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Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley. El Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional. Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país. La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso. Las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley. No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia.

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