguroso y sin considerar estas dinámicas no solo plantea dudas de legalidad, sino que puede constituir una forma de victimización institucional. Es decir, una situación en la que el sistema, en lugar de proteger, reproduce el daño. Ese daño —psicológico, social y en su desarrollo— es lo que la doctrina y los estándares internacionales identifican como una forma de trauma judicial.

El segundo problema está en cómo la sentencia usa las exclusiones de la ley. El tribunal sugiere que, por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse. Pero la ley no funciona así. No excluye delitos por su nombre, sino por su naturaleza. Solo quedan fuera categorías muy específicas, como las violaciones graves de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad. Esto es importante: no todo delito grave entra automáticamente en esas categorías. Para afirmar que una exclusión aplica, el tribunal debía explicarlo con claridad, demostrando por qué los hechos encajan en esos supuestos según estándares jurídicos. Eso no ocurre. La exclusión se da por sentada, sin explicación. A esto se suma otro problema: la sentencia ignora una regla básica de la propia ley. Si existe duda, debe decidirse en favor de los derechos humanos. Aquí sucede lo contrario, y además sin justificarlo. Finalmente, la decisión trata la amnistía como si fuera una opción del juez. Pero no lo es. La ley establece que, cuando se cumplen sus condiciones, la acción penal se extingue por efecto de la amnistía y el tribunal debe declarar el sobreseimiento. No se trata de una decisión basada en la voluntad del juez, sino del reconocimiento de una consecuencia jurídica prevista por la ley. En ese sentido, no es discrecional: es una obligación derivada del cumplimiento de los supuestos legales.

La Ley de Amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse. Además, la propia ley establece una regla sencilla: cuando exista duda, se debe decidir de la forma que más proteja los derechos humanos. Por eso, el tribunal tenía una tarea concreta y ordenada: primero, analizar si los hechos ocurrieron en el contexto que la ley cubre (especialmente situaciones vinculadas a procesos políticos y electorales); segundo, verificar si esos hechos encajan dentro de los casos que la ley permite amnistiar; y tercero, determinar si existe alguna razón legal que impida su aplicación. Ese análisis es básico. Sin embargo, la sentencia no lo realiza. No responde la pregunta más importante: ¿este caso está o no dentro de la ley de amnistía? Cuando una decisión omite ese punto central, no se trata de un detalle técnico. Es una falla estructural que afecta la validez de toda la decisión.

Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave. Negarle la amnistía sin explicar por qué es aún peor. No es solo un caso penal. Es una adolescente enfrentando el poder del Estado y una sentencia que no explica por qué le niega un derecho. El 16 de marzo de 2026 el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo se negó la amnistía en el caso de Samantha Hernández, adolescente de 16 años acusada por el delito de terrorismo. Me permito hacer algunas consideraciones: @cecodap @REDHNNA

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