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Camila Vallejo no enfrentó un simple “error administrativo”. Lo que existe es una omisión reiterada de información relevante en declaraciones obligatorias destinadas precisamente a resguardar la transparencia y prevenir conflictos de interés en la alta función pública.
La corrección realizada únicamente después de la exposición mediática y tras abandonar el cargo no transmite transparencia: transmite presión, reacción y daño ya consumado. En cualquier institucionalidad seria, la probidad no puede operar bajo la lógica de “declarar sólo cuando descubren la omisión”.
La Ley N° 20.880 no fue creada para decoración burocrática ni marketing ético; fue diseñada para impedir zonas grises, redes de protección y opacidad en el poder. Cuando una ministra incumple ese estándar básico, no se erosiona sólo su credibilidad personal: se deteriora la confianza completa en las instituciones y en el discurso moral con que durante años pretendieron dar lecciones de superioridad ética al país.
La probidad no admite militancias privilegiadas, apellidos protegidos ni blindajes ideológicos. La transparencia no puede ser voluntaria, selectiva ni reactiva. #ProbidadSelectiva
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