Myriam Bregman@myriambregman
OPERACIÓN FALSA.
El proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada que propone penalizar a quienes denunciaran “falsamente” por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual —y de género en general— con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en comisiones del Senado, no busca actuar sobre ningún vacío legal. Mienten.
Y esto no solo porque la falsa denuncia ya está tipificada en el Código Penal argentino, sino porque los datos muestran que el sistema judicial no está saturado de denuncias falsas, sino -por el contrario- que estas representan alrededor del 0,25% de las condenas penales y, en su mayoría, se vinculan a delitos económicos, no a violencia de género.
Además, el proyecto ignora el enorme subregistro que atraviesa a ese sistema judicial: hoy, a 10 años del primer Ni Una Menos, solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género y, en casos de violencia sexual, la cifra desciende hasta el 10% (según datos de ELA).
De fondo, la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas.
En ese marco, se reactivan figuras intencionalmente construidas, como la “mala víctima”, la “madre manipuladora” o el interés económico, junto con el uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una construcción sin respaldo científico que invierte la carga de la prueba, y campañas de desprestigio que presentan las denuncias como operaciones destinadas a dañar la imagen de los acusados.
Al mismo tiempo, se desconoce un punto central del funcionamiento del sistema penal: la falta de condena no equivale a falsedad de la denuncia. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias propias de delitos que ocurren en la intimidad y en contextos de desigualdad. El informe técnico de ELA, CELS, INECIP, Amnistía Internacional y Ni Una Menos advierte que esta reforma introduce un efecto concreto: desalentar la denuncia, al ampliar el riesgo penal sobre denunciantes, testigos y profesionales en un sistema ya atravesado por barreras estructurales.
El proyecto consolida un escenario de silenciamiento y se articula con el recorte de políticas de género y la negación de la violencia estructural, y produce un resultado previsible: menos denuncias y más impunidad.
Por eso, lo rechazamos de plano y apostamos a la fuerza organizada y a la lucha persistente del movimiento de mujeres.
